El Gobierno francés supera dos mociones de censura por su gestión del acuerdo UE-Mercosur | elperiodico.com
El Gobierno de Sébastien Lecornu superó este miércoles dos nuevas mociones de censura presentadas por La Francia Insumisa (LFI) y Agrupación Nacional (RN) ante la Asamblea Nacional, en protesta por su supuesta inacción para frenar el polémico acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur.
Aunque estas iniciativas suponen un nuevo obstáculo para Lecornu en un contexto marcado por la presión en torno a los presupuestos de 2026, ambos textos tenían escasas posibilidades de prosperar. Los socialistas y Los Republicanos ya habían anunciado que no las respaldarían, al considerarlas «absurdas». «¿Puede una moción de censura bloquear el acuerdo? La respuesta es, obviamente, no. Esto debe decidirse en Bruselas y Estrasburgo», subrayó la diputada socialista Béatrice Bellay.
Francia ha mantenido históricamente una postura crítica frente al acuerdo con el Mercosur. Sin embargo, tanto la oposición como el sector agrícola reprochan al Ejecutivo no haber hecho lo suficiente para bloquear el proceso ni haber ofrecido las garantías necesarias a los agricultores franceses. Desde LFI acusan al presidente, Emmanuel Macron, de haber «dejado la puerta abierta a la capitulación de nuestro país ante la Comisión Europea», mientras que RN califica la actuación del Gobierno como un «fracaso rotundo».
Durante el debate en la sesión plenaria, los diputados expresaron su preocupación por el impacto del acuerdo en el campo. Para Hélène Laporte, diputada de Agrupación Nacional, «la agricultura francesa será la gran perdedora de este acuerdo de libre comercio», en un contexto en el que, según denunció, el Gobierno «se niega obstinadamente a escuchar la voz del pueblo». En el otro extremo del arco parlamentario, Mathilde Panot, líder del grupo LFI, denunció a un «Gobierno vasallo de los ricos» que estaría «humillando al país ante la Comisión Europea y el imperio estadounidense», y traicionando «la soberanía popular al capitular ante Bruselas en el acuerdo de libre comercio más peligroso de la historia de la Unión Europea».
Ante estas mociones, Lecornu reafirmó la oposición total del Gobierno al acuerdo con el Mercosur, aunque aprovechó para advertir que, en un contexto geopolítico especialmente tenso, «no es el momento de censurar al Gobierno» ni de «privar a Francia de estabilidad«.
Lecornu anuncia una ley agrícola de urgencia
Tras varias semanas de intensas protestas y después de que la presión del mundo rural llegara hasta la capital —donde miles de tractores bloquearon los principales puntos de París, incluidas las inmediaciones de la Asamblea Nacional—, el primer ministro trató de calmar los ánimos anunciando un proyecto de ley agrícola de urgencia. El texto será «examinado por el Parlamento antes del verano» y busca responder a las demandas del sector.
«La soberanía agrícola no puede ser solo un eslogan. Es una responsabilidad nacional», afirmó Lecornu en un comunicado, en el que adelantó una batería de medidas destinadas a apoyar al sector y a simplificar «reglas complejas, mal explicadas y, en ocasiones, contraproducentes».
El primer ministro fijó como plazo máximo para presentar el proyecto el próximo 21 de febrero, coincidiendo con el Salón de la Agricultura. Además, solicitó una moratoria sobre todas las decisiones relacionadas con la política hídrica, reclamando la suspensión de las normativas que limitan la extracción de agua. En su comunicado también mencionó la apertura de reuniones para estudiar posibles exenciones a la directiva europea sobre nitratos, que regula el uso de fertilizantes en el sector agrícola.
Estos anuncios han contribuido a apaciguar temporalmente el descontento en el campo, aunque los sindicatos agrícolas advierten de que volverán a movilizarse si las promesas no se traducen en medidas concretas. De hecho, el próximo 20 de enero los agricultores llevarán sus tractores hasta Estrasburgo para manifestarse frente al Parlamento Europeo contra el acuerdo UE-Mercosur. Ese mismo día, los eurodiputados votarán la posibilidad de remitir el acuerdo al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
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