Fuente de la imagen, Daniel Arce-Lopez/BBC
«Ya me torturaron y me reprimieron, pero no me van a callar. Mi voz es lo único que me queda».
Así empieza su relato Juan, un joven de unos 20 años que asegura haber sido torturado física y psicológicamente por las fuerzas de seguridad venezolanas tras ser detenido en el marco de las elecciones presidenciales del 28 de julio.
Fue una de las 1.800 personas que, según la ONG Foro Penal, fueron detenidas en las protestas luego de que el Centro Nacional Electoral (CNE) anunciara -sin difundir las actas electorales- a Nicolás Maduro como el ganador de la contienda, un resultado que la oposición venezolana y numerosos países califican como un fraude electoral.
Las cifras de detenidos dadas por el gobierno han sido difusas. A principios de agosto, Maduro afirmó que ya había «2.229 terroristas capturados».
Juan fue excarcelado a mediados de noviembre, días después de que Maduro llamara a las autoridades judiciales a «rectificar» si hubo injusticias en las detenciones.
BBC Mundo habló con él vía videollamada. Por su propia seguridad, hemos decidido no publicar algunos detalles sobre su caso y modificado su nombre.
El joven afirma que muchos de los detenidos son maltratados, les dan «comida podrida» y a los más rebeldes los encierran en cuartos de tortura.
Mostró a BBC Mundo documentos y pruebas que corroboran su relato, que coincide con otros testimonios y con las denuncias de organizaciones no gubernamentales.
Juan, activista político opositor al gobierno, dice que la campaña electoral y los días previos a la elección estuvieron «marcados por la esperanza y mucha gente animada» a votar por un cambio.
Pero el anuncio del CNE poco después de la medianoche de aquel domingo hizo que lo que para muchos ya era un ambiente de celebración se transformara en confusión y rabia.
Miles de venezolanos salieron a las calles para protestar en contra de un resultado que consideraron como fraudulento. La oposición y organizaciones internacionales denunciaron una represión policial.
Aproximadamente 24 personas murieron en las protestas, según la ONG Provea.
Maduro y algunos de sus funcionarios han dicho que la oposición, la «extrema derecha» y grupos «terroristas» son los culpables de las muertes.
Foro Penal, una organización no gubernamental con sede en Venezuela, también tiene registro de 23 personas que fueron detenidas y luego desaparecieron.
«Nadie sabe dónde están en este momento y tenemos absoluta certeza de que fueron detenidos», le dice a BBC Mundo el abogado y activista venezolano Gonzalo Himiob, vicepresidente del Foro Penal.
El gobierno venezolano no ha respondido a las denuncias sobre las personas que han desaparecido tras las protestas.
«Hubo detenciones arbitrarias. Hay registro de personas que fueron detenidas por celebrar el resultado de la oposición que daba como ganador a Edmundo González o por publicar algo en las redes sociales», prosigue Himiob.
«También tenemos casos de personas que ni siquiera estaban protestando, pero que por alguna razón estaban cerca de una protesta y las metieron presas», añade.
Juan asegura formar parte de este último grupo.
«Un campo de concentración»
El joven, que es conocido en su localidad por su activismo político, cuenta que después de la elección el país amaneció bajo una alta vigilancia policial y militar.
Afirma que estaba en la calle haciendo una diligencia cuando un grupo de hombres encapuchados lo interceptaron, le taparon la cara y lo golpearon mientras le decían que era un terrorista.
«Me sembraron bombas molotov y gasolina, y luego me llevaron a un centro de detención», prosigue.
Señala que no es la primera vez que le pasa esto. En 2017, cuando decenas de miles de venezolanos salieron a las calles para protestar en contra del gobierno de Maduro, también lo «secuestraron».
Desde entonces, dice que las autoridades lo amenazan y lo acosan constantemente.
Pero esta vez, lo acusan de terrorismo, incitación al odio, entre otros crímenes.
Estuvo detenido en una prisión del interior de Venezuela por varias semanas hasta que lo trasladaron a Tocorón, una cárcel de alta seguridad ubicada a unos 140 kilómetros al suroeste de Caracas, conocida por haber sido una base de operaciones del Tren de Aragua, uno de los grupos criminales más temidos de América Latina.
