La crisis en el sector eléctrico del país ha llegado incluso al sector del alumbrado público, situación que se ha debido principalmente a la estrechez del mercado por las limitaciones a la oferta, producto del descenso visto en los embalses, la falta de un aumento de la producción de las plantas térmicas, apagones en ciudades, entre otros aspectos.
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Armando Gutiérrez, presidente de la Asociación Nacional de Alumbrado Público (Anap), expresó las preocupaciones que tiene el sector para este 2025, destacando que se presentarán afectaciones en la suficiencia energética, cambios en normativas que alteran el impuesto al alumbrado público y el incremento en el costo de la electricidad, entre otros puntos.
¿Cómo le fue al sector del alumbrado público en 2024?
El año 2024 fue un año de aprendizajes, de amenazas que nos genera profundos retos para el 2025. Estamos comprometidos con la transición energética, con la reconversión de las tecnologías obsoletas de sodio a una tecnología LED, que genere altos ahorros de consumo energético en las ciudades, que mejore la calidad en la presentación del servicio, que genere unas señales de eficiencia ambiental porque una iluminación adecuada tiene muchos impactos sobre el ecosistema, la salud humana, las especies animales que se pueden alterar por una iluminación que desperdicie luz hacia el firmamento.
El compromiso nuestro es apoyar e incentivar esa transformación del sector. El alumbrado público es el tercer consumidor de energía en el país a nivel urbano. Por lo tanto, es muy representativo desde el punto de vista de la gestión energética del territorio y ese es nuestro compromiso. Hay una señal normativa del reglamento técnico, es pedido por el Gobierno, que nos parece muy favorable y es que indica que, a partir del 2025, un año después de expedido el reglamento ya no se podrán importar, tener repuestos, ni desarrollar proyectos alrededor de los bombillos amarillos que llamamos de sodio, que además tiene metales pesados, sino que todos tendrán que ser tecnología LED. Eso va a presionar los procesos de modernización.
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César Melgarejo
¿Cuáles son los retos que tiene el sector en el 2025?
Tenemos incertidumbres jurídicas porque en el Congreso de la República hay proyectos e iniciativas de decreto expedidas por el Gobierno en las que se quiere alterar, sin un análisis profundo, la fuente con la cual remuneramos esas actividades que se denominan el impuesto al alumbrado público como sector y como gremio estamos dispuestos a analizar fórmulas, tal como se lo hemos dicho al Gobierno, pero esos proyectos menoscaban la renta, minimizan e impactan la voluntad de las entidades territoriales.
Para adelantar estos procesos de modernización necesitamos tener mucha seguridad jurídica, para que las entidades públicas puedan hacer operaciones de crédito público con bancos, contratos de leasing de infraestructura, procesos de modernización contratando firmas de ingeniería y otros esquemas de financiamiento que tiene previsto el ordenamiento legal para poder adelantar estos procesos.
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Creemos también que estos proyectos de iluminación urbana, que abarca alumbrado público como la iluminación arquitectónica, festiva y los desarrollos tecnológicos asociados a la iluminación son elementos claves en la estructuración de modelos de ciudad y territorio inteligente.
El tercer elemento que creó que impacta y genera incertidumbre en este 2025 tiene que ver con el suministro de la energía. Es un sistema de iluminación que tiene una infraestructura, unas luminarias, consumen energía y debe ser administrado en su integridad.
Ese consumo de energía, todo ese parque de luminarias que vemos en las calles, ha venido incrementándose en cuanto a costos de manera muy representativa. Incluso no hay suficiente energía y no hay ofertas de energía para las convocatorias públicas que vienen haciendo las alcaldías, por lo tanto, ese es un aspecto para trabajar.
La alternativa que hemos propuesto es que las ciudades, municipios y territorios avancen a proyectos para minimizar esos altibajos de precio tan críticos, en donde se anuncia por gremios como la Asociación Colombiana de Generadores, que para el año entrante puede haber un déficit de energía entre el 4% y el 6%. No hay proyectos nuevos, no hay una gestión efectiva de avance de los mismos, por lo cual creemos que ahí hay un balance desfavorable y un reto sectorial para el alumbrado, para las ciudades y territorios y un reto para la nación, que efectivamente tiene que generar señales que incentiven la inversión en la generación de energía.
Hay una gran preocupación por todo lo que viene pasando en el sector energético, por la garantía de la suficiencia energética por el pago de subsidios, por la crisis de la energía eléctrica en la costa Atlántica. Todas son señales que confluyen como una especie de tormenta perfecta. Donde todo está llevando a una crisis sistémica del sector, que pues afecta profundamente la economía. Todos necesitamos energía.
¿De qué magnitud es la alerta por parte del sector del alumbrado público por la falta de energía?
Hay un incremento muy importante de precio, por todo lo que conocemos por los fenómenos ambientales, por los impactos en los embalses. Si no hay energía suficiente se van a ver avocados a unos desbalances muy grandes de precio, entonces, ya vamos viendo que hay declaratoria de energía y es una gran preocupación.
Alumbrado público.
¿Se puede apagar el alumbrado público en Colombia?
Tenemos dos riesgos. Uno es que nos quedemos sin fuente de financiamiento. Existen unos proyectos de ley que prácticamente pretenden liquidar el cobro del alumbrado público y las ciudades y municipios no tienen otra fuente para pagarlo.
Existe también una intención de prohibición de cobrar esa fuente tributaria como el de la energía, entonces, de materializarse esa intención jurídico política que se expresa en proyectos de norma del Gobierno Nacional y proyectos de ley en el Congreso de la República implicaría que no hay forma de pagar ni la energía, ni la operación, ni el mantenimiento y, por lo tanto, se irán apagando las ciudades. Pero también nos preocupan mucho los costos de la energía, porque hacemos un esfuerzo de modernización para generar ahorros, pero la energía se sigue disparando en su valor, y ese ahorro se lo va a llevar el precio de la energía. Entonces la gestión energética se vuelve esencial y esta es una actividad nueva en la agenda pública territorial.
¿En otras ciudades hay riesgos de que se repita lo de Puerto Carreño?
Si no hay energía eléctrica no hay alumbrado y si no hay alumbrado la ciudad está a oscuras. Se genera la percepción de inseguridad y se vuelve más inhóspita la calle. Creo que hay un problema estructural grave, porque el Gobierno no ha girado los subsidios que la ley obliga para los estratos 1, 2 y 3 en el fondo de solidaridad y redistribución de ingresos, que administra unos recursos para ayudarle a los estratos bajos y es esencial para tener equilibrio financiero en las empresas.
Entonces, si no hay giro de subsidios pues estamos advirtiendo una crisis grave que puede terminar generando el incumplimiento de las empresas de energía, que a su vez puede generar una afectación de la calidad del servicio y de las inversiones.
¿Hay algún riesgo de no tener la energía suficiente para cubrir el alumbrado público?
En general necesitamos más energía, necesitamos proyectos. Los proyectos que hay se han demorado muchísimo y hay muchos inversionistas que se han retirado, se han demorado los trámites ambientales, los del Gobierno. Entonces creo que hay que revisar bien, hacer un trámite único en dar señales de inversión para que la energía pueda garantizarse porque el Estado no tiene la capacidad de hacer los proyectos de generación.
Para nosotros como alumbrado, que somos un usuario institucional, lo que le pase al sector afecta a las ciudades y si no hay energía, pues se encarece, entonces sí estamos muy preocupados con el tema.
LEIDY RUIZ
Periodista de Portafolio
Fuente de TenemosNoticias.com: www.portafolio.co
Publicado el: 2025-01-12 21:16:00
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