El reclamo por el pago de seis meses de salario a manipuladoras de las ollas comunitarias en Riohacha y Maicao, que forman parte del programa implementado por la Unidad de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) en La Guajira, llegó a enfrentar a dos dirigentes políticos de este departamento.
Se trata del diputado por el Pacto Histórico Luis Fernando Lobo y el excandidato por el Partido Liberal a la Cámara de Representantes por La Guajira Jorge Martelo Yepes.
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El tema se salió de la controversia política y llegó al plano personal tras denuncias de amenazas.
En junio y noviembre de 2023 a Agrosolidaria le fueron asignados en total 6.204 millones de pesos para 22 ollas comunitarias en Maicao. Mientras que a Prosperitas le asignaron en total recursos por el orden de los 9.588 millones de pesos para 34 ollas comunitarias en Riohacha.
“No se les pagó a las manipuladoras, se les hizo pagar seguridad social de los meses que se estipuló para entregar esa alimentación, parte de esa comida no llegó a la gente, llegó incompleta y no todo el tiempo, como se determinó en el contrato”, denunció el diputado guajiro a través de un vídeo que circuló en redes sociales hace un mes.
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También, afirmó que “más allá de quien asume la representación legal de estas organizaciones, digamos que a voz populi, se sabe que hay una responsabilidad lo que le llaman el autor intelectual, el que debe responder por eso y esa pregunta hay que hacérsela ante la opinión pública al señor Martelo, se sabe que él administraba, podría decirse detrás de bambalinas esas ollas comunitarias”.
No se les pagó a las manipuladoras, se les hizo pagar seguridad social de los meses que se estipuló para entregar esa alimentación, parte de esa comida no llegó a la gente, llegó incompleta y no todo el tiempo
“Él hace afirmaciones que yo no le pago a las manipuladoras y ¿Cuándo yo soy representante legal de empresas para ordenar pagos o dar contratos? Él me tiene que demostrar a mí ante la Fiscalía General de la Nación con pruebas donde yo soy o aparezco como representante o accionista de esas empresas que hoy están ejecutando las ollas comunitarias”, puntualizó.
Según palabras de Olmedo, le entregó a Luis Gómez las 125 ollas que le pidió y él mismo distribuyó con su equipo. Lobo afirma que Luis lo que hizo fue caracterizar a la población y decirle cuales requerían ser atendidas.
Martelo, fue más allá y afirmó que Lobo estaría haciendo algún mandado y su familia indígena le estaría mandando la palabra -por ley wayú- al diputado Lobo, “la familia Ipuana, que se siente con nuestra autoridad y la ofensa que le acaba de hacer a todos nuestros familiares”.
Denuncian que una organización es subsidiaria de la otra
“En múltiples declaraciones el señor Martelo se refirió a mí persona en un tono amenazante y aseguró no conocer a las organizaciones operarias de las ollas comunitarias, pero del año 2012 al 2016 el señor Martelo fue representante legal de Agrosolidaria seccional Riohacha con la cual suscribió diversos contratos”, puntualizó Lobo.
Explicó que con su denuncia no busca promover el morbo en un escándalo político, por lo que le pide a la sociedad civil y organismos de control acompañar el verdadero centro del debate, “que es garantizar que a estas mujeres sin ser revictimizadas, ni intimidadas puedan recibir el pago de los honorarios que dignamente ganaron por eso asumo y entiendo la responsabilidad de mis declaraciones”.
“En la práctica una sola organización, siendo una subsidiaria de la otra. En este sentido, al parecer estas comparten el talento humano para presentarse en procesos contractuales y se rotan entre sí directivos y representantes legales”, dice uno de los apartes.
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Diputado lobo recibe amenazas
“Esto quiere decir que lo están buscando, fueron muy agresivos y amenazantes contra el diputado del Pacto Histórico que pertenece a la Unión Patriótica. Lo han amenazado porque ubicó que en las ollas comunitarias un señor que vive en Bogotá y que ha cambiado de empresa a empresa no les ha pagado a las manipuladoras”, indicó Avella.
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Ollas asignadas a estas dos organizaciones
Estas dos organizaciones manejaron inicialmente 56 de las 125 ollas asignadas con las que arrancó el piloto en La Guajira, para funcionar en los municipios de Uribia, Riohacha, Manaure, Maicao y Hatonuevo.
En una segunda resolución con fecha del 25 de noviembre de 2023, le fueron asignadas a ambas organizaciones los mismos cupos, pero con una disminución en el presupuesto. En Maicao se asignaron 22 ollas a Agrosolidaria por un valor de 2.640 millones de pesos y 34 ollas en Riohacha a Prosperitas por 4.080 millones de pesos.
EL TIEMPO estuvo tratando de contactar a Jorge Martelo, para conocer su reacción sobre este tema y no fue posible.
Eliana Mejía Ospino
Especial para El Tiempo
Riohacha
Fuente de TenemosNoticias.com: www.eltiempo.com
Publicado el: 2024-05-08 17:44:22
En la sección: EL TIEMPO.COM -Colombia