Ley de encuestas limitaría publicación de intención de voto y encarece mediciones en Colombia | Gobierno | Economía
Un nuevo proyecto de ley, aprobado por el Congreso de la República y a la espera de la firma del presidente Gustavo Petro, ha encendido las alarmas entre firmas encuestadoras, analistas y defensores del acceso a la información en Colombia; ya que pese a que sus responsables alegan que busca dar mayor rigurosidad al proceso, podría el remedio, ser más fuerte que la enfermedad.
La iniciativa, tramitada y avalada durante el más reciente periodo legislativo, busca actualizar y regular la realización, publicación y divulgación de encuestas de opinión política y electoral y entre sus principales disposiciones, establece que las encuestas de intención de voto solo podrán publicarse dentro de los tres meses anteriores al inicio del período de inscripción de candidaturas.
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En el caso de las elecciones presidenciales de 2026, cuya inscripción de candidatos arranca el 31 de enero, esto significaría que solo podrían divulgarse encuestas desde el 31 de octubre de 2025; lo cual se convierte en una restricción inédita en el país que, según expertos, supone un recorte drástico en el flujo de información previo a las campañas y limita el seguimiento a la evolución de la opinión pública.
“Mordaza estadística”
Para Víctor Muñoz, cofundador de Guarumo, la norma, aunque bien intencionada en cuanto a promover transparencia, impone una carga técnica, jurídica y financiera desproporcionada sobre las encuestadoras y advierte que “la restricción que prohíbe publicar encuestas sobre intención de voto hasta tres meses antes de la inscripción impone una suerte de mordaza estadística”.
Según Muñoz, el efecto práctico es que los candidatos ya posicionados, como senadores, exministros, exalcaldes, conservarán su ventaja, mientras que las nuevas alternativas o outsiders verán reducida su visibilidad, dado que “la encuesta no fabrica el fenómeno, lo mide. Y esta ley apaga el termómetro justo cuando más se necesita”.
Encuestas
Por otra parte, una de las críticas más reiteradas tiene que ver con el aumento de exigencias técnicas y administrativas para poder publicar una encuesta, puesto que la nueva ley obliga a las firmas a entregar al Consejo Nacional Electoral (CNE) una ficha técnica detallada, los microdatos anonimizados, el código computacional usado para procesar los resultados, grabaciones, formularios originales y justificación estadística de la muestra.
Además, todas las encuestas nacionales serán auditadas obligatoriamente por esta entidad, y las territoriales, de forma aleatoria; al tiempo que queda claro que solo podrán operar firmas registradas ante el CNE, que deberán tener al menos tres años de antigüedad, experiencia comprobada y cumplir con normas técnicas del Subsistema Nacional de Calidad.
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Es por esto que para César Caballero, director de Cifras y Conceptos, estos requerimientos “van a llevar a que haya bastante menos encuestas públicas en Colombia”, explicando que los costos aumentarán, y solo los candidatos con mayor músculo financiero podrán acceder a servicios de medición de opinión y que “se va a restringir el acceso de la ciudadanía a información clave, y eso empobrece la calidad del debate democrático”.
Caballero también cuestiona aspectos técnicos del articulado, como el uso de regiones estadísticas del Dane con fines electorales, apuntando que “se obliga, por ejemplo, a que para representar la región central se incluya a Bogotá y Norte de Santander, lo cual no tiene sentido técnico”.
Consejo Nacional Electoral (CNE)
Riesgos jurídicos
Más allá de los aspectos operativos, uno de los puntos más controversiales es la introducción de responsabilidad penal para las firmas encuestadoras que incumplan la ley o las llamadas “leyes de la estadística”, un concepto que no está definido de manera precisa en el ordenamiento jurídico colombiano.
Al respecto, Víctor Muñoz dice que “equiparar errores técnicos como una falla en el diseño muestral o una omisión involuntaria con delitos penales es un exceso inédito. Se genera un riesgo jurídico permanente, se inhibe la innovación y se desincentiva la entrada de nuevas firmas al mercado”.
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El sector también alerta sobre riesgos de privacidad, como la obligación de entregar grabaciones, formularios y listas de números telefónicos al CNE, que puede entrar en conflicto con la Ley 1581 de 2012 sobre protección de datos personales, y requiere medidas adicionales de ciberseguridad que muchas firmas no están en capacidad de implementar de forma inmediata.
Otro foco de tensión es el papel del Consejo Nacional Electoral, que será regulador, auditor, sancionador y custodio de microdatos, lo que, según críticos, representa una concentración de funciones con escasos mecanismos de control externo.
La nueva ley puso varias restricciones a las encuestadoras.
La ley crea una Comisión Técnica de Encuestas, integrada por cinco expertos en estadística que serán designados por el CNE a partir de postulaciones universitarias. Este órgano podrá auditar encuestas, revisar las preguntas formuladas e incluso invalidar publicaciones si encuentra fallas metodológicas o formales.
“Es preocupante que se establezca la vigilancia posterior del contenido de las preguntas”, señala un análisis técnico del sector, donde también reza que “esto afecta la libertad metodológica y abre la puerta a cuestionamientos subjetivos sobre enfoques investigativos legítimos”.
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La posición de la MOE
Desde la Misión de Observación Electoral (MOE), su directora Alejandra Barrios reconoció que el equipo aún está en proceso de análisis detallado, pero advirtió que las encuestas sí influyen en la opinión pública y, al mismo tiempo, son un mecanismo legítimo para que la ciudadanía acceda a información plural y oportuna.
“Limitar la publicación de encuestas puede afectar el acceso a la información y con ello la capacidad del votante de tomar decisiones informadas”, señaló Barrios, quien anunció que este será uno de los temas prioritarios para la Comisión de Seguimiento Electoral en los próximos meses.
Elecciones.
Aunque el propósito inicial de la ley es promover la transparencia y evitar la manipulación electoral, varios expertos coinciden en que el exceso de requisitos, el riesgo de sanciones penales y la veda informativa pueden terminar siendo contraproducentes.
“El camino al infierno está empedrado de buenas intenciones”, resume Caballero, agregando que “los candidatos con dinero seguirán haciendo encuestas privadas. Los sin dinero y los votantes quedarán con menos insumos para entender lo que está pasando en el país”.
La pelota ahora está en el campo del presidente Gustavo Petro, quien deberá decidir si sanciona o no esta ley; mientras que su firma definirá si Colombia estrena en las próximas semanas el régimen más restrictivo en materia de encuestas electorales en su historia reciente.
Fuente de TenemosNoticias.com: www.portafolio.co
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