La ambiciosa meta del Gobierno Nacional de comprar tres millones de hectáreas de tierras productivas, para entregárselas a víctimas de la violencia y a despojados del campo, tendrá su prueba de fuego este nuevo año.
Aunque la idea inicial del Presidente Petro era comprar cinco millones de hectáreas, con el paso de los primeros meses de su gobierno la propuesta se fue aterrizando a tres millones para los cuatro años de mandato –y que Petro ha denominado una reforma agraria– que busca cumplir con el Acuerdo Final de Paz con las Farc y empezar a construir lo que ha llamado la ‘paz total’.
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En estos primeros cinco meses de la era Petro se dio el primer paso con la firma del ‘Acuerdo de Támesis’, que pretende dar predios de la mafia, en poder de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), a familias afectadas por la violencia. Ya se entregaron 600 hectáreas de una finca del exjefe paramilitar Carlos Castaño a 50 familias en Córdoba y el presidente de la SAE, Daniel Rojas, anunció que se entregarán 60.000 hectáreas de tierras.
El plan más ambicioso es conseguir los tres millones de hectáreas prometidas. Parece una tarea difícil, pues la ganadería concentra gran parte de los campos más productivos del país, pero el Gobierno encontró un aliado inesperado: la Federación de Ganaderos (Fedegán), en cabeza de José Félix Lafaurie, con quien llegó a un acuerdo el 6 de octubre para comprarles parte de esas tierras.
Ir más allá de las promesas y concretar el plan es otra cosa para los expertos, que consideran que esto no es a corto plazo. El proceso es dispendioso. No solo se trata de comprar tierras sino, entre otras cosas, determinar que sean productivas; que no tengan problemas judiciales; establecer un precio real; entregarlas a las personas que realmente las necesiten, establecer proyectos agrícolas y garantizar una cadena de comercialización de los productos.
Por eso, este 2023 será clave para comenzar a ver cómo se materializa la reforma, con la que muchos sectores políticos coinciden, hasta los opositores, en que es necesaria para saldar una deuda histórica con una población víctima de las guerras que atravesó el país por décadas, y sería el eje de una nueva economía agraria en un proceso de transición petrolera.
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El tema es que tenemos que escoger la tierra, no vamos a comprar tierras en la altillanura porque los costos de producción son muy altos. Para esas zonas tenemos otros proyectos
La ministra de Agricultura, Cecilia López, asegura que tienen buenas expectativas pues han recibido ofertas para comprar 1’700.000 hectáreas, no solo de Fedegán sino de otros particulares. Sin embargo, no todas las tierras se ajustan a la idea del Gobierno. “El tema es que tenemos que escoger la tierra, no vamos a comprar tierras en la altillanura porque los costos de producción son muy altos. Para esas zonas tenemos otros proyectos”, dice López. Aunque han recibido ofertas de tierras en casi todo el país, se empezaría por la región Caribe y el Magdalena Medio, zonas afectadas históricamente por el conflicto.
La ministra calcula que en el próximo mes de febrero se comience el proceso de compra de las primeras 20.000 hectáreas de las tierras del plan y asegura que se están cumpliendo todos los pasos minuciosamente para que no exista ninguna duda sobre el proceso.
¿Y dónde está el dinero para comprar tres millones de hectáreas ?
Sobre los cuestionamientos de dónde va a salir el dinero para las tierras, cuya hectárea promedio costaría 20 millones de pesos, López fue clara en plantear que la plata hay que tramitarla.
El terreno fue entregado a más de 50 familias campesinas víctimas del conflicto armado
El Ministerio de Agricultura tiene presupuesto para el próximo año para comprar 20.000 hectáreas de tierra y el resto que se establezca depende de las adiciones presupuestales derivadas del recaudo de los 21 billones de pesos de la nueva reforma tributaria aprobada en el Congreso este año.
La meta en el 2023 no es cuánta tierra compremos, sino que el proceso quede perfecto
“La reforma agraria es una prioridad del Gobierno; cuando tengamos establecidos todos los pasos, vamos a hablar con el Ministerio de Hacienda para definir los recursos que necesitamos para comprar más tierras”, dice la ministra López. En total, con el precio por hectárea ya aterrizado, si el Gobierno quiere cumplir con su meta, debe destinar unos 60 billones de pesos para estas compras. Número bastante alto, pues tiene otros frentes sociales que atender, por lo que se espera que en el nuevo año se decante el verdadero alcance de la reforma y se establezca la verdadera cifra de hectáreas por comprar durante este período presidencial.
