Desde principio de año diferentes sectores —encabezados por la comisión accidental de la Cámara de Representantes, la Fundación Ideas para la Paz y Proantioquia— lanzaron una serie de advertencias argumentando que habría una poca capacidad de los ministerios para viabilizar los proyectos que entrarán a la bolsa del mecanismo obras por impuestos para este 2024.
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Pese a que a finales de diciembre el Gobierno Nacional amplió el cupo Confis, que pasó de 800.000 millones de pesos a un billón de pesos para el presente año, aún está en duda si la totalidad de los recursos podrá ser ejecutada por el sector privado con proyectos en municipios PDET y Zomac.
La primera alerta llegó por cuenta de los representantes antioqueños Juan Espinal, Daniel Carvalho y Óscar Pérez. En una misiva dirigida al Departamento Nacional de Planeación y a los ministerios de Educación, Transporte y Minas y Energía, los congresistas manifestaron que era “de importancia y de suma urgencia” que las carteras “dispongan de los recursos necesarios y su equipos de trabajo para la revisión y viabilización de los proyectos”.
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Las dudas radican en que los proyectos deben estar publicados en el banco de la Agencia de Renovación del Territorio (ART) para el próximo 15 de febrero, pero, según manifestaron las fuentes consultadas, algunos ministerios, especialmente los que tienen poca experiencia en el mecanismo, no cuentan capacidad suficiente para examinar las propuestas postuladas.
El mecanismo obras por impuestos inició en 2018 con un cupo de 250.000 millones de pesos.
Advertencias por capacidad del Gobierno
“No tenemos ninguna respuesta, no hay información nueva. Seguimos con ese llamado al Gobierno Nacional. Nos parece un buen gesto haber ampliado el cupo, creemos que eso le apuesta a la construcción de paz y a un buen relacionamiento entre el sector público y el sector privado, pero necesitamos que estén en capacidad de tramitar las propuestas”, le dijo a EL TIEMPO el presidente de la comisión accidental de obras por impuestos, Daniel Carvalho.
La Fundación Ideas para la Paz (FIP), que hace seguimiento al mecanismo desde 2018, apuntó que la capacidad no solo debe existir durante la viabilización, sino durante toda la ejecución de los proyectos para que se haga un uso efectivo del cupo.
“Nuestra advertencia principal es cómo se va a utilizar el cupo y cuál es la capacidad del mecanismo mismo para hacer un uso completo de los recursos. Es muy importante que haya ese respaldo, pero esto debe ir acompañado de un recurso humano por lo que implica movilizar un billón de pesos en las zonas más afectadas por la violencia en el país”, explicó Luisa de la Cuesta, investigadora del área de construcción de paz de la FIP.
En el llamado se incluyen, además del Gobierno Nacional, a las gobernaciones y los municipios —categoría 5 y 6 en la mayoría de casos— que son los primeros encargados de formular los proyectos.
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Proantioquia advirtió que la estructuración “siempre ha sido el principal reto” de obras por impuestos porque “el Estado no alcanza a ofertar un banco de proyectos robusto y de calidad” que permita atender la demanda de pago del impuesto de renta de las empresas.
“Al ser un mecanismo tributario para la ejecución de proyectos de inversión pública, requiere de equipos robustos en las entidades territoriales, la ART y los ministerios para garantizar una coordinación eficiente de estos equipos de cara a la estructuración, revisión, aprobación y ejecución de las obras”, enfatizó Juan David Montoya, responsable de desarrollo y equidad territorial de Proantioquia.
Piden mayor articulación
De la Cuesta advirtió que la articulación también se debe dar en los diferentes departamentos donde el mecanismo no se ha aprovechado de la misma manera que en otros.
En Antioquia, por ejemplo, existe la plataforma obras por impuestos en la que participan la gobernación, el sector privado y Proantioquia. No en vano, a 2022 el departamento era el segundo a nivel nacional con el mayor número de proyectos (36, dos menos que Tolima) y el que contaba con más recursos aprobados con 265.515 millones de pesos.
“Hay algunas regiones que definitivamente están muy rezagadas, pacífico medio, el sur de Córdoba, Chocó, la Macarena y Guaviare suelen ser subregiones que, por uno u otro motivo, todavía no han aprovechado el mecanismo”, indicó la investigadora de la FIP.
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Por ejemplo, hasta 2022, se habían aprobado proyectos en 23 de los 28 departamentos con municipios PDET y Zomac. Por fuera quedaron Vichada, Vaupés, Guaviare, Quindío y Boyacá.
“Lo que sí hay es, por ejemplo, esfuerzos de muchas empresas que tienen alcance nacional por intentar llegar a otros departamentos. A algunas compañías que están en Antioquia les interesa llegar a otras regiones, lo mismo ha pasado en Tolima o Valle del Cauca”, agregó De la Cuesta.
El sector transporte es el que más recursos ha tenido a través del mecanismo obras por impuestos.
Gobernación de Antioquia
Un balance positivo
En noviembre de 2023 la ART, que actúa como articulador del mecanismo entre las diferentes entidades del Gobierno Nacional, instaló la primera Mesa Nacional de Obras por Impuestos que tiene como fin impulsar la estrategia para que más compañías se vinculen a la formulación, estructuración y ejecución de proyectos.
El objetivo es que el escenario de diálogo entre el sector público y privado no se quede exclusivamente en Bogotá, sino que se pueda descentralizar en las diferentes regiones y departamentos a través de plataformas —como sucede en Antioquia—, con la articulación de las Cámaras de Comercio y otras organizaciones.
Desde la entidad expresaron extraoficialmente que “el mecanismo no está en riesgo” y que ya hay sectores con enlaces en las diferentes entidades del Gobierno Nacional para avanzar en la revisión de los proyectos.
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Entre 2018 y 2023 se aprobaron 297 proyectos por 2,1 billones de pesos en sectores como infraestructura, salud, vivienda, energía, gestión del riesgo, pago por servicios ambientales, tecnologías de la información y la comunicación, deporte y salud.
“Está la voluntad del sector privado, está la autorización por parte de la Nación y sería una lástima que por lentitud administrativa no pudiéramos ejecutar esto que al final los más perjudicados son las comunidades más vulnerables”, puntualizó el representante Carvalho.
SEBASTIÁN CARVAJAL BOLÍVAR
CORRESPONSAL EL TIEMPO – MEDELLÍN
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Publicado el: 2024-02-11 01:00:00
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