El diario EL TIEMPO pudo conocer el auto de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia en el que solicitó la medida de aseguramiento contra los congresistas Iván Name y Andrés Calle por presuntos delitos de cohecho impropio y peculado por apropiación agravado por «aceptar indebidamente dineros públicos de la UNGRD (Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres), para impulsar o no oponerse al trámite de las reformas«.
En dicho fallo, de 183 páginas, se sustentó la detención de ambos legisladores. El alto tribunal apuntó que los recursos comprometidos de la UNGRD, «reseñadas, lo que permitió de alguna manera, la compra de gobernabilidad del Congreso de la República«.
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Parte de esa plata se habría entregado a los congresistas a través de Sneyder Pinilla, exdirectivo de Gestión de Riesgo, quien recibió el dinero inicialmente de un particular identificado como Pedro Jose Castro Espinoza. Las entregas habrían ocurrido los días 11 y 13 de octubre de 2023, en la ciudad de Bogotá.
Palacio de Justicia, sede de la Corte Suprema. (Foto de referencia).
Archivo EL TIEMPO
De acuerdo con la Corte, los recursos que debían aliviar las necesidades de comunidades vulnerables fueron desviados para fines personales y políticos, afectando a la moralidad pública y causando un «importante menoscabo» en sectores segregados.
La gravedad de este caso se profundiza por la actuación concertada de varios actores y por la posición de poder que tienen los implicados, lo que incrementa el riesgo de reiteración delictiva.
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“Los aforados utilizaron su poder político para ejecutar presuntamente delitos de significativa gravedad, no solo desde una perspectiva general y abstracta, sino por las especificidades que se observaron en el caso concreto; comportamientos frente a los cuales no se excluye su futura reiteración; en fin, el potencial peligro para la comunidad, en caso de mantenerse en la posición de poder actual, utilizada indebida y al parecer delictivamente”, dijo la Corte Suprema de Justicia.
Y agregó: «No sobra advertir, como síntesis en torno a la gravedad de las conductas investigadas y el diagnóstico de peligro para la comunidad, que las infracciones punibles que se le imputan a los aforados, (Cohecho impropio y Peculado por apropiación agravado), son considerados de naturaleza especialmente grave, y tienen por ello señaladas penas considerablemente altas«.
UNGRD – Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres
Ungrd
De igual manera, en la decisión se reveló que la investigación se lleva a cabo por dos atentados contra la moralidad pública. Estas conductas fueron perpetradas con participación conjunta de varios actores que se concertaron para dicho fin.
En esta decisión se detalla como Olmedo López y Sneyder Pinilla, exdirector y esxsubdirector de la UNGRD, habrían fraguado un acuerdo entre septiembre de 2023 y abril de 2024 para «comprar la función de algunos congresistas«. La meta era garantizar su apoyo a los proyectos legislativos que, finalmente, dieron para la reforma pensional, ya aprobada, y la de salud, aun en su trámite legislativo.
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Entre los principales implicados figuran el entonces presidente del Senado, Iván Name, y el expresidente de la Cámara de Representantes, Andrés Calle. El primero habría recibido 3.000 millones de pesos en dos entregas, llevadas a cabo los días 12 y 13 de octubre de 2023, dieron que habría sido entregado por Pinilla y López a través de Sandra Ortiz, «persona de confianza y amiga cercana del senador”, de acuerdo con una fuente del proceso, citadas por EL TIEMPO.
«La entrega se realizó en el Hotel Tequendama Suites en Bogotá, y luego Ortiz se desplazó hasta el apartamento de Name en el norte de la ciudad, para hacerle llegar el dinero en efectivo«, señaló el expediente.
Sandra Ortiz.
Archivo EL TIEMPO
Calle, por su parte, habría recibido 1.000 millones directamente de manos de Sneyder Pinilla, el 14 de octubre de 2023, en un apartamento de la ciudad de Montería. Según la investigación, «el dinero entregado a los congresistas provenía de un préstamo obtenido por Pinilla, pagado luego con recursos desviados de un contrato para la compra de carrotanques destinados a La Guajira”.
Este contrato, con al orden de proveeduría SMD-GSCTQQ-192-2023, fue adjudicado a Impoamericana Roger SAS y estaría bajo el control de Luis Eduardo López Rosero. La Corte señala que «el proceso contractual fue manipulado para facilitar la entrega de anticipos que luego financiarían los sobornos”.
Ambos congresistas habrían conocido el origen ilícito de los recursos y, según la Fiscalía General de la Nación, «se comprometieron a respaldar o no entorpecer el trámite de las reformas gubernamentales«. Además, se afirma que los dineros habrían sido utilizadas para financiar campañas políticas en las elecciones regionales del 2023: María Clara Name Ramírez al Concejo de Bogotá; Gabriel Enrique Calle Aguas a la Gobernación de Córdoba, y Gabriel Alberto Calle Demoya a la alcaldía de Montelíbano.
PORTAFOLIO
*Con información de EL TIEMPO – JUSTICIA
Fuente de TenemosNoticias.com: www.portafolio.co
Publicado el: 2025-05-08 16:56:00
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