López dice que no le trasnocha la meta de los tres millones propuesta por el Gobierno. Aunque es optimista en que se puede cumplir, le preocupa más que este proceso se haga muy bien, especialmente en el año que comienza, ya que la idea es construir las bases para una reforma todavía más extensa y generar una verdadera transformación agrícola.
“La meta en el 2023 no es cuánta tierra compremos, sino que el proceso quede perfecto”, asegura López.
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La finca Támesis fue del exjefe paramilitar Carlos Castaño.
Tomada de Twitter: @GustavoBolivar
El Ministerio tiene ya una base de datos con casi 60.000 personas que cumplen con los requisitos para acceder a las tierras y en los primeros meses se darán a conocer las condiciones con las que se les entregarán, entre las que se contempla que no se pueden vender. “La tierra se compra individual, pero se entrega de manera colectiva.
Tenemos que analizar cómo se agrupan las familias para trabajarlas”, apunta López.
Rafael Téllez, investigador del Grupo de Investigación en Desarrollo Regional y Ordenamiento Territorial (Gidrot) de la UIS, coincide con el Gobierno en que el problema de la concentración de la tierra se tiene que resolver en el país y que será un proceso largo.
“La gran parte de los 34 millones de hectáreas que tienen vocación agropecuaria está dedicada a la ganadería, solo el 8,6 por ciento se cultiva”, dice y añade que los dueños de las tierras son pocos.
A Téllez le genera incertidumbre que los campesinos tengan la vocación para los cultivos que el país necesita para garantizar la seguridad alimentaria, como el de maíz, pues considera que esto lleva tiempo. “Es una vergüenza nacional que el país importe de Estados Unidos casi el 50 por ciento de maíz con las implicaciones que tiene el precio del dólar”, cuestiona.
“Si están acostumbrados a cultivar ñame y les dan tierra para cultivar caña, la adaptación es un problema y es un proceso lento. Eso es de largo plazo”, dice el investigador, al tiempo que le preocupa que no existan las vías terciarias, los servicios de salud y la asistencia técnica para desarrollar las unidades productivas.
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La finca está ubicada en el kilómetro 7 vía Arbolete del municipio de Montería, Córdoba.
Este es un proceso largo, y así podamos comprar los tres millones en este Gobierno, es una minirreforma agraria. La reforma completa la tendrían que continuar los dos gobiernos siguientes.
Sobre estas dudas, la ministra López dice que se tiene que trabajar en la seguridad alimentaria y cultivar productos que actualmente importamos, pero también tienen claro que como parte de la transición energética deben promover productos atractivos para exportar, como el limón Tahití y el aguacate Hass e, inclusive, la pesca, para generar divisas.
Sobre los tiempos, la ministra tiene claro que esto no es un proceso que se dará de la noche a la mañana.
“Mi afán no es el volumen, sino hacerlo muy bien. Este es un proceso largo, y así podamos comprar los tres millones en este Gobierno, es una minirreforma agraria. La reforma completa la tendrían que continuar los dos gobiernos siguientes. Esta es la semilla de un proceso histórico, necesito que tenga credibilidad”, dijo López.
El Gobierno cuenta, además, con una ‘carta’ que le permitiría entregar más tierras en los próximos años y que se uniría a su estrategia. Están a la espera de que la Corte Constitucional publique en el 2023 una sentencia de los terrenos baldíos, en cuya decisión ya se planteó que ningún baldío puede ser entregado vía prescripción y que los que hayan sido adquiridos así deben ser recuperados.
Aunque sería una decisión trascendental, estos procesos tendrían sus tiempos en los despachos judiciales, pero el Gobierno es optimista en que se abriría una nueva puerta para entregar más tierras.
“Es un tema gigantesco en restitución de tierras, tenemos 10 millones de hectáreas en manos de los jueces –dice López–. Este va a ser el año de la tierra en Colombia”.
LUIS ALBERTO MIÑO RUEDA
EDITOR DE NACIÓN – EL TIEMPO
En Twitter: @LuisAlbertoMino
Fuente de TenemosNoticias.com: www.eltiempo.com
Publicado el: 2022-12-31 01:00:00
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