Bruselas investiga a la china Goldwind por supuestas ayudas ilegales en el sector de las turbinas eólicas | elperiodico.com
La Comisión Europea ha puesto al fabricante chino de turbinas eólicas Goldwind en el punto de mira y ha anunciado este martes que tiene indicios de que la empresa ha recibido ayudas extranjeras, por parte del gobierno de Pekín, que podrían distorsionar el mercado europeo, tras una investigación preliminar.
El caso se remonta a 2024. El Ejecutivo comunitario inició de oficio una serie de investigaciones, solicitando información a varias empresas activas en el sector eólico en la Unión Europea. Entre esas empresas, estaba Goldwind. Goldwind, con sede en China, se dedica principalmente a la investigación, fabricación, venta y asistencia técnica de turbinas eólicas.
La empresa opera en territorio comunitario, sobre todo en Alemania, pero también en Francia, Polonia o España, a través de varias filiales. Tras la investigación preliminar, la Comisión ha determinado que hay suficientes indicios para concluir que Goldwind habría recibido subvenciones ilegales en el marco de la legislación comunitaria, que ponen en riesgo la competencia en el mercado europeo.
Préstamos y ventajas fiscales
En particular, Bruselas cree que el gobierno chino inyectó dinero en el fabricante de turbinas a través de subvenciones, financiación preferencial en forma de préstamos, además de ventajas fiscales. La Comisión ha explicado en un comunicado que tiene motivos para sospechar que «estas subvenciones extranjeras mejoran la posición competitiva de Goldwind en el mercado interior».
Bruselas ha expresado su preocupación respecto a que este tipo de ayudas que Goldwind recibiría del gobierno chino puedan estar afectando «negativamente» a la competencia en el mercado de la fabricación y el mantenimiento de turbinas eólicas en la UE. El objetivo de la investigación es precisamente determinar si es así.
Las subvenciones extranjeras, bajo lupa
La investigación fue lanzada por la Comisión en el marco de la legislación comunitaria sobre subvenciones extranjeras que entró en vigor en 2023. Esta legislación busca limitar el impacto en el mercado comunitario de subsidios por parte de gobiernos extranjeros a empresas que operan en el mercado único.
La UE busca garantizar así «la igualdad de condiciones» para todas las empresas que operan en el mercado interior, «manteniendo la apertura al comercio y la inversión». La ley permite a la Comisión investigar casos de oficio. «La Comisión recopilará más pruebas para decidir qué hacer con el caso», ha explicado en una rueda de prensa el portavoz del Ejecutivo, Ricardo Cardoso.
Bruselas se ha puesto como objetivo concluir la investigación en otoño del próximo año. La investigación no se centra en países concretos sino en la actividad global de la empresa. Si determina que las subvenciones son ilegales en el marco del derecho comunitario, podría reclamar a la empresa que tome medidas que corrijan la situación.
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