Más de 100 familias y comerciantes de Jamundí esperan ayudas económicas por atentados de disidentes

La violencia no deja de acechar a Alicia Toro, una mujer del Eje Cafetero que desde hace 60 años llegó a Jamundí para abrir su única fuente de sustento: El Mirador, Hotel Familiar.

Así llamó al local cuando ella apenas tenía 20 años y era optimista por un mejor porvenir en esa misma vivienda donde vio crecer a sus cinco hijos.

Pero hoy, el predio de dos pisos, donde Alicia seguía viviendo con otros familiares y por eso el hotel lleva este nombre, está totalmente en ruinas, tras el estallido de la moto bomba que los disidentes de las Farc el 20 de mayo dejaron a unos 100 metros de su puerta.

Alicia es parte de una de las 129 familias afectadas este año,  muchas de ellas, comerciantes, por los atentados de los disidentes de las Farc de ese 20 de mayo y del 12 de junio, así como otros con explosivos en cilindros, carros y motos, así como por los hostigamientos en la zona rural de los corregimientos de Potrerito y Robles. 

La mayoría señala que de su propio bolsillo están levantando otra vez los locales y reparando sus hogares porque el proceso para ser reconocidos como víctimas del conflicto apenas está empezando y podría tomar 10 años para recibir una compensación económica, como lo enfatizan en la alcaldía de Jamundí.

Sin embargo, no todos, entre ellos, Alicia, de 80 años, tienen un seguro. Es que ninguno había pensado que sería el conflicto armado, la razón de las pérdidas en sus establecimientos.

El atentado que causó un grave daño colateral en el hotel de Alicia sucedió porque en esa esquina del barrio Libertadores solían permanecer uno o dos policías, custodiando la cuadra, pues en una casa de la misma calle y que también funciona como un hostal se hospedaban 100 policías que habían llegado a Jamundí a reforzar la seguridad por ataques que se han vuelto cada vez más constantes por parte de quienes integran el frente ‘Jaime Martínez’, bajo las órdenes de ‘Iván Mordisco’, del ‘Estado Mayor Central’ de las disidencias.

De hecho, en solo este 2024 van 17 acciones terroristas, entre estallidos de artefactos en vehículos, hostigamientos y retenciones de soldados y ciudadanos, contabilizadas por la Administración jamundeña.

Fue el 20 de mayo, cuando este municipio se estremeció en esa zona de Libertadores, dejando destruidos los sueños de Alicia y de otras 69 personas, de 40 familias, con daños en ocho viviendas y siete locales en este sector del casco urbano de Jamundí. La sede de un Gane y una panadería también tuvieron severos daños.

“La explosión se sintió horrible. Las tejas se nos caían encima. Una cosa es vivir esto y otra, contarla. Lo único es que me quedé sin nada”, dice Alicia que en medio de la adversidad trata de seguir sonriendo.

“Si le contara toda mi historia, no alcanzaría la vida para hacerlo. Hace 37 años me mataron a uno de mis hijos, cuando iba a estudiar medicina en Cali”, dice Alicia. Pero, además, una de sus hijas, Maryuri Toro, está desaparecida desde hace cinco años. Le perdió el rastro, cuando la joven dijo en aquel entonces que se iba a celebrar el cumpleaños de una amiga, pero nunca volvió. Asimismo, Alicia recuerda que de niña, su familia tuvo que salir desplazada de Caldas por grupos violentos de la época.

Ahora, la octogenaria afirma que el atentado la dejó prácticamente en la calle y, al igual que las demás familias de comerciantes, asegura que no tiene claro cómo será la reparación económica por ser víctima de una guerra que no entiende por cuenta de los alzados en armas que se ocultan en las montañas de Jamundí y del norte del vecino departamento del Cauca.

De hecho, Alicia y algunos damnificados por el ataque del 20 de mayo manifiestan que si bien, de la alcaldía de Jamundí fueron a socorrerlos, ese día de la explosión dirigida a la Fuerza Pública y empezaron un proceso para ser parte de un censo, ven lejana una solución para recuperar parte de lo que les fue arrebatado violentamente en un parpadeo.

“Yo estoy viviendo con personas cercanas a mí porque me quedé sin casa y mi familia con nietos y biznietos también se quedó sin el negocio del que hemos podido vivir”, dice Alicia. “Hasta ahora todo está igual, estamos pendientes”, añade la señora. «Como los vidrios quedaron rotos en las ventanas, los ladrones se entraron y se llevaron cinco televisores; el monitor de las cámaras de seguridad y una bicicleta que hace tres años costó 3 millones de pesos», continúa narrando.

Su opinión coincide con comerciantes a pocos metros del pequeño hotel en que se sienten en un túnel sin salida para poder arrancar de cero y empezar a darles un giro a sus vidas. 

“Nos explicaron que debíamos ser parte de un censo y hacer un trámite en la Personería”, comenta el administrador de uno de los locales que al igual que otros comerciantes del sector aseguran que prefieren no dar sus nombres ni ampliar sus testimonios. «Es mejor, la situación de seguridad está difícil y no queremos enredarla más», dice uno de ellos por el miedo de hablar, afirmando que no se imaginaba que las acciones hasta con drones de grupos armados, como los disidentes, pasaran de la zona rural al casco urbano.

Esa reunión que estas personas tuvieron en la alcaldía de Jamundí fue seis después de otro atentado, el del 12 de junio, en la zona bancaria y comercial en el centro de Jamundí. Allí, Rafael González, un cuidador de motos y vendedor de dulces, fue derribado de frente por el estallido de la moto bomba, en esas primeras horas de un miércoles trágico, muriendo a los 13 días siguientes. 

Su cuerpo no resistió los traumas en la cabeza, el tórax y el abdomen con quemaduras de segundo grado en el rostro y el cuello, y fracturas en sus extremidades. Una bacteria se extendió en su organismo, por lo que médicos de la Fundación Valle del Lili, una clínica y a la vez un hospital universitario del sur caleño, tuvieron que amputar su brazo derecho y también había afectado ambas piernas y el estómago. Por todo este golpe causado por el terrorismo y que dejó huérfanos a tres hijos venezolanos, don Rafael, oriundo de ese país, murió el 25 de este mes.

En esa manzana donde el cuidador de carros, de 57 años, vigilaba desde la esquina, 16 inmuebles quedaron con daños, de los cuales, ocho son locales comerciales, entre ellos, la sede de Bancolombia que ya tiene avances en su reconstrucción, además de un gimnasio y una panadería. El censo elaborado por la alcaldía de Jamundí dentro de la ruta de atención a víctimas arrojó que en esta zona, 42 familias son damnificadas.

“Cada uno está arreglando con su propia plata”, dijo uno de los empleados de un local aledaño a Bancolombia. Los principales daños son en vidrios, puertas, ventanas y techos. Las pérdidas económicas para estos vendedores y empresarios de inmediaciones a Bancolombia podrían superar los 1.000 millones de pesos.

Andrea Pérez, enlace municipal para la atención a víctimas en Jamundí, en la Alcaldía, explica que como toda administración cuando ocurren atentados terroristas los primeros respondientes son los entes territoriales. 

Anota que la atención que se presta al momento de un hecho terrorista es la asistencia inmediata que incluye alimentos y servicios de salud cuando sea requeridos, además de pagos funerarios a familias como la del cuidador de motos, así como llevar a los afectados al albergue temporal, cuya capacidad es solo para 30 personas. 

Es por esta razón que la administración de la alcaldesa Paola Castillo busca proponer un albergue mucho más amplio, teniendo en cuenta que los ataques se están registrando en la zona urbana, además en los corregimientos de Robles, Potrerito y otros hechos violentos se vienen presentando en los también corregimientos Timba y Villacolombia.

“La alcaldía hace un acompañamiento que también comprende una intervención psicosocial, si se requiere”, dice la funcionaria Pérez.

José Luis Biscué, enlace de la oficina de Riesgo de la alcaldía de Jamundí, señala que en esa atención primaria se trabaja de manera articulada con los organismos de socorro.

Asimismo, Pérez recalca que en la ruta de atención, la Personería hace toma de declaraciones de todos los afectados para se remitan a una instancia mayor, como la Unidad para las Víctimas. En este momento, el proceso está incipiente con los requisitos en el estamento del Ministerio Público.

Entre tanto, en la Unidad para las Víctimas explican que en la entidad se valora y se determina si la persona queda o no incluida en el Registro Único de Víctimas. Pérez, como funcionaria de enlace para la atención de víctimas en la alcaldía de Jamundí, también indica que el municipio no tiene un presupuesto robusto para inclusive, brindar la atención primaria, reiterando que no pueden entregar recursos económicos a las familias.