Allí viviría lo que califica como la peor experiencia de su vida.
«Cuando llegamos a Tocorón, nos desnudaron, nos golpearon, nos insultaron, nos gritaban ‘terroristas’. Teníamos prohibido subir la cara y mirar a los custodios; teníamos que bajar la cara hacia el piso», relata Juan.
«Luego nos uniformaron y nos subieron a las celdas», prosigue.
A Juan le asignaron una pequeña celda de tres metros por tres metros, que tenía que compartir con otras cinco personas.
Allí había seis camas distribuidas en tres literas y un «cuadrito» sin privacidad en una esquina, en el que había un pozo séptico y «un tubo que servía como regadera». Ese era el baño.
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Describe las camas como «tumbas de cemento» con una colchoneta muy fina.
«Más que una cárcel, en Tocorón me sentí en un campo de concentración», asegura el joven.
«Me hizo pensar a lo que he visto en películas y escuchado de los campos de concentración y tortura de la dictadura de Augusto Pinochet en Chile».
El gobierno venezolano acusa de terrorismo, incitación al odio, asociación para delinquir, daños violentos a la propiedad pública y obstaculización a las vías públicas a la mayoría de los detenidos en las protestas.
El presidente Maduro los ha tildado de «criminales fascistas» y se ha jactado de haberlos enviado a cárceles de máxima seguridad.
«No fueron manifestaciones pacíficas, sino focos de personas delictivas armadas, actuando para crear un caos y buscar una intervención extranjera», explicó el fiscal Tarek William Saab hace unas semanas.
El ministro del Interior, Diosdado Cabello, añadió: “En esto no podemos continuar: aquí a cada perdón se sucede una nueva conspiración, y a cada conspiración, un nuevo perdón”.
El 11 de noviembre, Maduro hizo un llamado a los jueces del país a revisar los casos y «rectificar» si hubo errores en las detenciones poselectorales.
Cinco días después, la Fiscalía General de Venezuela anunció la excarcelación de 225 personas que fueron detenidas en el marco de las protestas.
De acuerdo con el Ministerio Público, la decisión fue el resultado de «exhaustivas investigaciones basadas en nuevos indicios y elementos probatorios recabados por los fiscales».
Juan forma parte del grupo que fue excarcelado.
Estima que, como él, muchas personas fueron excarceladas debido a que padecen alguna condición médica.
Un día a día «inhumano»
Juan describe el día a día de los presos en Tocorón como «monótono e inhumano».
«Nos torturaban física y psicológicamente. No nos dejaban dormir, siempre pasaban para pedir que nos levantáramos y nos alineáramos», explica.
«Nunca sabíamos qué hora era porque no había relojes. Comenzamos a preguntarles la hora a los visitantes y luego con los rayos del sol empezamos a calcular la hora a medida que la luz del sol subía por la pared», prosigue.
«Nos despertaban a eso de las 5 am para que nos alineáramos detrás de la celda. Los custodios nos pedían mostrar nuestros pases y números».
Añade que a eso de las 6 am les activaban el agua por seis minutos para que se bañaran.
«Seis minutos para seis personas y una sola regadera, con un agua muy fría. Si eras el último y no te daba tiempo de sacarte el jabón, te quedabas enjabonado el resto del día», relata.
Luego -añade- esperaban por el desayuno, que a veces llegaba a las 6 am y otras veces a las 12 pm.
«Aparte de esperar por las comidas, no había nada más que hacer. Sólo podíamos caminar adentro de la pequeña celda y contar historias. También hablábamos de política, pero en voz baja, porque si los custodios nos escuchaban nos castigaban».
Cuenta que otros presos pasaban parte del día contemplando la montaña y la calle a través de las pequeñas ventanas de las celdas.
Según él, la cena era tan impuntual como el desayuno.
«A veces podía llegar a las 9 pm y otros días a las 2 am».
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«Palizas rutinarias»
Juan dice que muchos de sus compañeros estaban deprimidos y a algunos se les quitaron las ganas de vivir: «Muchos actuaban como zombis. Sólo esperaban la comida, que además era de pésima calidad».
