conformaban una red de extorsión y sicariato que afectaba a más de siete municipios
📅 🕐 01 Ene 2026🔗 Fuente: eltiempo.com🕑 4 min de lectura
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La Fiscalía General de la Nación, en articulación con la Policía y el Gaula, judicializó a integrantes de la subestructura ‘Nicolás Antonio Urango Reyes’ del Clan del Golfo (AGC) que venían imponiendo cobros extorsivos en varios municipios de Bolívar. En actuaciones recientes, diez presuntos miembros fueron presentados ante jueces de control de garantías: nueve recibieron medida de aseguramiento en establecimiento carcelario y una procesada quedó con detención domiciliaria.
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Las capturas se materializaron en Magangué y Soplaviento, además de notificaciones a internos ya privados de la libertad por otros procesos, derivadas de un trabajo de investigación que conecta casos vigentes y hechos anteriores en la zona.
En caso de no pagar, los afectados eran obligados a detener operaciones. Foto:Policía nacional
En la lista de procesados aparecen Rafael Ricardo Ruggiero Romero, Edinson David Martínez Santos, Israel Antonio Ibarra Ramírez, Karen Lorena Díaz Sierra, Luis Miguel Correa Peña, José Gabriel Mendoza Carmona, Guillermo Enrique Pérez Álvarez, Luis David de la Cruz Ruíz, Diosith Rafael Caro Vega y Daniel Alberto Arroyo Olier. La imputación fue por concierto para delinquir agravado y extorsión agravada, cargos que ninguno aceptó, de acuerdo con los reportes divulgados tras las audiencias preliminares.
En declaraciones y balances de otras operaciones contra esta misma subestructura, autoridades reportaron capturas adicionales y la caída de cabecillas en Arjona, Córdoba Tetón y Repelón (Atlántico), lo que sugiere un radio de acción que rebasa Bolívar y toca el norte del Atlántico.
Modus operandi: cuotas, amenazas y control territorial
La investigación describe que los presuntos extorsionistas se presentaban como miembros del Clan del Golfo, abordaban directamente a comerciantes, ganaderos, transportadores, finqueros y contratistas de obra pública, y exigían pagos mensuales a cambio de no atentar contra sus vidas o las de sus familiares y trabajadores.
Es pertinente precisar que ninguno de los procesados aceptaron cargos. Foto:Policía nacional
En algunos sectores productivos, las cuotas se fijaban por actividad económica (por ejemplo, por número de semovientes en fincas ganaderas o por hectárea en cultivos de palma), y en obras civiles se reclamaba hasta el 10 % del valor del contrato como “seguridad” impuesta. Las exigencias se extendían a localidades como El Guamo, Zambrano, El Carmen de Bolívar, Córdoba Tetón, San Juan Nepomuceno, San Jacinto y Magangué, incluida su ruralidad, dibujando un mapa de presión criminal sobre los Montes de María y el Canal del Dique.
En paralelo a la extorsión, esta subestructura también ha sido vinculada con sicariato selectivo, inteligencia contra la Fuerza Pública, y control del microtráfico y corredores del narcotráfico en el norte de Bolívar y el área limítrofe con Atlántico, según comunicados oficiales y reportes periodísticos que documentan capturas de jefes de zona y operadores de base en 2024–2025. Uno de los señalados papeles clave en la cadena de mando es el de cabecillas que difunden panfletos y órdenes para sostener la presión social y el miedo, práctica detectada por la Policía en operaciones de la Agamenón y reseñada en balances institucionales.
El patrón de cobros revela una arquitectura extorsiva que se incrusta en la cadena productiva regional. En caso de no pagar, los afectados eran obligados a detener operaciones, lo que generaba pérdidas directas y una distorsión del mercado local bajo “protección” mafiosa. El impacto no se agota en el flujo de caja, ya que la amenaza de violencia y el cierre de actividades reubicaba inversiones, minaba la formalidad y aumentaba el costo de vida entre municipios que comparten dinámicas rurales y corredores logísticos estratégicos.
Sur de Bolívar. Foto:Archivo
Tras las imputaciones, ahora el caso entra en fase de prueba y contradicción. Es pertinente precisar que los procesados no aceptaron cargos, por lo que la Fiscalía deberá sostener en juicio la vinculación orgánica con el Clan del Golfo y el carácter agravado de las conductas, apoyándose en interceptaciones, testimonios, seguimientos y material incautado en los allanamientos.
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En paralelo, se tiene el reto de la contención territorial que requerirá persistencia operativa para evitar reacomodos de la estructura, una constante que las fuerzas han enfrentado históricamente en la región con ciclos de captura y relevo de mandos.
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Gracias por acompañarnos en este año lleno de desafíos. Foto:
