Procuraduría sancionó e inhabilitó por nueve años a dos exfuncionarios de la alcaldía de Daniel Quintero, por contrato de jardines en Medellín
La Procuraduría General de la Nación sancionó en primera instancia a dos altos exfuncionarios de la alcaldía de Daniel Quintero, en el marco de una investigación por presuntas irregularidades en un contrato de mantenimiento de jardines que, según el ente de control, fue ampliado sin justificación y con sospecha de favorecimiento.
Natalia Urrego, exsecretaria de Infraestructura Foto:Alcaldía de Medellín
Las sanciones recaen sobre Natalia Urrego Arias, exsecretaria de Infraestructura, y Jorge Enrique Liévano Ospina, exgerente general de Metroparques, quienes fueron destituidos del cargo y inhabilitados para ocupar cargos públicos durante nueve años. La decisión fue adoptada por la Procuraduría Disciplinaria de Juzgamiento 1, que calificó sus acciones como una falta gravísima cometida con culpa gravísima.
Del contrato de tres meses a una extensión sospechosa
Todo comenzó en noviembre de 2020, cuando se firmó un contrato por $ 5.226 millones para el mantenimiento y conservación de jardines en diferentes zonas de Medellín, con una duración inicial de tres meses (del 3 de noviembre de 2020 al 3 de febrero de 2021). Sin embargo, meses después, el plazo fue extendido hasta el 10 de junio de 2021, bajo el argumento de que las restricciones por la pandemia de covid-19 habían afectado la ejecución del proyecto.
Jorge Enrique Liévano Ospina, exfuncionario de la alcaldía de Medellín. Foto:Archivo particular.
Pero para la Procuraduría, esa justificación no fue suficiente. Tras una minuciosa revisión, determinó que “las condiciones en las que se modificó el contrato desconocieron principios esenciales de la función pública, como el de economía, eficacia y transparencia”.
“Ampliar un contrato de esta magnitud sin una justificación técnica clara no solo es un acto administrativo irregular, sino que deja entrever la posibilidad de favorecer intereses ajenos al interés público”, señaló el fallo.
¿Un beneficio oculto?
La Procuraduría no encontró pruebas de sobornos directos, pero sí evidenció que la prórroga del contrato carecía de soportes técnicos y financieros sólidos. Además, consideró que la decisión pudo haber sido tomada con el propósito de beneficiar a la contratista, en detrimento del erario público.
Ente de control indicó que en el contrato desconocieron los principios de la función administrativa. Foto:Cortesía
Una decisión que puede ser apelada
La sanción, aunque firme en primera instancia, puede ser apelada por ambos funcionarios. Si deciden impugnarla, el caso podría pasar a una instancia superior dentro del sistema disciplinario.
Hasta el momento, ni Urrego ni Liévano han emitido declaraciones públicas. Tampoco la oficina de Daniel Quintero ha hecho comentarios sobre el fallo, pese a que el caso afecta directamente la imagen de su antigua administración, conocida por promover un discurso de transparencia y innovación.
¿Limpieza tardía o señal de control real?
Este caso se convierte en uno de los más resonantes de la era Quintero, quien dejó la Alcaldía en diciembre de 2023 tras un mandato marcado por avances tecnológicos, pero también por una serie de escándalos que pusieron en jaque su modelo de gestión.
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