¿Podría no sancionarse la ley que prohíbe las corridas de toros? Taurinos se aferran a opciones legales

Octavio Cardona, representante a la Cámara por Caldas y uno de los dos únicos votos negativos al proyecto votado este martes, indicó que el último recurso que le queda a los líderes de este sector es demandar el trámite de la reforma por cuanto, para algunos, “el trámite fue inadecuado al haberse adelantado por comisión sexta”.

“De otro lado, por cuanto nadie dijo cuánto vale la reconvención laboral plasmada en el proyecto, lo cual puede viciar el trámite por ausencia de viabilidad y sustentabilidad fiscal”, precisó el también abogado.

Y es que, el proyecto aún no tendría concepto favorable de los Ministerios de Hacienda y Trabajo, que – de la mano de otras instituciones estatales- deberán revisar cómo aplicar el proceso de reconversión económica a las personas que viven de oficios relacionados.

Es de precisar que, al respecto, de parte del Gobierno los únicos conceptos que llegaron fue de Mineducación y el DANE, tal como reposa en los informes de Congreso de la República.

De acuerdo a lo mencionado por Alejandro García, representante a la Cámara y uno de los proponentes del proyecto, de cara a tres años, el DANE tendrá la responsabilidad de hacer un diagnóstico para determinar la cantidad de familias que dependen exclusivamente de estas actividades en el país y, además, determinará el número de personas que, aunque no dependan directamente de estas, se ven beneficiados con su realización.
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“Una vez se promulgue la ley, el Gobierno Nacional tendrá tres años para diseñar e implementar las rutas y programas de atención a estas familias para su reconversión económica y laboral. Esa será una tarea que entidades nacionales tendrán que articular con entidades territoriales, asegurándose de que todos aquellos que comprueben que derivan su sustento de la tauromaquia queden cobijados con las medidas establecidas por el Ejecutivo”, señaló el Representante.

García también precisó que esta “reconversión” se trata de una transición económica en donde se les incluirá en las actividades que se realizarían en los centros culturales que se crearían en las antiguas plazas de toros. “A los taurinos les decimos que participen de la reconversión, hay oportunidades en este proyecto. A Manizales y Cali, esto es una oportunidad para que estas ciudades y estos espacios subutilizados puedan ser lugares de cultura, arte, deporte y conciertos”, aseveró.

En varias oportunidades, la Corte Constitucional se ha pronunciado sobre las corridas de toros, en la última comunicación, emitida en a finales de 2023 como respuesta a una demanda, la Corte mencionó que la temporada taurina de Manizales, que se realiza en el marco de la Feria de la ciudad cada año en el mes de enero, hace parte de la tradición cultural y popular de los habitantes de la capital caldense.

Así se evidencia en el artículo 1 (parcial), artículo 2 y artículo 3 (parcial) de la Ley 1025 de 2006 “Por medio de la cual se declara como patrimonio cultural de la Nación a la Feria de Manizales y a la Feria Taurina de Manizales, en el departamento de Caldas y se dictan otras disposiciones”.

Aunque este concepto ha sido varias veces demandado, no ha prosperado en la Corte. Así las cosas, esta es la última carta de los taurinos, pues la ciudad puede alegar la mencionada condición cultural.

Juana Carolina Londoño, representante a la Cámara por Caldas y quien representa el segundo único voto negativo al proyecto de ley, aseguró que ese será la siguiente batalla.

“Muchas familias quedarán sin empleo en una tradición que se había reconocido para ciudades como Manizales y Cali como regiones taurinas. Ahora Será la Corte Constitucional quien decida el futuro de la tauromaquia en Colombia; queda esperar esa revisión y el avance de otro proyecto de ley que busca la regulación de las prácticas taurinas sin el elemento de la prohibición”, mencionó.