Paro minero en Antioquia: zozobra en la población del Bajo Cauca – Medellín – Colombia

“Pido encarecidamente su intervención en este conflicto ¡Dios! ¿Qué tenemos que hacer para parar esto? Son niños y adultos mayores quienes están en medio de esta guerra”.

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Así reza uno de los mensajes que recibió durante el fin de semana un defensor de Derechos Humanos del Bajo Cauca en medio de la zozobra causada por el llamado paro minero que ajustó 12 días en sectores de Antioquia y el sur de Córdoba.

La población está atemorizada por cuenta de los desmanes y bloqueos que han sido infiltrados, según las propias autoridades, por el ‘clan del Golfo’.

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Una autoridad de Caucasia que prefirió omitir su nombre, le dijo a EL TIEMPO que “a pesar de la presencia de la Fuerza Pública, los desmanes siguen. Hay unos jóvenes que salen a la calle a hacer desórdenes, a tirar piedras y a enfrentarse con el Esmad. Es gente que no pertenece a los manifestantes, la mayoría son menores de edad”.

Un habitante de Caucasia, dice que el municipio entró en un ‘auto toque de queda’. Pese a que la Gobernación de Antioquia ha decretado varias de estas restricciones, la población no sale, así pueda.

“Las noches más duras han sido las del primer viernes del paro (3 de marzo), la del viernes pasado (10 de marzo) y la de ayer (sábado 11 de marzo), que fue cuando quemaron esas ambulancias”, indica.

Dice, además, que las detonaciones son constantes y que las balas y la zozobra se apoderaban del pueblo, sobre todo, en las noches.

Los mineros que realmente reivindican sus derechos permanecen confinados en el coliseo municipal, pero cerca de allí, después del mediodía, se descompone la supuesta tranquilidad de la mañana.

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En plena intersección de vías nacionales, a unas 10 cuadras, tienen lugar las provocaciones con piedras a los uniformados que conforman un grupo de unos 30 ‘muchachos’, dice la fuente que pidió reserva de su nombre.

“Son instrumentos. Son ‘pelaos’ sin nada que hacer. Dicen que les dan 80.000 pesos, vicio, trago y comida”, comentó la autoridad.

Con la economía a medias y la minería frenada, muchos de los pobladores no tienen con qué comprar sus mercados, a pesar de que, poco a poco, se han abastecido los comercios a través de caravanas humanitarias.

La rutina de la población en Caucasia ya es otra. La gente salía de sus casas al mercado, a trabajar y se veían personas en el parque jugando. Pero desde la noche del pasado viernes 3 de marzo todo cambió.

Multas y reclutamiento

En el corregimiento Jardín Tamaná (Cáceres), un grupo de manifestantes intentó quemar la estación de Policía en la noche del viernes. En medio de los disturbios, seis personas resultaron heridas y una de ellas falleció en la madrugada de este domingo en el Hospital César Uribe Piedrahita de Caucasia.

Aunque no están claras las circunstancias en las cuales sucedieron los hechos, lo que sí es evidente para las autoridades es que el ‘clan del Golfo’ estaría reclutando jóvenes para participar de los desmanes.

El gobernador Aníbal Gaviria dice que “están los videos, chats y testimonios que indican esa extorsión. Se tienen pruebas de que este grupo ha ido a varios municipios para sacar de las casas a hombres y jóvenes para montarlos en volquetas y llevarlos a las manifestaciones”.

En la zona indican que los ilegales presionan a la población. “En esto se mezclan una cantidad de actores: armados que están infiltrados, mineros que están siendo obligados y también jóvenes que en medio del consumo de drogas y licor, y pagados por esta organización, hacen parte de los desmanes”, agrega Gaviria.

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El mandatario asegura que hay un grupo de mineros que se han apartado de las manifestaciones violentas, al cual expresó su respeto y respaldo.

Sin embargo, explica que es innegable que otro grupo ha estado participando en los desmanes, en su mayoría, obligados por el ‘clan del Golfo’.

“Se aprovechan de jóvenes, seguramente, con consignas para llevarlos a ese propósito, pero, además, con el pago para ser parte de esos desmanes, según información de inteligencia que tiene la Fiscalía y Fuerza Pública”, puntualiza.

Durante el fin de semana también se reportó la incineración de dos ambulancias en las vías del Bajo Cauca. Y otra, que viajaba desde El Bagre a Caucasia con una madre gestante remitida por preeclampsia, tuvo que regresar en medio de los hechos de violencia. Afortunadamente, la mujer y su bebé están fuera de peligro luego de que se le practicara una cesárea.

Y en la noche de este domingo, hombres prendieron fuego a la caseta de peaje en Tarazá, en plena Troncal de Occidente, vía que conecta a Medellín con la costa caribe. 

Comercio por cuatro hotas

Precisamente, a 326 kilómetros de Medellín está El Bagre, uno de los seis municipios del Bajo Cauca. Allí la situación también es crítica. El comercio solo abre cuatro horas del día y eso, cuando hay qué vender. La gente no tiene dinero, tampoco comida y los médicos no cuentan con insumos para atender a la población.

“El tema de la alimentación es que no hay, ayer (sábado) solo abrió un ratico el comercio, pudieron salir algunas personas a abastecer, los que tenían con qué porque los otros no tenían dinero y se sigue esperando que llegue una caravana, pero a la fecha no ha llegado”, dice Juan Gabriel Rodríguez, personero de El Bagre.

Hay más de tres mujeres a punto de dar a luz y no hay insumos para poder atender un trabajo de parto. El personal médico tiene miedo, no quieren salir en ambulancias con los pacientes, hay temor, hay pánico e incertidumbre. No hay forma de que una ambulancia salga del municipio, no hay forma de que una materna dé a luz.

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En toda la subregión hay seis pacientes que aún esperan por una remisión médica a un centro de mayor complejidad.

Según las autoridades, hasta el momento van 25 heridos y dos muertos en medio de los disturbios de los últimos días en el Bajo Cauca. De los lesionados, 16 son civiles y 9 son de la Fuerza Pública.

A esta hora siguen los bloqueos en la Troncal de Occidente, en el tramo entre Tarazá y Cáceres. Así como cierres intermitente en los puentes Carlos Lleras y La Libertad en El Bagre; los conductores de empresas de transporte público interdepartamental y de servicio privado se rehúsan a movilizar sus vehículos hacia la región que algunos ya la catalogan como ‘una zona de guerra’.

SEBASTIÁN CARVAJAL BOLÍVAR Y MARÍA ALEJANDRA RODRÍGUEZ CASTELLANOS
REDACCIÓN EL TIEMPO MEDELLÍN
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