La crisis fiscal es una amenaza latente para Colombia y Fedesarrollo hace advertencias | Crecimiento | Economía

El Centro de Investigación Económica y Social Fedesarrollo publicó recientemente su informe de Tendencia Económica en el que se sumó a los llamados y alertas que se han hecho al gobierno de Gustavo Petro, para que sea consecuente con la realidad económica del país y ajuste el gastó público para evitar una crisis fiscal a finales de este año.

En cinco puntos, los investigadores abordaron varios elementos de la realidad fiscal del país, comenzando por un recuento de cómo se llegó a la situación actual, resaltando que desde la pandemia, las cuentas fiscales han mostrado un déficit persistente y creciente.

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“En 2024, el déficit fiscal del Gobierno nacional alcanzó el 6,8% del PIB, un incremento de 2,5 puntos porcentuales frente al 4,3% registrado en 2023 y 1,2 puntos por encima de lo proyectado en el marco fiscal (5,6%). Este es el tercer déficit fiscal más alto en 120 años, solo superado por los niveles de 2020 (7,8%) y 2021 (7,0%)”, resaltaron.

Entre las causas de esto, Fedesarrollo enumeró la caída en los ingresos fiscales, que pasaron del 18,8% al 16,6% del PIB en 2024, debido a un menor recaudo tributario; el aumento del gasto, que se situó en 23,4% del PIB, superando en 0,6 puntos la meta del marco fiscal y que desde 2023, el Gobierno ha proyectado un nivel de recaudo atípicamente alto, lo que ha generado expectativas poco realistas y ajustes fiscales imprevistos.

“De acuerdo con nuestro análisis, el Gobierno incumplió la regla fiscal en 2024 y enfrenta un alto riesgo de incumplimiento nuevamente en 2025. Asimismo, advertimos sobre los desafíos para la sostenibilidad de la deuda pública, que aumentó significativamente en 2024 y continuaría en ascenso durante 2025”, dice el reporte.

Gasto en aumento

Para entender mucho mejor lo que está pasando con la caja del Gobierno, los investigadores pasaron revista a la situación del gasto público, comentando que en su componente primario (sin incluir intereses) ha crecido de manera sostenida y no ha retornado a niveles prepandemia.

“En 2024, el déficit fiscal del Gobierno nacional alcanzó el 6,8% del PIB, un incremento de 2,5 puntos porcentuales frente al 4,3% registrado en 2023 y 1,2 puntos por encima de lo proyectado en el marco fiscal (5,6%). Este es el tercer déficit fiscal más alto en 120 años, solo superado por los niveles de 2020 (7,8%) y 2021 (7,0%)”, resaltaron.

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Ahora bien, de cara al 2025, sostienen que los principales rubros de aumento comienzan por el sector salud que muestra $27,6 billones adicionales (1,5% del PIB), por incremento en la Unidad de Pago por Capitación (UPC) y nuevas tecnologías en el Plan de Beneficios en Salud. A este le sigue el Sistema General de Participaciones (SGP) con $15,3 billones (0,8% del PIB), debido al crecimiento del recaudo tributario previo.

En este listado también aparecen las pensiones cuyas asignaciones subirán $13,9 billones (0,8% del PIB), afectadas por el aumento del salario mínimo y traslados del RAIS al Régimen de Prima Media. En cuarto lugar está el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC) con $10,7 billones (0,6% del PIB), destacando que aunque menor que en 2024 ($20,5 billones), sigue siendo una carga fiscal considerable.

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Cortesía – A.P.I.

“Otras transferencias, como los bonos pensionales y la deuda de entidades, contribuyeron en 0,5 puntos porcentuales al aumento estructural del gasto primario en 2025, lo que equivale a $9,2 billones”, indicaron.

Respecto a este último punto, advirtieron que “los bonos pensionales garantizan la continuidad de los derechos de afiliados que cotizaron en el Régimen de Prima Media (RPM) antes de trasladarse al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS), y se redimen al cumplir la edad de pensión, sumándose al capital acumulado en la cuenta individual. Su incremento en los últimos años responde al envejecimiento acelerado de la población y al creciente número de pensionados”.

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Recaudo y retos

Con base en todo lo anterior, en Fedesarrollo pasaron revista al estado del recaudo tributario, punto en el que señalaron que en 2024 evidenció una sobreestimación de ingresos por parte del Gobierno, reflejando una brecha de $46 billones respecto a la meta inicial del plan financiero.

En este sentido informaron que esta divergencia se debe a proyecciones optimistas basadas en un año atípico como 2023, donde el recaudo fue impulsado por anticipos de renta de empresas, mientras que para 2025, la meta de $299,8 billones sigue siendo ambiciosa, y Fedesarrollo estima un faltante de $28 billones debido a la desaceleración económica y a la incapacidad de sostener niveles artificialmente altos de tributación.

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“A partir de 2026, será crucial reconocer la menor base de recaudo y ajustar las proyecciones de gasto a niveles compatibles con esta nueva realidad fiscal. Para ello, será necesario adoptar medidas de ajuste del gasto y mejorar la eficiencia en su ejecución. Asimismo, se deberá retomar el debate sobre la ampliación de las bases gravables en la tributación de las personas y fortalecer la administración tributaria para combatir de manera efectiva la evasión”, señalaron.

Estos analistas fueron enfáticos en que el Gobierno enfrenta desafíos estructurales para estabilizar las finanzas públicas en 2025 y en los años siguientes. Es imprescindible reducir el gasto corriente, con un ajuste de al menos $28 billones, sin afectar la inversión pública, que ya ha sido desplazada por compromisos de funcionamiento.

Además, advirtieron, es fundamental ampliar la base tributaria, enfocándose en combatir la evasión y en integrar al sector informal con capacidad contributiva. La estrategia de seguir aumentando impuestos a los sectores formales ha alcanzado su límite, pues podría desincentivar la inversión y la formalización, impactando negativamente la actividad económica y el crecimiento del recaudo a largo plazo.

Por último, respecto a la posibilidad de otra reforma tributaria, cerraron diciendo que es necesario evitar que los nuevos impuestos recaigan sobre los mismos contribuyentes formales y, en su lugar, fortalecer la administración tributaria para aumentar la efectividad del recaudo sin afectar la competitividad.