Para garantizar la convivencia y el orden público, 420 integrantes de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden estarán disponibles para responder ante cualquier eventualidad. A este contingente se sumarán 150 funcionarios de Policía Judicial, quienes se encargarán de procesar las denuncias relacionadas con posibles delitos electorales.
El dispositivo de seguridad también contará con apoyo aéreo. El brigadier general Eduardo Restrepo, comandante del Comando Aéreo de Combate No. 3, confirmó que se efectuarán sobrevuelos con drones y aeronaves tripuladas durante toda la jornada, con el objetivo de monitorear en tiempo real diversos sectores del departamento.
La Armada Nacional también contribuirá al despliegue con 180 tripulantes y mantendrá operativas las capacidades de la Estación de Guardacostas.
Por su parte, la Segunda Brigada del Ejército Nacional brindará apoyo al esquema de seguridad con unidades del Gaula Caribe, Policía Militar y pelotones especializados en protección.
En los 18 municipios del Atlántico, se desplegarán 1.300 agentes de policía y personal de apoyo en los 96 puestos de votación habilitados.
Mientras la atención en Atlántico se centra en la vigilancia electoral, en La Guajira una de las principales preocupaciones es la influencia de grupos armados ilegales.
Esta inquietud se intensificó recientemente con la circulación de videos protagonizados por Naín Andrés Pérez Toncel, conocido con los alias de ‘Naín’ o ‘Bendito Menor’. Las autoridades lo señalan como uno de los principales cabecillas de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada.
Las grabaciones, difundidas a través de redes sociales, muestran al presunto jefe armado acompañado de hombres con fusiles, llevando a cabo lo que parecen ser controles ilegales en zonas rurales de La Guajira.
Para Norma Vera Salazar, investigadora y defensora de derechos humanos, la situación actual representa un desafío serio para la institucionalidad regional.
En una entrevista concedida a Emisora Atlántico, Vera Salazar detalló las características del presunto cabecilla: “Esta persona, Naín, además es alguien muy joven, no supera los 25 años. Ha generado una serie de homicidios en este año en La Guajira, una guerra armada contra otro grupo ilegal, pero al mismo tiempo han convertido varios municipios en zonas de control territorial”.
La investigadora señaló que uno de los aspectos más preocupantes de este panorama es la manera en que el presunto cabecilla exhibe públicamente su actividad criminal.
La experta Vera señaló que el individuo se ha hecho notorio por exhibir sus homicidios, su control territorial y la impunidad con la que opera a través de redes sociales. Añadió que su capacidad para moverse libremente y distribuir material relacionado con su actividad criminal genera extrañeza.
Según Vera, este fenómeno trasciende el ámbito estrictamente policial, ya que el criminal hace alarde en plataformas como TikTok e Instagram, mostrando las “barbaridades” que comete contra la población inocente de La Guajira. La especialista sostiene que la situación demanda una respuesta coordinada entre el Gobierno Nacional, las autoridades departamentales y los municipios.
Vera enfatizó que es “una responsabilidad del Gobierno Nacional, de los gobiernos departamentales y municipales enfrentar de manera organizada y sistemática lo que significa la gobernanza de estos grupos armados”. A su juicio, la influencia de estas estructuras en La Guajira y Cesar está propiciando una preocupante normalización de la violencia y un deterioro de la confianza ciudadana en las instituciones.
Ante este panorama, la Policía anunció la implementación de medidas especiales para asegurar el proceso electoral. El teniente coronel Héctor Gerardo Daza Narváez, subcomandante del Departamento de Policía La Guajira, afirmó que todas las instituciones trabajan de forma articulada para garantizar una jornada segura.
La Décima Brigada, por su parte, desplegará 7.000 soldados en Cesar y La Guajira, distribuidos en 165 puestos de votación tanto urbanos como rurales, en coordinación con la Policía.
Magdalena: más de 5.400 integrantes de la Fuerza Pública
En el departamento de Magdalena, las autoridades confirmaron un despliegue de seguridad con más de 5.400 integrantes de la Fuerza Pública. Este contingente incluye 3.090 soldados del Ejército Nacional, 900 uniformados del Departamento de Policía Magdalena y 1.500 agentes de la Policía Metropolitana de Santa Marta.
Las autoridades establecieron como objetivos principales la custodia de los puestos de votación, la garantía de la movilidad ciudadana y la respuesta inmediata ante cualquier eventualidad. En Santa Marta, donde se han dispuesto 82 puestos de votación con 1.176 mesas para más de 409.000 ciudadanos aptos para sufragar, las autoridades adoptaron medidas adicionales.
El secretario de Gobierno Distrital, Camilo George Díaz, afirmó que existen las condiciones necesarias para que el proceso se desarrolle con normalidad tanto en el área urbana como en la rural.
Según explicó George Díaz, entre las medidas adoptadas se encuentra la implementación de la ley seca, que regirá desde el sábado 20 de junio a las 6:00 de la tarde hasta el lunes 22 de junio a las 6:00 de la mañana.
El funcionario también confirmó el despliegue de más de mil policías en las calles y puestos de votación. Adicionalmente, unidades del Ejército reforzarán la seguridad en los corregimientos de Guachaca, Minca y sus respectivas veredas.
Otra disposición fue la suspensión temporal de las llamadas chivas rumberas y chivas turísticas. “Se ha determinado en el seno del Comité de Seguimiento Electoral la prohibición de que las chivas rumberas o chivas turísticas transiten en el Distrito de Santa Marta a partir del sábado a las 6 de la tarde hasta el lunes a las 6 de la mañana”, detalló George.
Mientras los candidatos ultiman sus movimientos de campaña, la región Caribe se prepara para una jornada electoral que, según se anticipa, podría significar un nuevo capítulo en la historia política reciente del país.
Las autoridades han manifestado su confianza en que los operativos desplegados permitirán garantizar el normal desarrollo de las votaciones. Sin embargo, las advertencias de analistas, la presencia de grupos armados en algunas zonas y el clima de polarización nacional evidencian que la seguridad seguirá siendo uno de los grandes desafíos de esta segunda vuelta presidencial.
En la sección: EL TIEMPO.COM -Colombia
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