La terminación unilateral del contrato que tenía la Subred Centro Oriente con la empresa española Copasa para la demolición y construcción de una nueva torre del Hospital San Juan de Dios, en Bogotá, deja a la capital en riesgo de una millonaria demanda.
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La determinación fue adoptada por el agente interventor de la Superintendencia de Salud, Luis Gálvez, y se habría dado mediante una resolución firmada desde el pasado 16 de agosto.
“La decisión de terminar unilateralmente el contrato para recuperar el Hospital San Juan de Dios adoptada por el interventor del Gobierno Nacional pone en riesgo la salud de los bogotanos y el patrimonio de la ciudad. En Bogotá somos respetuosos de las competencias de la nación, pero nuevamente vemos con extrema preocupación algunas decisiones del Gobierno Nacional sobre Bogotá”, señaló el alcalde Bogotá, Carlos Fernando Galán, en un pronunciamiento oficial.
El mandatario local también indicó que esta acción se desprendió tras lo ocurrido a principios del mes de mayo, cuando la Supersalud decidió intervenir la Subred Centro Oriente (que fue la firmante del contrato en cuestión). Esto pese a que el distrito, mediante la Secretaría de Salud, venía trabajando de manera conjunta con el Gobierno para superar la crisis histórica de salud de la capital.
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¿Cuál es la preocupación?
El ponerle fin al contrato de forma unilateral podría poner en riesgo el patrimonio de la ciudad. De acuerdo con el alcalde Galán, esto se explica porque sobre el acuerdo hay dos tribunales de arbitramento que están orientados en defender los intereses de Bogotá y de la Nación.
A lo anterior se le suma que dicha determinación habría afectado de manera drástica la estrategia de defensa en las instancias jurídicas.
Por esa misma línea, el mandatario ha señalado que los procesos jurídicos alrededor del contrato tienen pretensiones por más de 100.000 millones de pesos. Motivo por el cual se ha solicitado a la Procuraduría General de la Nación y a la Contraloría General de la República que verifiquen que la decisión adoptada no atente contra la moralidad administrativa y el patrimonio público.
Cabe recordar, además, que Copasa ya tenía demandado al distrito ante un tribunal de arbitramento por haberle entregado un contrato que no era viable. De hecho, ya se habían recibido quejas en torno a que para poder ejecutar el acuerdo y demoler la torre central del San Juan de Dios debían contar con un permiso del Ministerio de Cultura que, hasta la fecha, no se concedió.
En ese orden de ideas, la empresa española pretende que Bogotá le pague una indemnización de 70.000 millones de pesos y otros 40.000 millones que corresponden a las ganancias que habría dejado de recibir. Dentro de ese monto también se especifica la suma de 30.000 millones de pesos, que es lo que costaría el proceso jurídico.
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*Con información de EL TIEMPO – BOGOTÁ
Fuente de TenemosNoticias.com: www.portafolio.co
Publicado el: 2024-08-25 19:44:37
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