Contraloría inicia auditorías a la empresa Aguas de Cartagena, hoy cuestionada por el alcalde Dumek Turbay ante los constantes racionamientos
📅 🕐 hace 52 min🔗 Fuente: eltiempo.com🕑 5 min de lectura
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La contralora distrital de Cartagena Yadira Morales Roncayo abrió un proceso de auditoría por un plazo máximo de cuatro meses para evaluar el contrato de gestión de acueducto y alcantarillado en la capital de Bolívar.
La medida se suma a la actuación del Tribunal Administrativo de Bolívar que ordenó como medida cautelar, y de urgencia, suspender de forma inmediata los racionamientos en la ciudad que iniciaron el pasado mes de mayo.
Así, la crisis operativa que rodea la prestación del servicio de agua potable en La Ciudad Heroica alcanzó su punto crítico, ahora desde un órgano de control.
La Contraloría Distrital de Cartagena intervino de manera formal en el conflicto al instalar una Actuación Especial de Fiscalización contra la empresa Aguas de Cartagena (Acuacar).
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Crisis de abastecimiento mantiene en alerta a comunidades de sectores populares de Cartagena Foto:Alcaldía Cartagena
La ofensiva del organismo de control fiscal se desencadenó inmediatamente después de que el Distrito de Cartagena radicara una acción popular contra la compañía operadora y contra la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.
En la demanda, el mandatario local, Dumek Turbay, argumentó que las fallas en el suministro vulneran de manera directa los derechos colectivos al acceso a una infraestructura de servicios eficiente, la salubridad pública, la prevención de desastres y el derecho fundamental al agua potable.
Desde el pasado 11 de mayo se iniciaron estos racionamientos programados anunciados por la empresa Aguas de Cartagena (Acuacar), como una medida temporal mientras se adelantan acciones para optimizar el servicio de acueducto en toda la ciudad.
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Plazo para un veredicto definitivo
Persisten las interrupciones del servicio en la ciudad. Foto:Cortesía: Aguas de Cartagena
La instalación del proceso de fiscalización se ejecutó el pasado viernes 26 de junio, liderada en campo por la contralora distrital, Yadira Morales Roncayo, junto a su equipo de auditores.
La misión del ente de control es verificar con lupa el nivel de cumplimiento de los compromisos adquiridos por Acuacar en el Contrato para la Gestión Integral de los Servicios de Acueducto y Alcantarillado (GISSA) y sus modificaciones, enfocándose especialmente en los compromisos pactados en el denominado Otrosí No. 3.
“Esta instalación se da en ocasión de las denuncias públicas que ha hecho el señor alcalde Dumek Turbay de la inconformidad que tiene la ciudadanía en la prestación del servicio público y de todo este tema que rodea la ejecución del contrato de operación”, advirtió de manera contundente la contralora Morales Roncayo.
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Los racionamientos
Cartagena sin agua Foto:Distrito de Cartagena
El flanco fiscal no es el único que vigila a la operadora. El Tribunal Administrativo de Bolívar sacudió el tablero al decretar medidas cautelares de urgencia solicitadas por el alcalde Turbay Paz dentro de la acción popular.
La disposición judicial más severa ordena a Acuacar la «suspensión inmediata de los racionamientos» de agua en el casco urbano de Cartagena.
El magistrado ponente aclaró en el auto que el decreto de estas medidas provisionales responde exclusivamente a la necesidad apremiante de mitigar los riesgos latentes sobre los derechos a la salud y vida digna de los cartageneros mientras se surte el debate de fondo, aclarando que la orden no constituye un prejuzgamiento ni un pronunciamiento definitivo sobre la culpabilidad de la empresa.
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La postura de Acuacar
Personal trabaja en la reparación d ela tubería. Foto:Aguas de Cartagena
Ante el llamado institucional, la gerencia de Aguas de Cartagena fijó una posición de prudencia y defensa corporativa.
Respecto a la auditoría, la compañía confirmó que recibió formalmente a la comisión fiscalizadora.
“Aguas de Cartagena recibió a la Contraloría Distrital en el marco de una actuación especial de fiscalización y, como ha sido siempre su proceder, brindará toda la colaboración requerida”, reza el comunicado emitido por la empresa, apelando a sus principios de transparencia y legalidad.
Según Acuacar, esta contingencia se presenta ante variaciones persistentes e inesperadas en las características del agua cruda captada, lo que ha reducido la capacidad de producción del sistema debido a la necesidad de realizar lavados más frecuentes en los filtros y sedimentadores de la planta.
A esto, de acuerdo con la compañía, se suma un incremento en las conexiones ilegales y en la demanda del servicio.
ATENCIÓN: Actuando en representación y defensa de los derechos colectivos, semanas atrás instauramos una acción popular contra @Acuacar y su socio operador,… pic.twitter.com/hXq0b0O9s1
Desde la gerencia señalan, además, que los equipos jurídico y técnico de Acuacar se encuentran analizando detalladamente los alcances del fallo emitido por el Tribunal de Bolívar.
La compañía adelantó que hará uso de las etapas procesales para radicar las aclaraciones técnicas e interventorías correspondientes.
Acuacar asegura que cuenta con los soportes para demostrar que no ha vulnerado ni amenazado los derechos e intereses de la ciudadanía.
Argumentan que sus actuaciones se ciñen de manera estricta al marco sectorial y contractual que regula los sistemas de acueducto.
La compañía reafirmó que mantendrá las operaciones necesarias para estabilizar la prestación de los servicios públicos en la capital de Bolívar. La última palabra la tienen los estrados judiciales y los órganos de control.
