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Acumulaba varias denuncias por agresión. La última de 2025, cuando una madre le denunció por violar a su hija. Nadie le interrogó, nadie le detuvo. Hasta hace unas semanas, cuando apareció muerta la pequeña Lyhanna de 11 años, en Fleurance, al suroeste de Francia.
El caso ha generado una ola de indignación en el país ante la cadena de fallos jurídicos que han conducido a la muerte de la menor, que para muchos era evitable. La presión social ha obligado al Gobierno a reaccionar. Este miércoles, Emmanuel Macron reconoció ante el Consejo de Ministros los «fallos evidentes» en el caso, y mostró su preocupación por una situación que pone en entredicho el funcionamiento de las instituciones francesas. También el primer ministro, Sébastien Lecornu, quiso tomar partido y planteó ante la Asamblea Nacional la posibilidad de condenar a cadena perpetua a este tipo de criminales.
Sin embargo, otras voces como la de Frédéric Benoit, magistrado y consejero en la asociación La Voix de l’Enfant, no creen que condenas más severas sean la solución: «Endurecer las penas no va a resolver el problema del funcionamiento de la justicia. Es absurdo. Si efectivamente los magistrados no pueden trabajar con normalidad, lo que conduce a estos fallos, no es agravando las penas como va a cambiar la situación», explica Benoit, quien relaciona los errores cometidos con la asfixiante carga de trabajo y la falta de medios en el sector judicial. Una situación que impide abordar con rapidez todos los casos de violencia sexual en menores, tal y como denuncian los sindicatos.
«Existe efectivamente una imposibilidad para los magistrados, y en particular, para los magistrados del ministerio público, de trabajar en condiciones normales, lo cual no explica necesariamente que, en este caso, pudiera haber habido efectivamente un cierto número de acciones que podrían haber evitado este drama», matiza.
La punta del iceberg
La muerte de Lyhanna no es el primer caso que pone de relieve los fallos en la Administración. En mayo de 2025, el excirujano Joël Le Scouarnec, condenado a la pena máxima por abusar de más de 300 niños, contaba con antecedentes por pedofilia después de que el FBI diera la voz de alarma a las autoridades francesas. Recientemente, una denuncia de unos padres tras la violación de su hija por parte de un monitor en una escuela de París destapó casos de violencia sexual en más de 150 escuelas de la capital. En algunos centros incluso, ya se habían registrado denuncias pero no se llevaron a cabo medidas. Tras el escándalo, el Ayuntamiento de París ha llevado a cabo estas últimas semanas una limpieza en las aulas y suspendió a 132 monitores, 52 por sospechas de violencia sexual.
El caso de Lyhanna ha sido la gota que ha colmado el vaso. Su presunto asesino, Jérôme Barella, acumulaba varias denuncias por pederastia y, pese a ello, siguió trabajando en distintos centros escolares de la región.
«Hubo una decena de denuncias antes de que se pudiera detener a Barella. La primera se remonta a 2017, hace casi 10 años. Y en todo ese tiempo no se hizo nada para frenar a este pedocriminal reincidente», denuncia Marceau Beauvais, responsable de comunicación de la asociación Face à l’Inceste. Para Beauvais, el problema no radica únicamente en la falta de respuesta judicial a las denuncias, sino también en la ausencia de una investigación efectiva. «¿Quién fue interrogado? ¿Quién registró el ordenador de este acusado para comprobar si almacenaba material pedocriminal? Nadie», critica.
La presión de los sindicatos judiciales y las manifestaciones convocadas tras la muerte de la menor acabaron forzando una reacción política. Ante una indignación creciente, el Gobierno anunció medidas de urgencia, entre las que se encuentra, revisar 70.000 denuncias de agresiones sexuales e incesto a menores antes del 14 de julio.
Barella, una familia bajo el ojo policial
En las últimas horas, se ha conocido que tanto el hermano como el padre de Jérôme acumulaban varias denuncias por agresiones sexuales. En el caso de su hermano, dos de sus exparejas le habían denunciado por violación. Hasta ahora, permanecía en libertad pero la policía lo detuvo este miércoles en relación a estas acusaciones.
Su padre también contaba con una denuncia por violación a una de sus nietas en 2013. En este caso, la investigación fue archivada por falta de pruebas en 2021. «En lo que respecta a estos hechos, se abrió una investigación judicial en octubre de 2015 y se cerró con un auto de sobreseimiento en septiembre de 2021, tras múltiples investigaciones llevadas a cabo por el juez de instrucción del tribunal de Béziers», indicó el fiscal general adjunto de Montpellier, Jean-Marc Soriano.
Francia mira a España
La comisión independiente de Civiise calcula que casi 160.000 menores son víctimas cada año de agresiones sexuales en Francia, la mayoría cometidas por personas de su entorno más cercano. Además, sólo el 7% de las denuncias de violencia sexual contra niños y el 3% de las denuncias por violación de menores acaban con una condena.
Las autoridades observan con preocupación el aumento de estas cifras. Sin embargo, numerosos expertos atribuyen la mayor visibilidad del fenómeno a una mejor sensibilización social frente a las agresiones sexuales, lo que habría propiciado un aumento de las denuncias. Aun así, Francia busca la manera de abordar esta ola de violencia y mira a España como pionera en este tipo de protocolos. La ex primera ministra Élisabeth Borne llegó a reconocer que la justicia francesa está «infradotada» para hacer frente a estos delitos y garantizar una respuesta adecuada a las víctimas.
Desde 2021, España cuenta con una ley de protección infantil que prolonga el plazo de prescripción de los delitos de violencia sexual contra menores. Además, policías y agentes de seguridad cuentan con formación específica para estos casos.
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Fuente de TenemosNoticias.com: www.elperiodico.com
En la sección: El Periódico – internacional
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