«Vi cuerpos sin cabeza, cuerpos completamente desfigurados»: el fotógrafo que siguió durante 24 horas el operativo policial que dejó más de 120 muertos en Río de Janeiro

El gobernador Cláudio Castro calificó la operación de «éxito» y «un duro golpe al crimen».

Los movimientos de derechos humanos califican la operación de masacre y cuestionan su eficacia como política de seguridad, cuestionamientos con los que el fotógrafo coincide.

«Aquí en Brasil no existe la pena de muerte. Cualquier delincuente, independientemente de lo que haya hecho, debe ser arrestado y llevado ante un tribunal para que este determine su sentencia. Pero ayer aquí, en el Complexo do Alemão y el Complexo da Penha, se aplicó la pena de muerte», declaró.

«Quienes determinaron esta pena de muerte fueron los propios policías. Ellos decidieron quién moría y quién vivía», continuó el fotógrafo.

Nacido en Recife, se mudó a la favela Complexo do Alemão con su familia a los 10 años.

Comenzó a tomar fotos en 2008, a través del curso Memórias do PAC, ofrecido por el gobierno federal en la comunidad.

También trabajó como fotógrafo oficial del gobierno de Río de Janeiro entre 2011 y 2017. Itan es el fundador del proyecto Olhar Complexo, que ofrece clases de fotografía gratuitas a niños y jóvenes de la favela. Su trabajo se centra en retratar la realidad y la vida cotidiana de la favela.

«Mi mirada siempre se dirige hacia el lado positivo que existe en las favelas y la pluralidad y cultura que allí se encuentran. Pero, lamentablemente, sabemos que la realidad de la favela no es solo eso».

En cuanto supo que 2.500 policías participaban en el operativo, Itan, quien vive en Rocinha, decidió salir de casa e ir al lugar.

Al llegar, alrededor de las 10 de la mañana, encontró autos quemados, impactos de bala y residentes en pánico.

«Vi el tiroteo, vi los autos quemados, empecé a grabar. Los residentes también denunciaron mucha brutalidad policial».

En el Hospital Getúlio Vargas los cuerpos no dejaban de llegar. Hasta ese momento, la cifra oficial de muertos era de 64.

«Llegaron muchos cuerpos, incluyendo los de policías», afirma.

Según Bruno, a la prensa se le impidió el acceso al complejo Penha. «La policía disparó al aire y no nos dejaba pasar. Formaron una fila y dijeron: ‘La prensa no pasa por aquí'».

Habiendo crecido en la favela, pudo acceder al lugar. «Llegué a la comunidad, donde me quedé hasta el amanecer grabando».

Fue durante la noche cuando los residentes comenzaron la búsqueda de los desaparecidos, cuyo número no coincidía con el de fallecidos registrados hasta entonces.

En la madrugada, las propias familias iniciaron la búsqueda en la sierra de la Misericordia, que divide el Complexo da Penha del Complexo do Alemão.

Los residentes trasladaron al menos 55 cuerpos a la plaza São Lucas, en la Estrada José Rucas, una de las principales vías de la región.

«Las familias fueron por su cuenta a recuperar los cuerpos. Lograron llegar en motocicletas y autos; usaron sábanas para cubrirlos y traerlos aquí, a la plaza del Complexo da Penha», afirma.

«Inicialmente, llegaron unos 20 cuerpos. Y luego, ¡uf!, no paró. Llegaron 25, 30, 35, 40, 45… Son vidas, independientemente de lo que hayan hecho».

La Policía Civil de Río de Janeiro abrirá una investigación para esclarecer la remoción de los cadáveres del bosque por parte de los residentes, con el fin de determinar si hubo un presunto «fraude procesal», según el delegado Felipe Curi, secretario de la Policía Civil de Río de Janeiro.

Curi afirmó que los cuerpos expuestos en lugares públicos fueron manipulados.

«Tenemos imágenes de todos los cadáveres vestidos con ropa de camuflaje, chalecos antibalas y armas de guerra. Luego, varios aparecieron solo en ropa interior o en pantalones cortos, descalzos y sin nada. En otras palabras, ocurrió un milagro», dijo.

«Parece que entraron en un portal y se cambiaron de ropa. Tenemos imágenes de personas que sacaron los cuerpos del bosque y los colocaron en una calle pública, y desnudaron a estos criminales», afirmó el jefe de policía.

El fotógrafo también destaca la cantidad de cuerpos de personas que murieron apuñaladas.

«Esto no es normal. Probablemente sea la mayor operación en la historia de este país», dice Bruno, recordando la masacre de Carandiru, en la que 111 reclusos fueron asesinados para sofocar una rebelión en el Centro Penitenciario de São Paulo en 1992.

«[Los cuerpos] estaban decapitados, completamente desfigurados […] sin rostro, sin media cara, sin brazos, sin piernas», afirma.

«Y lo que realmente me impactó fue la cantidad de cuerpos con heridas de arma blanca; hay muchas fotos donde se ve que fue un arma, el efecto de un arma blanca, ¿entiendes?».

En su memoria, dice que el «olor a muerte» aún está presente. «Donde estoy ahora, ya no hay cuerpos, pero el olor permanece incluso en mi psique», declara.

«Me impactó profundamente la brutalidad. El dolor de las familias, las madres desmayándose, las mujeres embarazadas llorando, los padres indignados… Podría haber sido uno de ellos. Si no hubiera conocido la fotografía, de repente podría haber sido uno de ellos.»

Para él, la política de seguridad en las favelas sigue basándose en la violencia.

«Desafortunadamente, la política de seguridad pública siempre se basa en la fuerza bruta. Nunca en la acción social, la educación, la vivienda, la salud o la cultura, que es lo que la favela necesita para rescatar a estas personas».

Itan, quien ha documentado otros operativos, como el de Jacarezinho, que dejó 28 muertos en mayo de 2021, afirma que ninguno se compara con lo que presenció el 28 de octubre.

«Pensé que había presenciado en el peor operativo de mi vida. Nada se compara con lo que vi hoy aquí», declara.

Este miércoles, la Fiscalía Federal (FFP) solicitó al Instituto Médico Forense de Río de Janeiro (IML) que facilite, en un plazo de 48 horas, todos los datos de la autopsia de los cuerpos de las víctimas del operativo policial masivo realizado en Río de Janeiro.

El documento también exige que el gobierno del estado de Río de Janeiro demuestre que ha acatado las resoluciones del Supremo Tribunal Federal (STF) en el caso ADPF 635, una acción que cuestionó la letalidad de la policía de Río.

El ADPF (Alegato de Incumplimiento del Precepto Fundamental) obligó al gobierno de Río a presentar un plan con normas y parámetros para la actuación policial, el cual fue aceptado por la Corte Suprema en abril.

La Fiscalía Federal y la Defensoría del Pueblo de la Unión solicitaron al gobierno de Cláudio Castro que aclarara y demostrara el cumplimiento de los puntos previstos en el plan, tales como el uso de cámaras corporales por parte de los agentes; la presentación de una justificación formal para el operativo; y la presencia de ambulancias en las zonas afectadas.

Bruno Itan observa todo con cansancio y frustración. «Si la sociedad pensó que ganó, que triunfó, creo que todos vamos a perder».

«Desafortunadamente, la política de seguridad pública para las favelas siempre se ha basado en la amenaza de un rifle», lamenta.

«Les garantizo que cuando alguien muere en el narcotráfico, hay dos o tres más que volverán a caer en la trampa».

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