la encrucijada que vive Toribío por cuenta de las disidencias de las Farc

En una trocha al filo de las montañas de la vereda La Bodega, en Toribío, Cauca, el 16 de marzo, defensores del territorio nasa, como la mayora Carmelina Yule Paví, acompañados por la guardia indígena, rodearon una camioneta exigiéndole al hombre que la conducía, al parecer, un cabecilla de las disidencias de las Farc con influencia en la región, que explicara dónde estaba un menor de 16 años que el frente ‘Dagoberto Ramos’ había insertado en sus filas.

La presión de los indígenas hizo tambalear la camioneta. Cuando la guardia trató de capturar al conductor, se escucharon ráfagas de disparos. Uno de los tiros de fusil impactó a Carmelina Yule, le causó muerte cerebral y apagó su vida.

Esta pérdida, por la que el gobierno de Gustavo Petro suspendió el cese del fuego con el ‘Estado Mayor Central’ (Emc), recordó muchas otras, como las de Cristina Bautista, autoridad ancestral, y cuatro miembros de la guardia indígena, asesinados el 29 de octubre de 2019 a manos de disidentes del frente ‘Dagoberto Ramos’.

Cristina fue asesinada cuando Toribío y el norte del Cauca registraban 300 muertos anuales, una cifra que, en el último año, ascendió a 467. También el 2019 quedó grabado en la memoria de Toribío por el ataque con cilindros a la estación de policía, el 22 de noviembre, que dejó tres uniformados muertos y 10 heridos. Al mes hubo otro ataque, en el que murió un patrullero.

Durante el sepelio de Carmelina, disidentes atacaron la caravana que llevaba su cuerpo entre las empinadas montañas de Toribío, donde, desde entonces, hombres con botas y fusil al hombro y armas de corto alcance en la cintura se han venido apostando en los costados de la única carretera de acceso al pueblo para controlar quién entra y quién sale. 

Al equipo periodístico de EL TIEMPO que se dirigía a Toribío para realizar este informe especial le impidieron seguir hasta el pueblo.

El alcalde Jaime Díaz (también nasa) y autoridades indígenas manifestaron que los retenes ilegales se han hecho más frecuentes y que no son una situación de ahora, sino de la época de las Farc. “Han habido desaparecidos, retenidos y hasta muertos”, dijo la autoridad indígena Leonardo Escué.

“Es muy poco lo que puede hacer la administración municipal. Nos enfrentamos a un grupo armado al que no le importa disparar a una multitud con niños”, dijo Escué, quien señaló que la Policía no cumple con su deber. “Casi nunca salen de la estación, que está de adorno. Hay dos batallones del Ejército, pero no hacen nada”, agregó.

El comandante de la Policía del Cauca, coronel Wilson Silva, dijo que llegaron unos 600 policías para fortalecer operativos en el departamento, especialmente en el norte. Explicó que la seguridad en la carretera es competencia del Ejército, y que se vienen trabajando en estrategias articuladas.

El alcalde Díaz pide más acciones y no solo presencia de la Fuerza Pública. “No nos oponemos, pero no es la única solución”, declaró.

Niños en riesgo

De otro lado, el mandatario local está preocupado por los niños que van a estudiar y deben recorrer a pie caminos de herradura, donde pueden ser reclutados. El transporte escolar para los 5.000 niños matriculados cuesta 1.680 millones de pesos y el Sistema General de Participaciones le deja al municipio apenas 400 millones. Este dinero alcanza para 53 días, cuando el año lectivo tiene 180. 

“Se han documentado más de 153 casos de reclutamiento a nivel nacional que solo conciernen a niños, niñas y adolescentes indígenas”, dijo la representante en Colombia del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Juliette de Rivero.

La oposición de la comunidad indígena de Toribío a prácticas ilegales como el reclutamiento, el tráfico de drogas y los homicidios son las razones por las que líderes consideran que las disidencias están llevando a cabo una seguidilla de acciones violentas.

Según la Defensoría del Pueblo, las disidencias de las Farc convirtieron a Toribío en un centro de entrenamiento de niños reclutados. “Lo hemos advertido muchas veces, pero la política en prevención está estática. El subregistro es enorme, porque primero pasan como desapariciones forzadas y luego las familias temen denunciar el reclutamiento por estigmatización o amenazas”, dijo el defensor del Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo, Ricardo Arias.

De los 166 menores reclutados entre enero y noviembre de 2023, registrados por la Defensoría, 124 son del Cauca. Cifras de la Fiscalía, presentadas recientemente ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), evidencian que la mitad de los casos de reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescente que se registraron en el país en 2023 ocurrieron en el Cauca. Y en lo que va corrido de este año van 38 reportes relacionados con el tema.

“Tienen varias formas de convencimiento, incluso utilizan las redes sociales para engañar a los jóvenes con falsas oportunidades de empleo para administrar fincas y llevárselos reclutados, todo esto se debe a la falta de oportunidades de educación y trabajo”, comentó el consejero mayor del Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric), Jhoe Sauca.

El más reciente informe sobre la situación de los pueblos indígenas en Colombia, realizado por el relator especial sobre derechos de pueblos étnicos, José Francisco Cali Tzay, señala que hasta niños de 6 años están siendo reclutados. Un panorama realmente desolador. “Es una situación que es preocupante, esencialmente por la cuestión de la violación al derecho internacional humanitario”, indicó Cali Tzay, quien llamó la atención en que los actores armados también estarían reclutando a menores que luego retornan a las comunidades como informantes.

El temor se intensifica ya que se habla de denuncias sobre algunos planes ‘pistola’ en contra de líderes de la zona. “Después de cinco meses de cese del fuego con el Emc y de violar de forma sistemática lo pactado, en nuestros territorios queda claro que sin un verdadero compromiso de los actores armados no habrá pacificación”, expresó el gobernador del Cauca, Octavio Guzmán.

Tras el asesinato de Carmelina Yule, los indígenas están dispuestos a capturar a cabecillas y a disidentes, bajo su jurisdicción especial, y están decididos a retomar el control social en el territorio con puntos de control. Aunque entre los nasas se abrió la posibilidad de un diálogo con disidentes, por ahora esa opción está descartada.

CAROLINA BOHÓRQUEZ Y MICHEL ROMOLEROUX

CORRESPONSALES DE EL TIEMPO

CAUCA