Atlántico: Tribunal le da la razón a Triple A en Soledad; redes y usuarios de acueducto no pasarán al municipio
📅 🕐 25 May 2026🔗 Fuente: eltiempo.com🕑 4 min de lectura
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Un fallo del Tribunal de Arbitramento de la Cámara de Comercio de Bogotá volvió a sacudir el debate sobre el futuro de los servicios públicos en el municipio de Soledad, Atlántico.
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La decisión favoreció a Triple A en la disputa jurídica que mantiene con el municipio por el control de la infraestructura de acueducto y alcantarillado.
La determinación establece que buena parte de la denominada “Zona Triple A” no hace parte de los bienes sujetos a reversión al finalizar el contrato de concesión firmado en 2001, debido a que la empresa ya prestaba servicios en esos sectores antes de la suscripción del acuerdo con la Alcaldía.
En otras palabras, el Tribunal concluyó que ni la infraestructura, ni el mercado, ni los usuarios vinculados históricamente a la operación de Triple A en esas zonas deben regresar al control del municipio cuando termine la concesión.
La decisión tiene un enorme impacto para Soledad.
Según datos entregados por la empresa, las áreas reconocidas en el fallo representan cerca de 97 mil usuarios del servicio de acueducto, equivalentes aproximadamente a 400 mil habitantes, es decir, más de la mitad de la población del municipio.
La controversia alrededor del contrato
El conflicto jurídico gira alrededor del contrato de concesión firmado en 2001 entre la Alcaldía de Soledad y Triple A para la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado.
Desde hace varios años, el municipio y distintos sectores políticos han planteado la necesidad de revisar el modelo de operación y definir qué infraestructura debe revertir al control público al finalizar el contrato.
Fachada de la sede de la Alcaldía del Municipio de Soledad. Foto:Alcaldía
Sin embargo, el Tribunal concluyó que las redes, activos y usuarios vinculados a la operación histórica de Triple A antes del contrato no hacen parte de los bienes entregados en concesión por el municipio.
El fallo también precisó que las zonas ubicadas fuera del perímetro sanitario definido contractualmente tampoco pueden ser consideradas dentro del proceso de reversión.
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La decisión representa un alivio jurídico para Triple A en medio de un escenario marcado por disputas legales y cuestionamientos sobre el futuro del servicio.
En un comunicado, la compañía aseguró que el fallo ratifica “el compromiso histórico con las comunidades soledeñas” y reconoce el papel que ha tenido la empresa en el crecimiento urbano y social del municipio.
Debate político y futuro incierto
La discusión sobre la concesión de Triple A ha generado fuertes tensiones políticas en Soledad durante los últimos años.
El contrato, que inicialmente tenía una duración de 20 años, debía finalizar en septiembre de 2025, pero ha sido prorrogado en múltiples ocasiones mientras se define el futuro del modelo de prestación del servicio.
La más reciente extensión, aprobada por el Concejo Municipal en marzo de 2026, permitió a Triple A continuar operando por seis meses más.
Las prórrogas han sido cuestionadas por algunos sectores políticos y concejales que consideran que el municipio debe replantear el esquema de concesión.
Brayan Orozco, concejal de Soledad. Foto:Tomada de las redes sociales
Uno de ellos ha sido el concejal Bryan Orozco, quien ha criticado las continuas extensiones del contrato y ha pedido discutir un nuevo modelo para el manejo de los servicios públicos.
Mientras tanto, la administración municipal ha defendido la necesidad de mantener la continuidad operacional para evitar traumatismos en la prestación del servicio a miles de usuarios.
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La disputa entre Triple A y Soledad ya había dejado otro capítulo importante en enero de 2025, cuando la Alcaldía obtuvo un fallo favorable en un proceso relacionado con subsidios para estratos 1, 2 y 3 correspondientes a los años 2001 a 2006.
En esa ocasión, la Superintendencia de Sociedades desestimó reclamaciones económicas de Triple A por cerca de 47 mil millones de pesos.
Ahora, el nuevo fallo arbitral vuelve a mover el tablero jurídico y político alrededor de uno de los servicios más sensibles para Soledad: el acceso al agua y al alcantarillado de cientos de miles de habitantes.
