HRW consideró como una “campaña de intimidación política” de China el ofrecimiento de recompensas por disidentes en Hong Kong

La ONG Human Rights Watch (HRW) denunció la “campaña de intimidación política” de China después de que las autoridades de Hong Kong ofrecieron hasta un millón de dólares hongkoneses (unos 117.000 euros) por información que permita la detención “sin fundamento” de ocho activistas acusados de violar la Ley de Seguridad Nacional.

“El Gobierno de Hong Kong va cada vez más allá para perseguir a la disidencia pacífica tanto dentro como fuera de Hong Kong. Ofrecer una recompensa transfronteriza es un débil intento de intimidar a los activistas y representantes electos fuera de Hong Kong que defienden los derechos de las personas contra la creciente represión de Beijing”, declaró la directora asociada para Asia de la organización, Maya Wang, en un comunicado.

HRW instó a las autoridades hongkonesas a retirar los cargos “de forma inmediata” contra los acusados, que son los ex legisladores Ted Hui, Dennis Kwok y Nathan Law; los activistas Anna Kwok, Elmer Yuen y Finn Lau; Christopher Mung, sindicalista; y Kevin Yam, abogado.

Todos ellos han sido acusados de “colusión con fuerzas extranjeras” y de “abogar por sanciones contra funcionarios estatales”; Mung, además, se enfrenta a un cargo por “incitar a la secesión”, al igual que Law. Por su parte, Yuen está acusado de “subversión” y de organizar un parlamento hongkonés en el exilio.

En el caso de Hui, se encuentra acusado tanto de “incitar a la secesión” como “a la subversión” por “iniciar la Carta de Hong Kong de 2021″, que respalda el activismo continuo desde el extranjero.

Mientras que la incitación puede conllevar hasta diez años de prisión, los cargos de colusión y de subversión pueden acarrear la cadena perpetua.

HRW ha evidenciado que las autoridades chinas eliminaron las garantías de Derechos Humanos tras la aplicación de la Ley de Seguridad Nacional en Hong Kong en 2020; además, la Policía estableció que la ley se aplicaría más allá de las fronteras del país.

Según la organización, el régimen chino “ha ampliado los esfuerzos para controlar la información e intimidar a los activistas de todo el mundo mediante la manipulación de organismos como la Interpol”.

Los ocho activistas, que viven o han buscado refugio en Australia, Reino Unido y Estados Unidos, se enfrentan a una marginación tanto propia como de las instituciones a las que pertenecen, pues las autoridades también han advertido a la población a detener su financiación.

Las organizaciones prodemocráticas de Hong Kong en el extranjero “cada vez ejercen más presión sobre los gobiernos extranjeros para responsabilizar a los altos funcionarios chinos y hongkoneses” de violar los Derechos Humanos.

“Los gobiernos extranjeros no solo deberían rechazar públicamente la cooperación con los casos de la Ley de Seguridad Nacional, sino que deberían tomar medidas concretas para responsabilizar a los altos funcionarios de Beijing y Hong Kong”, pidió Wang.

Por su parte, el jefe del ejecutivo de Hong Kong que responde al régimen de China, John Lee, instó es martes a los ocho activistas en el exterior a entregarse.

“La única forma de terminar su destino como fugitivos que serán buscados de por vida es rendirse”, declaró Lee a periodistas, al afirmar que de no hacerlo “pasarán sus días con miedo”.

Más de 100.000 hongkoneses se han marchado del país desde la aplicación de la Ley de Seguridad Nacional, que “borró las vibrantes libertades y libertades de Hong Kong”.

La citada ley ha conllevado el “arresto arbitrario” de líderes prodemocráticos, el desmantelamiento de “organizaciones de la sociedad civil y los sindicatos independientes”, el cierre del periódico prodemocrático “más popular”, la censura de películas, la imposición de una “educación patriótica” y la retirada de libros de bibliotecas y de colegios.

HRW también ha denunciado que no se han permitido reuniones públicas desde 2020 en “fechas clave” para el movimiento prodemocrático de la ciudad.

Además, los datos policiales citados por la organización muestran que “260 personas, de entre 15 y 90 años, han sido arrestadas por delitos contra la seguridad nacional. Decenas han sido arrestadas, procesadas y condenadas por ‘sedición’ por publicar comentarios pacíficos en las redes sociales o publicar libros que critican al Gobierno”.

(Con información de Europa Press y AFP)

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