Contraloría halla irregularidades por $3.765 millones en contratos de salud en Magdalena | Regiones | Economía

La Contraloría General de la República detectó presuntas irregularidades administrativas y financieras por $3.765 millones en dos contratos ejecutados por la Gobernación del Magdalena con recursos del sector salud, durante las vigencias 2023 y 2024.

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Los hallazgos fueron identificados tras una auditoría de cumplimiento sobre los recursos transferidos al departamento a través del Sistema General de Participaciones (SGP – Salud Pública y Oferta) y el Fondo Local de Salud.

Uno de los casos analizados corresponde al contrato CI-776-2023, suscrito entre la Gobernación del Magdalena y la E.S.E. Hospital Julio Méndez Barreneche, por un valor de $4.362 millones. El objeto del contrato era desarrollar acciones de gestión en salud pública. Sin embargo, según el informe de la Contraloría, las actividades ejecutadas no correspondieron al anexo técnico acordado contractualmente, sino a un documento alterno sin respaldo legal.

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“No se aportó evidencia documental de la adquisición, almacenamiento ni distribución de insumos por valor de $1.867 millones”, señaló el organismo de control. Entre los elementos sin soporte se incluyen reactivos de laboratorio, equipos biomédicos y materiales para el control de enfermedades. La auditoría también reveló que no se allegaron los contratos del personal técnico vinculado ni soportes discriminados de los costos por actividad.

Este hallazgo fue clasificado con presunta incidencia fiscal y disciplinaria, y fue trasladado a la Procuraduría General de la Nación para las investigaciones correspondientes.

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El segundo caso analizado se refiere al contrato PS-0991-2024, por $4.930 millones, también ejecutado por la Gobernación del Magdalena. En el marco de este contrato se realizaron pagos por $1.898 millones en adquisición de equipos biomédicos, mejoramiento de infraestructura y aparatos de laboratorio, sin que existan soportes documentales que acrediten el cumplimiento del objeto contractual.

De acuerdo con el informe de auditoría, la Gobernación reconoció que los equipos fueron instalados directamente en los sitios de uso, sin pasar por los procedimientos establecidos para el ingreso formal al almacén. “No se presentaron facturas, registros de entrada ni informes del supervisor”, advirtió la Contraloría. Esta situación fue calificada como un incumplimiento contractual y una omisión en el control sobre bienes financiados con recursos públicos.

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$1.898 millones: Pagos por equipos biomédicos sin facturas ni registros en el contrato PS-0991-2024.

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Al igual que en el caso anterior, este hallazgo fue catalogado con presunta incidencia fiscal y disciplinaria y será remitido a la Procuraduría General.

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La Contraloría reiteró que los recursos del Sistema General de Participaciones y del Fondo Local de Salud deben destinarse exclusivamente a la prestación eficiente y documentada de servicios de salud pública. “Cualquier desviación, falta de soportes o incumplimiento contractual constituye un riesgo fiscal, disciplinario y eventualmente penal”, indicó la entidad.

El organismo aseguró que continuará ejerciendo control fiscal con enfoque preventivo y correctivo, en coordinación con los demás órganos competentes. “Nuestro objetivo es garantizar que cada peso público se traduzca en bienestar efectivo para la ciudadanía”, concluyó el informe oficial.

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DIANA K. RODRÍGUEZ T. 
Periodista de Portafolio