El Tribunal Supremo rechaza permitir que Trump despliegue la Guardia Nacional en Chicago | elperiodico.com
El choque entre la Casa Blanca y los estados vuelve a escalar hasta el Tribunal Supremo. Esta vez, el pulso se libra en Chicago y la Guardia Nacional es el eje del conflicto.
Revés judicial para Donald Trump. El Supremo de Estados Unidos ha rechazado que el presidente pueda desplegar la Guardia Nacional en Chicago sin el consentimiento expreso del Gobierno de Illinois. Y aunque la decisión es de carácter preliminar, suspende de forma inmediata la orden presidencial. Además, reabre el debate sobre la legalidad del uso de fuerza de la Administración Trump y da alas a los estados progresistas que han llevado a la Casa Blanca a los tribunales.
El contexto pesa. Desde el inicio del despliegue, Chicago ha vivido una intensificación de la represión antiinmigratoria, con miles de arrestos y episodios de tensión entre residentes y agentes federales. La Casa Blanca justificaba el envío de tropas como una medida imprescindible para proteger personal e instalaciones federales ante el aumento de las protestas. El alto tribunal, sin embargo, no dio por buena esa lectura.
En su resolución, los jueces recuerdan los límites de la ley de 1878 en la que Trump basó su decisión, una norma histórica que restringe el uso de fuerzas militares en tareas de orden público dentro del territorio nacional. Según el Supremo, el Ejecutivo no ha acreditado que concurran las condiciones legales necesarias para federalizar la Guardia Nacional de Illinois sin el visto bueno del gobernador.
La decisión marca un punto de inflexión. No solo por el fondo, sino también por el momento. Llega de un tribunal con mayoría conservadora que en litigios recientes había respaldado a Trump en disputas clave sobre el alcance del poder ejecutivo.
Seguridad nacional, un argumento insuficiente
Uno de los ejes del fallo es la debilidad del argumento de seguridad nacional esgrimido por la administración Trump. El Gobierno federal sostenía que las protestas habían desbordado a las fuerzas del orden y que existía un riesgo real para edificios gubernamentales.
El tribunal discrepa. Considera que esa justificación no basta para activar un mecanismo excepcional como la federalización de tropas estatales. Sin una declaración formal de emergencia o una solicitud explícita del estado afectado, el margen de actuación presidencial queda severamente acotado.
Protestas en Chicago por el despliegue de la Guardia Nacional para reprimir las manifestaciones contra la represión migratoria de Donald Trump / TANNEN MAURY / EFE
Reacciones en Illinois
En Illinois, la resolución fue recibida como una victoria política y jurídica. El gobernador JB Pritzker celebró el fallo como una defensa de la democracia y de la autonomía estatal, y advirtió de que el uso de la Guardia Nacional con fines políticos “cruza líneas peligrosas”.
El alcalde de Chicago, Brandon Johnson, se expresó en términos similares. A su juicio, la decisión del Supremo levanta un dique frente a la “militarización innecesaria” del espacio público y puede servir de escudo para otras ciudades amenazadas por despliegues análogos.
Un patrón que se repite
El intento de intervención en Chicago no es un episodio aislado. En los últimos meses, Trump ha ordenado despliegues de la Guardia Nacional en ciudades como Portland, Los Ángeles o Washington D. C., en contextos marcados por protestas contra sus políticas migratorias y el uso de la fuerza por parte de agentes federales.
Varios estados han recurrido esas decisiones, alegando que la Constitución reserva a los gobernadores la gestión de las emergencias internas y que no existe base legal para imponer tropas estatales sin su consentimiento. El fallo de esta semana refuerza esa tesis y refleja una inquietud creciente en el sistema judicial ante el recurso a fuerzas militares en operaciones de seguridad interior.
Aunque la ley contempla su uso en circunstancias excepcionales, el Supremo deja claro que esas condiciones deben interpretarse de forma restrictiva.
Un freno al poder presidencial
Más allá de Chicago, la resolución tiene un alcance mayor. El tribunal subraya que el presidente no puede ampliar de forma unilateral sus competencias sin una justificación legal sólida, especialmente cuando están en juego la separación de poderes y la autonomía de los estados.
El fallo no es definitivo, pero su efecto inmediato es claro: Trump no podrá desplegar tropas en Illinois sin superar un umbral legal mucho más exigente. Y deja un aviso para el futuro. En un país acostumbrado a fricciones periódicas entre Washington y los estados, el Supremo vuelve a recordar —al menos por ahora— dónde están los límites del poder presidencial.
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