En Latinoamérica, el 34% de las denuncias contra abogados están relacionadas con faltas éticas, según datos del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (Ceja). Esta cifra revela una realidad preocupante: la confianza ciudadana en la justicia y en quienes la representan está en crisis.
En un contexto donde las leyes moldean la convivencia social, la ética y la responsabilidad profesional de los abogados no son solo un deber moral, sino una garantía esencial para la legitimidad del sistema jurídico.
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El ejercicio riguroso de la profesión impacta directamente en el acceso a la justicia, la equidad y la integridad de las instituciones. La labor del abogado va mucho más allá del dominio técnico de las normas: exige compromiso con la verdad, confidencialidad y lealtad hacia los clientes, sin vulnerar el interés público. Así lo destacan los códigos deontológicos de asociaciones profesionales como el Colegio de Abogados, que insisten en que la abogacía es un servicio social, no solo una ocupación lucrativa. Casos de corrupción que involucran la complicidad de juristas y funcionarios evidencian cómo las faltas éticas debilitan el Estado de Derecho y erosionan la confianza ciudadana.
Mario Manuel León Pulido, docente del programa de Derecho de la Universidad ECCI y líder del área de Derecho Público y Sociohumanística, subraya la relevancia de la ética profesional. “La ética profesional en el ejercicio del Derecho se refiere a ese conjunto de principios morales y normas deontológicas que rigen la conducta de los abogados. Esto incluye valores como la integridad, la confidencialidad, la lealtad hacia los clientes, el respeto a los colegas y a los tribunales, y el compromiso con la justicia”, destaca León Pulido.
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En sus palabras, la ética “se materializa en códigos deontológicos que equilibran los intereses individuales con el bien común”. Para el académico, la formación ética de los abogados es vital, pues garantiza la credibilidad del sistema jurídico: “Sin ética, se socava la confianza en la justicia y se fomenta la arbitrariedad”.
A esta perspectiva se suma la visión de Andrés Atahualpa Pérez, director de la carrera de Derecho de la Pontificia Universidad Javeriana, quien enfatiza que “la ética sostiene a la justicia y limita el poder del derecho”. Según Pérez, “en una sociedad con tantas fracturas como la nuestra, formar abogados éticos es crear agentes que cuestionen jerarquías injustas en lugar de perpetuarlas”.
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En su opinión, la ética no puede reducirse a un simple código normativo, sino que es una práctica viva que integra la dignidad humana, el bien común y la responsabilidad social. “La excelencia jurídica no está tanto en ganar casos como en recordar que el derecho es un instrumento capaz de sanar heridas sociales”, enfatiza.
Avances y desafíos
Sobre los avances recientes, Pérez advierte que si bien Colombia ha implementado el examen de habilitación (Ley 1905 de 2018) como un mecanismo para garantizar la idoneidad profesional, persisten desafíos estructurales.
“Pareciera que la apuesta estatal por incidir en la formación ética de los abogados y en su responsabilidad social se encuentra desconectada de las apuestas curriculares de las distintas universidades”, señala. Según él, la ética como práctica cotidiana sigue siendo una tarea pendiente para la educación jurídica, y urge “unir los hilos de la formación jurídica y de sus actores” para lograr un verdadero cambio.
En cuanto a los deberes éticos de la profesión, Pérez insiste en que el abogado debe actuar de manera leal hacia su cliente -sin confundir lealtad con complicidad-, defender sus intereses sin instrumentalizar el derecho para la impunidad y tener un respeto profundo por la dignidad humana, el debido proceso y la justicia social.
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“En el ámbito profesional, exige solidaridad crítica con los colegas, promoviendo el debate riguroso y reconociendo que la pluralidad de enfoques fortalece el sistema”, indica.
Frente a la sociedad, el abogado tiene el deber de comprometerse con el desmantelamiento de desigualdades estructurales y la promoción del acceso efectivo a la justicia, incluso cuando ello implique riesgos personales. En un país donde la transparencia y la confianza en las instituciones son desafíos permanentes, la ética jurídica no es solo una exigencia académica, sino un compromiso ineludible con el bien común y la justicia social.
Nelson Doria Arcila
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Fuente de TenemosNoticias.com: www.portafolio.co
Publicado el: 2025-07-02 01:11:00
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