Edmundo González Urrutia: Una falla sobre otra falla

Eso es lo que hoy ocurre en Venezuela.

Los venezolanos han demostrado, una y otra vez, una extraordinaria capacidad para resistir la adversidad. Han levantado comunidades donde faltaban servicios, han tendido redes de solidaridad cuando las instituciones no respondían y han aprendido a enfrentar la incertidumbre con una dignidad admirable. Pero la resistencia de un pueblo no puede convertirse en la política de gestión de riesgos de un país.

Mientras Carlos Báez buscaba cómo rescatar a una vecina atrapada entre los escombros en La Guaira, Dayana Delgado recorría refugios improvisados preguntando por su hijo de ocho años desaparecido. Ninguno esperaba soluciones extraordinarias. Esperaban algo mucho más básico. Que el Estado llegara.

Como ellos, miles de venezolanos han pasado las primeras horas de esta tragedia organizándose entre vecinos, removiendo escombros con sus propias manos y tratando de localizar a familiares. Son escenas que conmueven por la solidaridad que revelan, pero también por la ausencia institucional que dejan al descubierto.

El alcance completo de esta tragedia todavía no puede dimensionarse. Sin embargo, los daños ya son evidentes. Hay familias que lo han perdido todo, comunidades aisladas, infraestructura afectada y personas que continúan esperando ser rescatadas. Cada hora resulta decisiva cuando aún hay vidas que pueden salvarse.

La comunidad internacional ha reaccionado con rapidez. Gobiernos de distintos países, la Unión Europea y organismos humanitarios han manifestado su disposición a colaborar. La capacidad de ayuda existe. El desafío es que esa asistencia pueda ingresar sin obstáculos, coordinarse a través de los mecanismos humanitarios establecidos y llegar directamente a quienes hoy la necesitan.

En una emergencia de esta magnitud, la ayuda humanitaria debe regirse por principios universalmente reconocidos. Los principios de humanidad, neutralidad, imparcialidad e independencia garantizan que la asistencia llegue a quienes la necesitan, sin discriminación y libre de intereses distintos al alivio del sufrimiento humano. Son el estándar que protege a las víctimas cuando cada minuto cuenta.

La demora, consecuencias irreversibles

En circunstancias como estas, la protección de la vida debe estar por encima de cualquier otra consideración. Cada decisión que facilite la llegada de la ayuda puede salvar vidas. Cada demora tiene consecuencias irreversibles.

No es la primera vez que Venezuela enfrenta una tragedia de esta naturaleza. En diciembre de 1999, la tragedia de Vargas dejó una marca imborrable en nuestra historia. Entonces también hubo solidaridad ciudadana, ayuda internacional y promesas de reconstrucción. Pero la verdadera reconstrucción no consiste únicamente en levantar viviendas o reparar carreteras. Consiste en fortalecer instituciones capaces de prevenir, responder y proteger.

Un cuarto de siglo después, Venezuela llega a esta nueva emergencia con menos capacidades que entonces. El deterioro de la infraestructura, la debilidad de los servicios públicos y el progresivo desmantelamiento de las capacidades del Estado han hecho que una emergencia de esta magnitud encuentre al país en condiciones de mayor vulnerabilidad.

Las catástrofes naturales no distinguen entre ideologías ni entre gobiernos. Pero sí ponen al descubierto la calidad de las instituciones que una sociedad ha construido. La naturaleza produce el terremoto. La fortaleza -o la fragilidad- del Estado determina cuánto sufrimiento puede evitarse después.

Los venezolanos volverán a levantarse, porque lo han hecho muchas veces. Pero la fortaleza de un pueblo no puede seguir utilizándose para justificar la ausencia del Estado. La solidaridad ciudadana salva vidas. Las instituciones existen para que no tengan que salvarlas solas.

El terremoto abrió una falla en la tierra. La otra falla, la que Venezuela lleva años soportando, solo podrá cerrarse cuando el Estado vuelva a estar al servicio de sus ciudadanos.