Compradores del proyecto Meritage llevan 10 años esperando que les reconozcan su dinero

Parece absurdo, pero las personas que prestaron dinero, vendieron sus propiedades o quisieron invertir en el lujoso proyecto Meritage, ubicado en un exclusivo sector a las afueras de Medellín, y que no sabían que el lote tenía nexos con la mafia, no son considerados como afectados.

Sin embargo, esa es la realidad de los 130 compradores que invirtieron en este megaproyecto que comenzó obras en 2014 y que resultó afectado por una medida de extinción de dominio, ya que algunos de los terrenos estaban a nombre de personas con nexos con ‘La Oficina’.

Esto dejó en un limbo a los compradores, quienes invirtieron entre 500 y 2.500 millones según el tipo de propiedad, y que no fueron considerados como afectados, por lo que no han podido recuperar su inversión.

Ha pasado casi una década y el calvario que han vivido aún no se resuelve. Víctor Pérez, abogado cuya firma representa a 87 inversionistas, habló de lo que han sido estos 10 años de proceso. 

“Es un proceso muy extenso porque tiene como se dice por ahí ‘muchas paticas’, pero en concreto hoy en día hay dos procesos: uno en el Tribunal Administrativo de Antioquia, que está para sentencia en primera instancia; y hay otro proceso que está en el Consejo de Estado ya para fallo en segunda instancia, ya que la primera instancia se perdió, fue desfavorable para nosotros y en este momento ya se han evacuado todas las pruebas para esperar fallo en segunda instancia”, contó el abogado.

Explicó Pérez que la sentencia que les fue desfavorable prácticamente dice que la pérdida de estos dineros de los beneficiarios de área (los que compraron) es una carga que ellos tienen que soportar como ciudadanos.

Ellos, en la medida en que no tienen nada que ver con la acción de extinción de dominio siquiera, pues no deberían soportar esos daños

Lo que plantea la defensa, por otro lado, es que hay un desequilibrio ya que los compradores están en una situación muy complicada, porque no son propietarios del predio y por ende tampoco se les reconoce la condición de afectados, pero sí efectivamente perdieron un dinero.

“La acción de extinción de dominio no se dirige contra los derechos fiduciarios de ellos, o sea contra el dinero que ellos aportaron, sino contra un predio, lo que ocurre es que indirectamente los perjudicó. Entonces ellos, en la medida en que no tienen nada que ver con la acción de extinción de dominio siquiera, pues no deberían soportar esos daños. Esa es la discusión de tipo jurídico que estamos dando”, afirmó el abogado.

De igual forma, expresó que estas personas que perdieron su dinero confiaron en las instituciones y en entidades que tenían reconocimiento, como los bancos, la fiduciaria y el mismo promotor del proyecto, que ya tenía otros proyectos construidos. 

Argumenta Pérez que si estas entidades no conocían los detalles del predio teniendo todos los controles, mucho menos un ciudadano del común.

Entre lo que buscan demostrar ante la justicia, es que fue una negligencia de la Fiscalía la que en últimas determinó la pérdida de dinero de estas personas, ya que, según la defensa, no hizo a tiempo una serie de acciones que tenía la obligación legal de hacer.

“Nosotros lo que pretendemos demostrar es que hubo una negligencia de la Fiscalía muy grave, porque la Fiscalía conocía el origen de este predio desde el momento en que extraditó a este señor Iván López Vanegas a Estados Unidos, muchos años antes, y a pesar de eso nunca hizo nada. Y viene a hacer algo ya cuando toda la gente invirtió, cuando el proyecto ya estaba bastante avanzado, cuando ya la plata estaba enterrada ya en cemento y en hierro ¿por qué se demoraron tantos años para actuar?”, cuestionó Pérez.

Lo que buscan los compradores es que se les devuelva su inversión y un interés mensual que por ley se genera en este tipo de casos.

Sin embargo, el abogado indicó que, si bien han pasado 10 años, pueden pasar varios años más para que haya una decisión de fondo, ya que, por lo general, los procesos de extinción de dominio pueden tomar entre 25 y 30 años.

“Soy optimista en que puede haber un resultado beneficioso, pero no creo que sea rápido porque la administración de justicia está muy congestionada. Si hay fallos en cualquiera de las dos instancias será por ahí en 2 años más o menos le pongo yo”, afirmó el jurista.

Mientras tanto, son los compradores quienes siguen enfrentando las consecuencias, ya que hay quienes siguen pagando créditos bancarios por algo que no recibieron, otros vendieron todas sus propiedades porque su sueño era irse a vivir a este exclusivo proyecto y todo se quedó en eso, en un sueño.

“Yo digo que están en el peor de los mundos, porque no son afectados, pero a la vez tampoco les reconocen que están perdiendo un dinero importante”, agregó el apoderado.