Desde el pasado 3 de mayo, cuando el pequeño Lyan fue secuestrado por cinco hombres con fusiles que irrumpieron en su vivienda en un conjunto residencial, en zona rural de Potrerito, corregimiento de Jamundí, comenzó una investigación que con el paso de las semanas ha venido analizando hipótesis y versiones sobre quiénes estarían detrás de uno de los hechos más repudiables en el país: mantener en cautiverio a un niño.
El niño había sido secuestrado en su vivienda. Foto:Juan Pablo Rueda. EL TIEMPO | Archivo particular
A partir de entonces, la Policía Metropolitana de Cali señaló como los primeros responsables a los disidentes del frente ‘Jaime Martínez’, bajo mando de alias Marlon en el Valle y de ‘Iván Mordisco’ dentro de toda la organización. Pero habría mucho más de fondo.
Entre tanto, comenzaron acercamientos de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas (ONU) y de la Arquidiócesis de Cali, buscando una intervención que terminara en la liberación del niño, pero sin condiciones alguna, como el pago de un rescate.
La alcaldesa de Jamundí, con la mamá del niño liberado. Foto:Alcaldía de Jamundí
También hubo acercamientos de delegados de la Personería de Jamundí, así como del personero de Cali, Gerardo Mendoza, que pedían lo mismo, una liberación de índole humanitaria y no bajo un pago económico.
La alcaldesa de Jamundí, Paola Castillo, empezó a clamar por la liberación del niño, de 11 años, al igual que lo hizo la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro. “Los niños son intocables, los niños son sagrados”, dijo la mandataria, quien lo sigue repitiendo.
Padrastro del niño que fue liberado. Foto:
En el transcurso de estas dos semanas y media creció el repudio de todo un departamento y un país que clamaban por la liberación de Lyan, sano y salvo, para que pudiera regresar con su mamá, Angie Bonilla, y su padrastro, Joshua Suárez, ambos comerciantes con su negocio de joyería.
En ese clamor se incluyó la petición de que el niño pudiera estar con su familia para su cumpleaños número 12, el próximo miércoles.
Al tiempo que aumentaban esas peticiones, también la zozobra y la incertidumbre de la ciudadanía que continuaba con marchas y plantones, promovidos por la comunidad, la Arquidiócesis y la misma misma misión de la ONU.
Diego Pérez Henao se encuentra en una prisión en EE. UU. Foto:Archivo EL TIEMPO
La millonaria deuda total y el abono para la liberación
Sin embargo, desde el momento en que ocurrió el secuestro del niño, detrás de este delito estaba Diego Pérez Henao, alias Diego Rastrojo, jefe paramilitar de ‘los Rastrojos’, una mafia que llegó a tener presencia en Colombia, Ecuador y Venezuela. Fue capturado en Venezuela el 3 de junio de 2012 y extraditado a Estados Unidos en agosto de 2013, donde un año después fue condenado a 30 años de prisión por una corte federal.
‘Diego Rastrojo’, de acuerdo con fuentes de la Policía y la Fiscalía, estaría reclamando una deuda superior a los 37.000 millones de pesos y los 4.000 millones que, presuntamente, habrían sido pagados por la familia del niño serían apenas un abono de este pasivo, pues el capo querría de vuelta ese dinero representado en bienes inmuebles en presunto testaferrato.
Este José Leonardo Hortúa, padre biológico del niño. Foto:Redes sociales
El nombre de José Leonardo Hortúa, alias Mascota o alias Mochacabezas -porque habría decapitado a sus víctimas, de acuerdo con la Policía-, habría tenido operaciones en Tuluá, en el centro del Valle. Fue capturado en 2012 y asesinado el 19 de abril del año siguiente, en Cali.
Hortúa es el padre biológico del pequeño secuestrado y por ello, las autoridades investigan esa nueva versión de que ‘Diego Rastrojo’ estaría reclamando la totalidad de dichas propiedades. Para cumplir su propósito, contrató a los disidentes que tienen fuerte presencia en la zona rural de Jamundí. La familia del niño vive en el corregimiento de Potrerito.
Fue así que los disidentes del frente ‘Jaime Martínez’ habrían sido contratados por ‘Diego Rastrojo’ para secuestrar a la madre del niño, Angie Bonilla, o al padrastro del pequeño, Joshua Suárez, quien maneja una joyería desde hace unos 12 años, como él mismo lo manifestó el 21 de mayo, el día de la liberación de Lyan.
De hecho, el día del secuestro, según la Policía, los disidentes buscaban al padrastro que estaba en el segundo piso de la vivienda. Suárez habría hecho disparos y los disidentes se habrían llevado al niño que estaba en el primer piso con una mujer, al parecer, encargada de los oficios de la casa, quien luego fue liberada.
Foto de archivo de alias Pipe Foto:Archivo particular
Los capos
Desde prisión Henry Loaiza Ceballos, alias Alacrán, estaba pendiente del caso del niño. El ‘Alacrán era quien entre los años 1986 y 1994, era parte del brazo criminal del Cartel de Cali y era encargado de los sicariatos y actos terroristas para esta organización.