«Nos daban comida podrida. A veces servían pellejo de carne con arroz picado, el que se les da a las gallinas o a los perros. Otras veces nos daban sardinas que ya habían caducado».
El día que salió de la prisión, Juan recuerda que a todos los presos que iban a ser excarcelados les tomaron fotos frente a un plato con una buena comida balanceada: «Me imagino que lo hicieron para tener ‘pruebas’ de que nos trataron bien».
Pero asegura que pasó mucha hambre y que incluso todavía tiene hambre.
Según Juan, a algunos detenidos les daban palizas rutinarias o los hacían «caminar como ranas» con las manos en los tobillos
También describe «celdas de castigo», a donde mandan a aquellos que consideran como los más rebeldes, relata Juan, o a aquellos que se atreven a hablar de política o a pedir una llamada telefónica para comunicarse con sus familiares.
«Les llaman ‘los tigritos’ y las condiciones son verdaderamente inhumanas», asevera Gonzalo Himiob, abogado del Foro Penal.
Juan dice que estuvo en «el tigrito» de Tocorón y que recibía una comida cada dos días.
«Es una celda muy oscura y mide un metro por un metro. Pasé muchísima hambre. Me da hambre de sólo recordarlo. Lo que me mantenía con fuerzas era pensar en todas las injusticias que estaban pasando y que algún día iba a salir de allí», cuenta.
En Tocorón hay otra celda de tortura conocida como la «cama de Adolfo», relata Juan. Los presos dicen que se le llama así en homenaje a la primera persona que murió allí.
«Es un cuarto oscuro y sin mucho oxígeno del tamaño de una bóveda. Te meten ahí por unos minutos hasta que no puedas respirar y te desmayes o comiences a golpear la puerta con desesperación. A mí me metieron y duré poco más de cinco minutos. Pensé que me iba a morir», recuerda.
«Yo lo siento por mi mamá, mi familia y la gente que me quiere, que siempre me piden que me quede tranquilo, pero yo nunca dejaré de luchar por el futuro de Venezuela», prosigue, antes de agregar que el poco miedo que tenía lo perdió en la cárcel de Tocorón.
Denuncias de crímenes de lesa humanidad
El joven cuenta que en esta prisión los reclusos tienen 10 minutos para salir de la celda tres veces a la semana.
«Hay dos canchas y son 10 minutos en los que los presos juegan fútbol, voleibol o caminan. Pero a veces no da tiempo ni de tocar la pelota«, precisa.
«Muchos se quedan en sus celdas, porque es más lo que se tarda en salir en fila, bajar y subir, que lo que duramos abajo».
Juan denuncia que los derechos humanos no existen en esta cárcel.
«El gobierno trata mejor a otros presos, que de verdad son delincuentes, que a nosotros. Si visitas otra prisión venezolana, verás que los reclusos toman alcohol, fuman, tienen teléfonos y hasta Netflix».
Himiob, abogado y activista del Foro Penal, califica las condiciones de los detenidos en Tocorón como «deplorables» y afirma que se les están violando derechos fundamentales como el acceso a una defensa privada.
«A todos les imponen abogados defensores públicos. Inicialmente, no les permitían el contacto con sus familiares, pero incluso hoy en día ese contacto sucede de forma esporádica», explica.
«El gobierno sabe que si le permite el acceso a un abogado privado que no sea un funcionario público, este puede documentar todas las violaciones al debido proceso que están ocurriendo».
Fuente de la imagen, Daniel Arce-Lopez/BBC
Expertos de las Naciones Unidas (ONU) expusieron en octubre denuncias de graves violaciones de derechos humanos en el contexto de las elecciones presidenciales del 28 de julio y las protestas que ocurrieron los días posteriores.
Reportaron persecución política, uso excesivo de la fuerza, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales por parte de las fuerzas de seguridad del Estado y grupos civiles afines.
Actualmente, la Corte Penal Internacional (CPI) investiga al gobierno de Venezuela por posibles crímenes de lesa humanidad.
