El proceso contra el exgobernador Juan Carlos Abadía se abrió por un contrato de prestación de servicios en el Valle del Cauca y por el que le habían dictado una suspensión de 10 años.
El Consejo de Estado estudió el caso y determinó la falta de competencia de la Procuraduría para sancionar a servidores públicos de elección popular.
En 2019, la Procuraduría decidió suspender al exgobernador por un contrato de prestación de servicios de salud que Abadía habría suscrito en la Secretaría de Salud Departamental, el 25 de marzo de 2010.
Abadía apeló la decisión, en primera instancia, pero el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca negó las pretensiones de la demanda del exmandatario departamental.
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La sanción de la Procuraduría en contra de Juan Carlos Abadía estaba relacionada con irregularidades en la selección, trámite y suscripción del contrato de prestación de servicio N° 365 del 25 de marzo de 2010 celebrado entre la Gobernación del Valle del Cauca y la firma Eduardo Bolaños IPS Ltda.
La polémica se generó porque la contratación se realizó de manera directa, sin que posiblemente se hubiera agotado el procedimiento y los requisitos. El fallo advertía que Abadía no podía apartarse de su responsabilidad en la selección objetiva del contratista.
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El Consejo de Estado declaró nulas “las actuaciones disciplinarias del 24 de febrero de 2015 y del 29 de septiembre de 2016″, con las que la Procuraduría destituyó e inhabilitó al funcionario por 10 años.
También ordena a la Procuraduría General de la Nación “la eliminación en las bases de datos del registro de la sanción impuesta al señor Juan Carlos Abadía, al quedar desvirtuada su presunción de legalidad”, así, el organismo de control tendría que borrar el reporte negativo de Abadía.
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El exgobernador del Valle ha enfrentado varios procesos. El pasado 28 de julio, la Fiscalía General de la Nación lo acusó formalmente por el presunto pago de un soborno para archivar un proceso en su contra en la Corte Suprema de Justicia.
Esa acusación fue dictada en junio de 2022 por el Juzgado 26 penal de Circuito de Bogotá, en el escándalo conocido como ‘Cartel de la Toga’.
En el proceso se indaga si Abadía le habría entregado 400 millones de pesos a Luis Gustavo Moreno Rivera, exfiscal contra la corrupción en 2014. Ese dinero habría sido redireccionado al exmagistrado, Francisco Ricaurte, hoy bajo condena.
El político habría contratado a Moreno para un proceso penal en una fiscalía delegada ante la Corte Suprema de Justicia, por presuntas irregularidades en un un convenio de cooperación para la dotación de bibliotecas escolares en el Valle.
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Fuente de TenemosNoticias.com: www.eltiempo.com
Publicado el: 2023-08-15 07:05:00
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