Qué viene para el Presupuesto General de la Nación en el Congreso | Finanzas | Economía

Entre advertencias de posibles recortes a la inversión, la propuesta para bajar en $12 billones el monto total y la ponencia alternativa que busca hundir la ley de financiamiento antes de que nazca, el proyecto de Presupuesto General de la Nación para el 2025 entró en la recta final de su primera etapa en el Congreso, que tiene menos de una semana para aprobar el monto total de estas cuentas de gasto.

La situación en el Legislativo se parte entre quienes recomiendan que los $523 billones que solicitó el Ministerio de Hacienda se bajen a $511 billones, para evitar una ley de financiamiento que muchos catalogan como inconveniente en este momento de la economía y los llamados de la Casa de Nariño para que le den luz verde, argumentando que está en juego la inversión en las regiones.

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En la previa a esta semana, un grupo de 30 congresistas radicó la propuesta formal de reducción, que el mismo presidente del Congreso, Efraín Cepeda explicó como una alternativa para no arriesgar la estabilidad fiscal de la Nación, que no haya presiones innecesarias durante el proceso de aprobación del Presupuesto y garantizar que más adelante se de el debate sobre la reforma tributaria que el país necesita.

Básicamente lo quieren en esta parte del Senado y la Cámara, es que se avalen las cuentas sin la parte que depende de la ley de financiamiento y que una vez se defina el recaudo que puede llegar a tener este proyecto, se adicionen los recursos a las cuentas del Estado, evitando de esta forma que suceda lo que ya se vio este año, cuando se tuvo que recortar el presupuesto porque no llegaron los litigios de arbitramento de la Dian.

Fechas claras

Revisando lo establecido en la agenda del Congreso para esta semana ya se dejaron definidos los pasos a seguir en el proceso de aprobación del PGN, que tendrá mucho movimiento en la primera mitad, ya que se espera dejar todo listo para entrar en el detalle y revisar los proyectos, obras y contratos en los que se gastará la plata de los colombianos.

En la programación divulgada por ambas salas de la rama legislativa quedó establecido que este martes 10 de septiembre; se realizará una reunión más de las comisiones conjuntas del Senado y la Cámara de Representantes para terminar de pasar revista a las entidades y llegar a la votación final y el miércoles 11 de septiembre, cuando se espera que quede definido si se avalan o no los $523 billones que solicitaron.

Actualmente, según lo explicado por varias autoridades fiscales y centros de estudio, el Presupuesto General de la Nación tiene tres grandes alertas respecto a su capacidad de recaudo, ya que el Minhacienda apunta a que la gestión de la autoridad tributaria se traducirá en ingresos adicionales por $16 billones para la Nación, dato que para otros expertos no pasaría de $6 billones.

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Por otra parte se tiene el hueco en el fondo de combustibles que se subirá al menos $7 billones y los $12 billones que el Gobierno reconoció que le hacen falta y dependen de una Ley de Financiamiento o reforma tributaria para poderlos ejecutar. De esta forma, harían falta por lo menos $29 billones el otro año, que para muchos debería llevar a hablar de un recorte al gasto, mientras que desde la Casa de Nariño se centran en la inversión.

Cuidar la inversión

En línea con lo que ha dicho durante las reuniones con el Congreso para debatir el Presupuesto General de la Nación, Planeación Nacional volvió a pronunciarse sobre los renglones del Presupuesto que se verían afectados por un eventual recorte de estas cuentas y dijo al país que los $12 billones que llegarán por la ley de financiamiento, serán usados para inversión en las regiones.

Pesos colombianos

El director de esta entidad, Alexander López Maya, resaltó que el presupuesto presentado para 2025 refleja el compromiso del Gobierno nacional por la sostenibilidad de las finanzas públicas, en estricto cumplimento de la Regla Fiscal y de todos los compromisos legales del Estado, con lo cual no ven dudas respecto a su ejecución.

“Si bien el país atraviesa restricciones macroeconómicas y fiscales que han limitado la asignación de recursos de inversión para la próxima vigencia. Este Gobierno tiene el compromiso de garantizar un mínimo de recursos para que Colombia avance hacia la justicia social y la protección de la vida, materializando las transformaciones trazadas en el Programa de Gobierno y el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026”, indicó.

Así las cosas, explicó que los recursos adicionales por $12 billones considerados en el presupuesto están amparados en el artículo 347 de la Constitución Política, que faculta al Gobierno a tramitar una Ley de Financiamiento para atender los gastos proyectados y que permitirán financiar un mínimo de inversiones estratégicas que bajo otro escenario estarían desfinanciadas, dada la alta inflexibilidad que actualmente existe en el proceso de programación presupuestal.

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“Estas rigideces son en parte resultado de las decisiones de Gobiernos anteriores, como la deuda adquirida con el Fondo Monetario Internacional, el Fondo de Estabilización del Precio de los Combustibles (FEPC), las vigencias futuras, las deudas de la pandemia pendientes de pago al Sistema de Salud, la opción tarifaria, entre muchas otras que aumentan la presión sobre el presupuesto de 2025”, agregó el director López Maya.

Fuentes que han hecho parte de las conversaciones entre el Minhacienda y los congresistas de las comisiones económicas, contaron a Portafolio que en varias ocasiones, las advertencia del Gobierno ha sido que en caso dado de que no se concrete la ley de financiamiento, los dineros que entrarán a revisar son los de inversión.

“Es importante mencionar que, ante esta realidad fiscal, la programación de la inversión para 2025 requirió un esfuerzo generalizado de los sectores hacia la priorización y la eficiencia del gasto, pero asegurando el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 350 de la Constitución, el cual establece la priorización del gasto social frente a otras partidas”, dice el comunicado del DNP.

Debido a esto, en el Gobierno cerraron indicando que “reducir el monto de inversión iría en contra del mandato constitucional de incluir en el presupuesto todos los gastos en los que incurre el Gobierno Nacional. Además, comprometería la priorización de las apropiaciones asociadas con el gasto social, destinadas a atender las necesidades básicas de los ciudadanos”.