Municipio con  $ 120 millones para contingencia por atentados ; la plata no alcanza

De acuerdo con la funcionaria, la Alcaldía dispuso de 120 millones de pesos para todo el 2024, dirigidos a planes de contingencia por emergencias humanitarias y ya se han gastado 75 millones por la dicha atención inicial, en alimentos y otros acompañamientos por lo que evalúan proponer en el próximo Comité Territorial de Justicia Transicional, la adición del presupuesto y buscar consolidar la iniciativa ‘Misión Jamundí’, de la mano de la Gobernación, el Gobierno, la Unidad para las Víctimas y gestionando propuestas con la empresa privada.

 “Los atentados están afectando a otras personas de manera indirecta”, dice Pérez. Es así pues que sectores del turismo en fincas de veraneo y de la gastronomía es uno de los más impactados. Pérez dice, además que la Alcaldía cuenta con el respaldo de la Unidad para las Víctimas, si a la Administración se le agota el presupuesto para dar las ayudas humanitarias.

En la zona rural, otra espera

El 22 de septiembre de 2023, un carro bomba detonó afuera de la estación de Policía de Potrerito. El saldo de la acción terrorista fue de 10 heridos y siete viviendas afectadas.

De acuerdo con la alcaldía de Jamundí, con la Gobernación hubo una atención inmediata a los afectados y se indica que las familias podían recibir el pago por dos meses de arriendo. 

“Pero recibieron pagos por tres meses”, señala, la funcionaria Pérez. A su vez, explica que quienes son llevados al albergue temporal permanecen un mes. Sin embargo, enfatiza en que por los atentados con disparos y cilindros de este 2024 en la zona rural, esos afectados del año pasado han vuelto a ser víctimas por los daños recientes.

“No han arreglado las casas en Potrerito desde septiembre”, dice un morador de la zona. Otras personas manifiestan que el año pasado recibieron láminas de zinc, amarras, comida y lona verde.

Sin embargo, según la Alcaldía de esta municipalidad, ese proceso para un reconocimiento como víctimas del conflicto con derecho a una indemnización podría tardar hasta 10 años. Por eso, en la Administración piden celeridad a la Unidad para las Víctimas en esos trámites y que el Gobierno mire realmente a Jamundí y no deje sola a su ciudadanía.

La Alcaldía también da cuenta de que el pasado 12 de mayo, un artefacto explosivo contra la estación de Potrerito causó afectaciones a 26 personas y a nueve familias con daños en cinco viviendas y en un local comercial.

En esta escalada terrorista está el atentado del 7 de junio con un carro bomba en el corregimiento de Robles, donde 90 personas y 38 familias más quedaron en el listado de afectados. El 10 de junio, las autoridades detectaron un cilindro bomba en la vía entre el casco urbano de Jamundí y Robles. Por fortuna no hubo daños porque fue activado de manera controlada.

El departamento busca avanzar en la reparación, asistencia y el acceso a la justicia de las víctimas, luego de la aprobación del Plan de Acción Territorial, impulsando el bienestar de esta población y evitando posibles revictimizaciones. Así lo explica la gobernadora Dilian Francisca Toro, tras la reunión del Comité de Justicia Transicional, en esta semana.

“Se aprobó el Plan de Acción que es transversal y que nos permitirá que todos los proyectos y programas que se hagan en el presupuesto, incluido en el Plan de Desarrollo ‘Liderazgo que transforma’, tengan un porcentaje para las víctimas. Eso va a darles la posibilidad de participar en todos los proyectos, en todos los programas, pero, además, les mejorará sus condiciones de vida”, manifiesta la gobernadora Toro.

María Camila Mantilla, secretaria de Paz y Reconciliación del Valle, dice que “una de las acciones que se puede rescatar son las que permitirán avanzar en el convenio de subsidiariedad en los municipios para poder atender situaciones de emergencia en el departamento. Asimismo, poder reconocer una oferta en materia de deporte, educación, salud, mujer y equidad de género”.

En el Valle del Cauca hay más de 650.000 víctimas del conflicto armado. La funcionaria agrega que es una población que ha sido atendida desde el inicio del mandato en jornadas de diálogo y escucha con programas de paz y la consolidación de estrategias como el Acuerdo de Subsidiariedad en Inmediatez para garantizar atención humanitaria y la firma del Memorando de Paz que le apuesta al fortalecimiento de espacios, como el Observatorio para Paz.

CAROLINA BOHÓRQUEZ

Corresponsal de EL TIEMPO

Cali