El gobierno venezolano dijo en un comunicado que esta investigación «responde a la intención de instrumentalizar los mecanismos de justicia penal internacional con fines políticos, todo ello sobre la base de una acusación por supuestos crímenes de lesa humanidad que nunca han ocurrido».
BBC Mundo solicitó una entrevista al Ministerio Público sobre las acusaciones de maltrato y tortura a los detenidos, pero hasta la fecha de publicación no había recibido respuesta.
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«Ya no le temo al gobierno»
Según Juan, muchos de los detenidos en Tocorón sólo piensan en una fecha: el 10 de enero de 2025.
Confían en que ese día serán liberados después de que se produzca una transición política, pues es cuando debería efectuarse el traspaso de poderes tras la elección presidencial del pasado 28 de julio.
Edmundo González, el líder opositor que se proclamó ganador de los comicios según los resultados de más del 80% de las actas electorales y que actualmente está exiliado en España, ha insistido en que regresará al país para tomar posesión de su cargo de presidente electo.
Por su parte, Maduro denunció que está en marcha una conspiración para derrocarlo y amenazó a quien se atreva a impulsar una transición.
«Lo va a pagar», precisó.
A tres semanas de las 225 excarcelaciones anunciadas por el gobierno, la ONG Foro Penal sólo ha logrado confirmar 165.
Juan admite que siente una extraña sensación de remordimiento, porque cientos de sus «compañeros aún están sufriendo» en prisión.
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El joven, que dice que nunca se ha planteado emigrar, sostiene que sueña con una Venezuela próspera.
«Quiero que todos podamos vivir bien y en armonía y en donde los jóvenes tengamos la oportunidad de ir a la universidad», señala.
«Amo a mi país profundamente. Aunque estemos pasando por la peor crisis y que tengamos cortes eléctricos casi a diario en el interior del país, los venezolanos seguimos siendo un pueblo alegre y positivo».
Juan indica que el 10 de enero planea estar nuevamente en la calle acompañando a Edmundo González, pese a las amenazas que recibió al ser excarcelado.
«Ya no le temo al gobierno de Venezuela. Ya me culpan de los peores delitos que se les pueden imputar a alguien, como terrorismo, pese a que soy un chamo que no ha hecho más que amar a nuestro país y ayudar a las personas que me rodean», señala.
Recientemente, la ONG Provea denunció la muerte del opositor político Edwin Santos, quien fue encontrado muerto el 25 de octubre de 2024, dos días después de que testigos vieran cómo un grupo de hombres encapuchados, presuntamente fuerzas de seguridad, lo detuvieron.
«No tengo miedo», repite Juan, antes de admitir que ha dejado escritos «por si me pasa algo».
La batalla de las 225 personas que fueron excarceladas este mes no acaba con su regreso a casa, advierten sus familiares.
Dicen que muchos arrastran secuelas psicológicas de lo que les pasó en prisión y ya no son los mismos.
El padre de otro joven excarcelado le contó a BBC Mundo que su hijo no ha parado de llorar desde que regresó a casa.
«Hemos tratado de darle tranquilidad. Lo noto consternado. Tiene pesadillas. Se despierta en la noche pensando que sigue detenido», relata.
«A mí me da temor hacerle preguntas inapropiadas. No sé si intentaron abusar de él. No he querido confrontarlo. Más bien estoy buscando ayuda de un psicólogo», prosigue.
El joven, como la mayoría de los excarcelados, tiene régimen de presentación cada 30 días en un tribunal de terrorismo de Caracas.
«¡Terrorismo!», exclama el padre del joven sorprendido por el peso de la palabra.
«No quiero que salga solo a ninguna parte. Él jugaba básquet e iba al gimnasio. Ya no quiero que salga a ninguna parte. Tengo un temor permanente de lo que vuelvan a buscar. Yo prefiero que esté lejos».
*Ilustraciones hechas por Daniel Arce-Lopez. Información adicional de la periodista Mirelis Morales.
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Fuente de TenemosNoticias.com: www.bbc.com
Publicado el: 2024-12-06 08:26:00
En la sección: BBC Mundo