sin Amazonía no hay paz que valga – DW – 17/01/2024

El Acuerdo de Paz en Colombia cumplió el 12 de noviembre de 2023 su séptimo año y su implentación sigue siendo insastifactoria para unos, esperanzadora para otros. En lo que todos coinciden es que «la paz es un largo proceso para el que se requiere más que una firma”, como dice a DW Kyle Johnson, cofundador de la Fundación Conflict Responses, con sede en Bogotá.

Con la premisa de que la paz debe ser «total”, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha apostado por dialogar con quienes no quisieron acogerse al Acuerdo de 2016 y optaron por formar grupos de «disidencias”.

El llamado Estado Mayor Central (EMC), junto con Segunda Marquetalia, dirigida principalmente desde Venezuela, son los dos mayores grupos disidentes. La oficina de Inteligencia del Ejército de Colombia calcula en 4.500 el número total de disidentes en unos 20 grupos dispersos.

¿Grupo criminal o político? Un estatus controvertido

El mayor obstáculo para entablar un diálogo oficial con el EMC es su carácter criminal, como lo documenta InsightCrime. Siendo así, reconocerle al EMC un fuero politíco ha sido «un error” del Gobierno de Petro, critica el senador Ariel Ávila, del partido Alianza Verde.

Aun así, el Gobierno de Colombia logró sentar a la mesa al EMC. ¿Qué avances ha habido en esas conversaciones? «El primer avance fue justamente la prorrogación por seis meses del cese al fuego bilateral, este 15 de enero, entre el EMC y el Estado colombiano”, dice a DW Francisco Daza, coordinador de la línea de paz territorial y derechos humanos de la  Fundación Paz y Reconciliación (Pares).

Este cese al fuego bilateral se logra justo en momentos en los que se debatía su presunta inviabilidad. «Esto responde a un ambiente positivo desarrollado en la mesa de negociación”, acota Daza, quien agrega algo que se consideraba aún más inesperado: la declaración de suspensión unilateral de los secuestros por parte del EMC.

El secuestro, el mayor desafío de la Paz Total

La práctica del secuestro es uno de los crímenes más abominables  dentro del conflicto colombiano y, según Pares, «el mayor desafío de la Paz Total”.

Aunque tras la firma del Acuerdo de Paz de 2016 el secuestro disminuyó significativamente, a partir de 2019 volvió a crecer, aumentando dramática en 2023, que sumó 287 casos hasta el mes de octubre, según los datos que arroja el Sistema de Información Estadístico, Delincuencial Contravencional y Operativo de la Policía Nacional (SIEDCO).

«El aumento del secuestro está directamente relacionado con la proliferación de Grupos Armados Organizados y Grupos de Delincuencia Organizada (GAO y GDO) durante 2020 en el Gobierno Duque, producto de la pandemia y de la desatención frente a los territorios anteriormente controlados por las extintas FARC-EP”, concluye Pares.

Firma de la paz, deserción y sometimiento

Con la Segunda Marquetalia, el otro gran grupo disidente, aún no se supera la fase exploratoria. El mayor problema es su propio comandante: Iván Márquez, exnegociador de las extintas FARC y firmante del Acuerdo en La Habana. De acuerdo con Kylian Johnson, politólogo de la Universidad de Connecticut, «la ley de orden público en Colombia no permite una negociación con una persona que ya haya firmado un acuerdo de paz que luego abandona para regresar a las armas, por lo que a Iván Márquez, en este caso, solo le queda el somentimiento a la Justicia”.

Así, Márquez, que habría huido a Venezuela, tiene que ser tratado como cualquier otro criminal con el que no se negocia ni se pacta, a no ser que la ley se reforme.

Por lo demás, ambas organizaciones criminales, EMC y Segunda Marquetalia, tienen presencia en la frontera con Ecuador y han sido sindicadas de mantener alianzas con carteles del narcotráfico en ese país.

Disidencias, «controladoras» y usufructuadoras de la tala

Lo que sí está comprobado es que las disidencias se han convertido en usufructuadoras de la tala de la Amazonía. «El Estado Mayor Central tiene una influencia territorial en Meta, Guaviare y Caquetá, los departamentos con la más alta deforestación en Colombia”, acota Francisco Daza, antropólogo social de la Pontificia Universidad Javeriana.

Los miembros del EMC «fiscalizan, auditan y mantienen un fuerte control sobre personas naturales o empresas que practican la tala, que responde a sus intereses los departamentos selvático que han sido el epicentro de su presencia territorial”, explica Daza.

La protección del Amazonas es uno de los pilares del programa de la presidencia de Gustavo Petro. Desde agosto de 2022, Colombia, como Brasil, ha logrado revertir la tendencia al alza de la deforestación. Según el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), en 2022 fueron deforestadas 123.517 hectáreas, mostrando una reducción de 29,1 por ciento, frente a las 174.103 registradas en 2021.

La razón, según Insight Crime: la reducción en los niveles de deforestación en la Amazonía de Colombia confluye con el cambio de enfoque del Gobierno frente a los delitos ambientales, con una suerte de «gobernanza criminal ambiental”.

Sabiendo a Petro en la presidencia y conociendo su prioridad medioambiental, el EMC se presenta como «fuerza protectora” del bosque. «Un elemento para inclinar la balanza en favor de sus intereses, en medio de las negociaciones de la Paz Total”, concluye Insight Crime. Una carta muy poderosa para negociar. A la lucha por la paz y el desarme se ha sumado la convicción de que, sin naturaleza, no hay paz que valga.

(ms)