Así será la nueva apuesta de Prosperidad Social para acabar con los gota a gota | Gobierno | Economía

Una de las promesas con las que se hizo elegir Gustavo Petro, fue acabar con los ‘gota a gota’ y democratizar el acceso de los colombianos al sistema financiero, especialmente aquellos que no cuentan con ingresos estables o un perfil de riesgo para los bancos y entidades crediticias y terminan en manos de los agiotistas.

Partiendo de aquí, recientemente se ha hablado mucho de impulsar la economía popular para dinamizar la economía en los sectores menos favorecidos. En este punto, la visión del cooperativismo ha sido una pieza clave del sistema que se quiere establecer, ya que ayudaría a acabar con el asistencialismo y le permitiría a la gente avanzar hacia un modelo donde cada quien genere su propio sustento.

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Prueba de lo anterior es que esta semana se oficializó el programa Economía Popular para el Cambio contra el ‘gota a gota’, para la transición del Sistema de Transferencias a un sistema de inclusión productiva para fortalecer la economía popular, comunitaria y solidaria, que busca busca contribuir a la reducción de la vulnerabilidad económica, y el fortalecimiento de la economía popular a través de la inclusión financiera de emprendedores en condición de pobreza, en todo el territorio nacional.

Gustavo Bolívar, director del DPS, explicó que esto se logró por medio de un convenio entre Prosperidad Social, Fondo Nacional de Garantías y el Banco Agrario, que permitirá aunar esfuerzos para facilitar las garantías de acceso a crédito asociativo, con una colocación prevista de más de $500.000 millones, a través de los sectores bancario, solidario y cooperativo.

“Se otorgará la garantía de crédito, subsidiando su costo, así como también se subsidiará un porcentaje del capital del crédito si logra mantener un buen comportamiento de pago. Economía Popular para el Cambio contra el gota a gota, es parte de una estrategia progresiva y escalonada, que aporta a la superación de la pobreza”, dijo Bolívar.

Desde el Departamento de Prosperidad Social también destacaron que esta apuesta contribuye a que miles de colombianos, que no recibirán transferencias monetarias, transiten con el impulso del Gobierno nacional y los aliados, hacia el desarrollo de actividades productivas como parte de la justicia social y económica.

“Con este programa se defienden los derechos de miles de personas vulnerables que tradicionalmente estaban vetadas por los bancos y los sistemas financieros para acceder a capital de trabajo para sus proyectos productivos”, acotó el Director del DPS.

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¿Quiénes se beneficiarán?

Los beneficiarios serán organizaciones productivas conformadas por población sujeto de atención de la entidad, que tengan un negocio colectivo perteneciente al sector de la economía popular, frente que para este Gobierno es importante, dado que apuntan a que sirva de plataforma para la superación de la desigualdad social.

“El aporte de Prosperidad Social supera los $50.400 millones y en este proceso también estarán priorizados los emprendedores que se postularon a la convocatoria de Economía Popular para el Cambio en 2024, y que no lograron cumplir requisitos”, explicaron.

Economía popular – Prosperidad Social

Cortesía – A.P.I.

Vale la pena destacar que el valor máximo de crédito asociativo será de hasta 80 salarios mínimos legales mensuales vigentes, es decir, aproximadamente $114 millones, aunque este monto dependerá de la capacidad, responsabilidad y el proyecto productivo que se pretenda desarrollar con un tiempo de hasta 5 años.

“La duración del programa es de 24 meses inicialmente. Para acceder, en los próximos días Prosperidad Social hará convocatorias territoriales y los interesados podrán recibir toda la información a través de la página web y las direcciones regionales de la entidad”, concluyeron.

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El DPS se transforma

Todo lo anterior está enmarcado en el proceso de transformación que vive Prosperidad Social y que fue reglamentado por medio del Decreto 017 del 14 de enero de 2025 que da vida jurídica a la reorganización de la entidad y se actualiza una estructura que tenía pendiente la incorporación de leyes de años anteriores, delimitando sus funciones respecto del Ministerio de Igualdad y las orienta a impulsar la economía popular, el primer empleo y el control interno.

“Bajo el nuevo esquema se crean dos subdirecciones generales: la de Inclusión Productiva para la Paz y la de Programas y Proyectos para el Desarrollo Social. La primera estaría integrada por las direcciones misionales de Economía Popular, Soberanía Alimentaria y Acompañamiento Familiar y Comunitario”, explicaron.

Economía popular – Prosperidad Social

Cortesía – A.P.I.

Así mismo, informaron que “la segunda, por las de Transferencias Monetarias e Infraestructura Social y Hábitat, así como la Oficina de Operación. Este esquema se armoniza con la ley que dio vida al Ministerio de Igualdad y con el artículo que introdujo la creación del Sistema de Transferencias a cargo de la entidad”.

Entre sus novedades, la reforma establece también la creación de una oficina de Control Interno Disciplinario y otra de Análisis de Datos y Focalización, ambas dependientes de la Dirección General. Además de responder a normativas, estos nuevos órganos brindan, con la primera, independencia al manejo de temas disciplinarios de funcionarios y, con la segunda, fortalece el sistema de información en beneficio de la eficacia y la transparencia en el manejo de los recursos públicos.

La entidad ha sido enfática en manifestar que el nuevo modelo no afectará los derechos de carrera de los 1.459 funcionarios con que cuenta en todo el país. Por el contrario, incorporará 110 nuevos cargos en diversos niveles en cumplimiento de la política del presidente Gustavo Petro de favorecer la población joven y el primer empleo.