El centro de detención de inmigrantes ‘Alligator Alcatraz’ seguirá abierto tras el revés judicial a los ambientalistas | elperiodico.com
El centro de detención de inmigrantes conocido como ‘Alligator Alcatraz’ continúa en medio de una batalla legal por su supervivencia. Este jueves, el Tribunal Federal de Apelaciones bloqueó la orden de una jueza de instancia inferior que ponía fin indefinidamente al funcionamiento del complejo. La altisonancia del sobrenombre no es casual: la prisión se construyó en los Everglades de Florida, una zona poblada por caimanes y cocodrilos.
La votación del tribunal de apelaciones se saldó con dos votos a favor y uno en contra, lo que supuso la suspensión de la orden previa de la jueza federal Kathleen Williams. Esta había dictado una medida preliminar que impedía al estado de Florida —gobernado por el polémico republicano Ron DeSantis— proseguir con las obras de ampliación del centro y ordenaba su cierre a finales de octubre. También instaba a trasladar a los detenidos a otras instalaciones junto con el equipamiento y el vallado de la prisión. «Este es un golpe desgarrador para los humedales de Estados Unidos y para todos los seres vivos que allí habitan, y el caso no está siquiera cerca de terminar», lamentó en un comunicado Elise Bennett, abogada principal del Centro para la Diversidad Biológica.
Las asociaciones contra el mundo
La demanda fue presentada por la organización Amigos de los humedales, que alegaba motivos ambientales para frenar la ampliación del centro inaugurado el 3 de julio. Con una capacidad inicial de 2.000 personas, el plan de expansión pretendía elevar el aforo a 4.000, según la División de Gestión de Emergencias de Florida. Las preocupaciones aumentaron cuando DeSantis anunció que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) había comenzado a operar vuelos de deportación desde un aeropuerto en desuso situado junto al complejo. Desde entonces, al menos 600 migrantes han sido deportados.
“Este campo masivo de detención representa una amenaza grave en el corazón de los humedales”, denunció Eve Samples, presidenta de la asociación demandante, quien alertó de que camiones estaban transportando combustible para aviones y materiales para pavimentar más de 81.000 metros cuadrados.
Las críticas, sin embargo, no se limitaron al ámbito ambientalista. Paralelamente, el juez Rodolfo A. Ruiz II, también del sur de Florida, analizaba denuncias de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) por presuntas violaciones de derechos humanos en el centro. Entre los testimonios, destaca el de Michael Borrego, inmigrante cubano involucrado en un caso de estafa laboral. Según su madre, en declaraciones a la BBC, Borrego sufrió un grave deterioro de salud dentro de la prisión: “Me dijeron que Michael se despertó cubierto de sangre”, relató. El joven desarrolló hemorroides de etapa 4 —la más grave— y tuvo que ser sometido a una cirugía de colon.
Las críticas, sin embargo, no se limitaron al ámbito ambientalista. Paralelamente, el juez Rodolfo A. Ruiz II, también del sur de Florida, analizaba denuncias de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) por presuntas violaciones de derechos humanos en el centro. Entre los testimonios, destaca el de Michael Borrego, inmigrante cubano involucrado en un caso de estafa laboral. Según su madre, en declaraciones a la BBC, Borrego sufrió un grave deterioro de salud dentro de la prisión: “Me dijeron que Michael se despertó cubierto de sangre”, relató. El joven desarrolló hemorroides de etapa 4 —la más grave— y tuvo que ser sometido a una cirugía de colon.
Tras el revés judicial, el gobernador celebró el fallo en redes sociales. “Está operando, las deportaciones están continuando. Una jueza muy partidista intentó detenerlo, pero finalmente la justicia nos dio la razón. Dijimos que lucharíamos contra eso, que la misión continuaría. Y así ha sido: ‘Alligator Alcatraz’ sigue abierto al público”.
Una batalla desigual
En esta línea, el Departamento de Seguridad Nacional describió la decisión como “una victoria para el pueblo estadounidense, el estado de derecho y el sentido común”. El organismo sostuvo que la demanda no se centraba en el impacto ambiental, sino en “activistas y jueces a favor de fronteras abiertas” que obstaculizan la labor de las fuerzas de seguridad para expulsar a “delincuentes extranjeros peligrosos”.
Según funcionarios de Florida, esta semana podría reanudarse la admisión de nuevos detenidos si se confirma la suspensión definitiva. Las organizaciones ambientalistas, por su parte, insisten en que el centro “acabará siendo clausurado”. Todo apunta a que la sociedad floridense seguirá siendo testigo de una larga y desigual batalla legal entre el estado —bajo el auspicio del presidente Donald Trump y sus planes de deportación— y las organizaciones civiles.
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En la sección: El Periódico – internacional
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