El preso Andrés Felipe Marín, alias Pipe, de la banda ‘la Inmaculada, de Tuluá, también estaba atento, pues era amigo de ‘Mascota’. Alias Guacamayo también era cercano del padre del niño. Pero estos capos se mantuvieron alejados y neutrales, aunque insistían en que la vida del niño debía ser respetada. Claro está que el niño necesitaba un medicamento y estos capos habrían mediado desde las cárceles para que pudiera tenerlo.
Entre tanto, los secuestradores del niño se habían comunicado con la misión de la ONU y la Arquidiócesis de Cali, unas tres veces, pero en la última semana hubo total silencio. “Somos entes humanitarios y esa es nuestra vocación, buscábamos que el niño fuera liberado sin condiciones”, reiteraron en la Arquidiócesis.
El viernes 16 de mayo, según la Arquidiócesis de Cali, la misión humanitaria habría frenado su gestión por dicho silencio, mientras los disidentes habrían exigido a la madre o al padrastro del niño que acudieran a la zona alta para entregar parte del dinero. Inclusive se hablaba de un intercambio.
Mientras tanto, el martes en la noche, el 20 de mayo se llevó a cabo una reunión con la alcaldesa de Jamundí, Paola Castillo, así como con delegados del Gobierno Nacional, departamental y municipal, además del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) y de la Procuraduría General de la Nación. Volvió el clamor por la liberación de Lyan, descartando un rescate de la Fuerza Pública.
“Expresar nuevamente nuestro rechazo categórico a ese repudiable que atenta contra la vida y la libertad del menor”, dijo la alcaldesa Castillo. Se había instalado una mesa interinstitucional con la Fuerza Pública y el Ministerio Público que permitiera el regreso del pequeño y la captura del secuestro.
EL TIEMPO habló con el personero de Cali, Gerardo Mendoza, quien manifestó que nunca la familia del niño le expresó la condición de un dinero por la liberación por parte de los secuestradores. En la Arquidiócesis también dijeron que la familia estuvo aparte y que no habló de ningún pago.
El funcionario del Ministerio Público dijo que son las autoridades las que deben investigar lo sucedido.
Disidente habría recibido el primer pago en Jamundí
Cuando llegó el 21 de mayo, el dinero habría sido pagado en la mañana de ese miércoles en uno de los barrios del casco urbano de Jamundí a un disidente de las Farc que luego se dirigió hacia el corregimiento de Ampudia. Fue así que se dispuso arreglar la entrega del menor que se extendió hasta la tarde de ese 21 de mayo.
El niño fue entregado a unos campesinos y estos avisaron a la Defensoría que el pequeño estaba ileso.
Fue una vivienda de ladrillo a donde llegó una familiar de Lyan. Ella junto al niño y una campesina aparecieron en un video. La campesina aseguró que eran parte de una nueva mesa de moradores de esa zona rural para garantizar la vida del niño. Al fondo, había funcionarios de la Defensoría del Pueblo.
¿Seguiría la vendetta?
El problema es que la hipótesis de una vendetta después del secuestro del menor tomó más fuerza, luego del asesinato a las 9:40 de la mañana de este 22 de mayo de Jesús Antonio Cuadros, de 38 años y primo del padrastro del niño liberado y quien, según la Policía Metropolitana de Cali, tenía antecedentes judiciales por porte ilegal de armas de fuego y lesiones culposas.
En 2014, Cuadros habría sido blanco de otro atentado en su contra. Esta persona habría mediado para el pago del dinero por la liberación del niño. La pareja estaba en una cafetería, en el barrio Bretaña, zona que comunica el centro con el sur de Cali, donde fue atacada por disparos.
Esmeralda Tróchez Henao, de 52 años, estaba con Cuadros cuando llegaron los sicarios al local. Fue llevada herida al Hospital Universitario del Valle (HUV), en el sur de Cali. Según el comandante de la Policía Metropolitana de Cali, brigadier general Carlos Oviedo, la señora se estaría recuperando.
El día de la liberación del niño, el padrastro y la madre aseguraron que son ciudadanos que trabajan para vivir como cualquier colombiano, que no están relacionados con ningún negocio ilegal. Reiteraron que son comerciantes y que lo único que deseaban era el regreso del niño, quien se ha mostrado ansioso porque «tenía las uñas comiditas», dijo la madre.
Tras el atentado y el asesinato del primo del padrastro del pequeño, la familia no se ha pronunciado ni sobre el nuevo rumbo de las investigaciones que ahora pasaron de tratar de esclarecer un secuestro a una presunta vendetta entre fuerzas del narcotráfico.
CAROLINA BOHÓRQUEZ
Corresponsal de EL TIEMPO
Cali
Fuente de TenemosNoticias.com: www.eltiempo.com
Publicado el: 2025-05-23 04:16:00
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