▷ CIDH evalúa impacto de convenios de restitución de menores en víctimas de violencia de género #11Mar

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En el marco del 192° Periodo de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), se llevó a cabo una audiencia para analizar la compleja intersección entre la Convención de La Haya sobre la Sustracción Internacional de Menores y la protección de mujeres víctimas de violencia de género.

Durante la sesión, diversas organizaciones de la sociedad civil y expertas legales presentaron argumentos sobre cómo la aplicación rígida de los mecanismos de restitución internacional podría estar afectando los derechos humanos de madres e hijos que huyen de entornos de abuso.

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Análisis de la «restitución forzosa» y el testimonio de las víctimas

La audiencia incluyó testimonios representativos de sobrevivientes que expusieron las dificultades enfrentadas tras trasladarse entre Estados de la región buscando seguridad. Según los relatos presentados, el sistema judicial suele dar prioridad a la restitución del menor bajo el marco del derecho internacional privado, incluso ante alegaciones de abuso físico y psicológico.

Se describieron procesos donde las pruebas de violencia doméstica fueron supeditadas a la obligatoriedad del retorno, lo que en diversos casos derivó en la separación prolongada de los menores de sus madres. Estos casos fueron utilizados por las peticionarias para cuestionar si la celeridad del retorno contemplada en los tratados actuales garantiza adecuadamente el bienestar del núcleo familiar en situaciones de conflicto extremo

Desafíos técnicos y la interpretación de los marcos legales

Las exposiciones técnicas señalaron una tensión normativa: mientras la Convención de La Haya busca proteger el derecho de visita y evitar el desplazamiento unilateral de menores, las expertas argumentan que el tratado opera bajo una presunción de urgencia que dificulta el análisis de defensas basadas en el «riesgo grave» (Artículo 13b).

Se planteó que las autoridades judiciales suelen aplicar criterios restrictivos al evaluar el control coercitivo y los antecedentes de violencia, lo que podría derivar en una violencia institucional si se ignoran las dinámicas de poder y los posibles sesgos de género en la toma de decisiones. El debate se centró en la necesidad de equilibrar la eficacia del tratado con la prevención de la violencia vicaria.

Barreras interseccionales y acceso a la justicia

Un punto clave de la audiencia fue el impacto diferenciado que enfrentan las mujeres según su estatus migratorio y su capacidad económica. Las organizaciones denunciaron que la disparidad de recursos entre las partes puede convertir los litigios internacionales en procesos desiguales. Se argumentó que el control de documentos y la amenaza de deportación son factores que los agresores podrían utilizar para influir en los procedimientos de custodia.

Esta asimetría estructural, según las ponentes, limita el acceso a la justicia para las mujeres migrantes, quienes a menudo carecen de defensa técnica especializada para navegar la complejidad de dos sistemas legales simultáneos.

Propuestas para un estándar regional de protección

Hacia el cierre, la sociedad civil solicitó a la CIDH que emita lineamientos para que la violencia contra el cuidador sea considerada un factor determinante en la evaluación del interés superior del niño. La propuesta busca que los Estados alineen la interpretación de los convenios internacionales con la Convención de Belém do Pará, asegurando que los procedimientos de restitución incorporen una perspectiva de género.

Por su parte, la comisionada Andrea Pochak y el panel de la CIDH tomaron nota de las peticiones, subrayando la importancia de robustecer el sistema interamericano para ofrecer una protección efectiva que evite la revictimización de las sobrevivientes y sus hijos en el ámbito judicial.

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