«Es un veredicto excepcional y sin precedentes» | elperiodico.com

El máximo tribunal de Naciones Unidas pone la pelota en el tejado de Israel y sus aliados occidentales, especialmente Estados Unidos, Alemania y Reino Unido. El veredicto de este viernes, en el que la Corte Internacional de Justicia ordena a Tel Aviv medidas cautelares para prevenir un genocidio en Gaza, más de 25.000 muertos después, es “histórico” y tiene “un impacto moral incalculable”, valora Haizam Amirah Fernández del Real Instituto Elcano, porque es la primera vez que se pide a un Estado como Israel medidas cautelares para evitar un genocidio. No exige un alto el fuego, entre otras cosas porque Hamás no es un Estado y no es razonable esperar un cese unilateral de hostilidades, explica Anthony Dworkin, del ‘think tank’ European Council of Foreign Relations. 

Tras la demanda por genocidio presentada por Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), este tribunal de la ONU ha exigido a Israel medidas para “asegurarse con efecto inmediato de que sus militares no cometan ningún acto” prohibido por la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio. Se prohíbe en ese texto la destrucción de parte o todo un grupo o la creación de condiciones que hagan imposible la vida. La CIJ ordena también “adoptar medidas inmediatas y efectivas” para permitir el acceso de la asistencia humanitaria a Gaza. Y que Tel Aviv “castigue” cualquier incitación al genocidio de los civiles palestinos, en referencia a las declaraciones de los máximos líderes israelíes, desde el presidente Isaac Herzog al ministro de Defensa Yoav Galant.

“Creo que este veredicto de cautelares era el máximo que podía esperar conseguir Sudáfrica”, opina Dworkin en conversación telefónica desde Londres. “Y no sólo les dan todo lo que les podían dar, sino que lo han hecho en términos duros, hablando de situación devastadora remarcando la urgencia y el grave riesgo, o con la presidenta del tribunal leyendo en voz alta las citas de los líderes israelíes que llevó Sudáfrica como prueba de presunta intención genocida”. 

Para el analista, aunque no le haya pedido alto el fuego a Israel, la Corte sí ha reconocido la existencia de una controversia entre Estados sobre la destrucción masiva en Gaza, las muertes de civiles, los desplazamientos forzosos y la crisis alimentaria. “Han aceptado que hacían falta medidas provisionales ante el riesgo inminente de daño irreparable a los palestinos”, alega.

“¿Cuántas veces la Corte dice que hay indicios de que puede haber actos genocidas para países como Israel?”, añade Amirah Fernández

Consejo de Seguridad de Naciones Unidas

Ahora es previsible que algún país lleve la petición de cautelares ordenada por la CIJ al Consejo de Seguridad, el “órgano ejecutivo” de Naciones Unidas, pidiendo a Israel que cumpla con las medidas preventivas. Si Estados Unidos o Reino Unido lo vetan, irá a la Asamblea General. Su previsible aprobación dará más fuerza al veredicto y obligará a los países a retratarse. ¿Se opondrán a la decisión de la Corte Mundial?

El Gobierno de España ya se ha pronunciado. “Celebra” la decisión de la Corte “que ha ordenado varias de las medidas provisionales solicitadas por Sudáfrica en relación con la crisis de Gaza”. Nuestro país se ve así reivindicado en la posición controvertida que expresó el Ejecutivo de Pedro Sánchez desde el primer momento: la de advertir de que hay indicios serios de que el Ejército israelí no está respetando las normas de la guerra y el resto de la legislación internacional. Ahora esos indicios están judicializados. 

“Viene a confirmar la posición adoptada por el Gobierno español, claramente definida: España se adelantó a lo que la orden viene a decir varios meses después: que lo de Gaza no es legítima defensa,”, opina Amirah Fernández. 

El veredicto facilitará a los países que dudaban sobre si decantarse por pedir el final de las hostilidades o dejar al Ejército israelí atacar hasta acabar con Hamás tras los ataques del 7 de octubre. Entonces, murieron alrededor de 1.200 israelíes y, en la represalia posterior, han fallecido ya 25.000 palestinos. Ahora, las capitales occidentales tienen sobre la mesa un veredicto y, en él, un relato con el que justificar internamente la decisión. 

Hay implicaciones geopolíticas a medio largo plazo en las que concuerdan los analistas consultados. Este veredicto ha salido de una iniciativa del llamado “sur global”, los países no-occidentales. “El caso se ha producido en contra del deseo de los principales Gobiernos de Occidente. Es el sur global el que defiende en este caso el sistema internacional basado en normas, del cual la Corte Internacional de Justicia es el máximo órgano judicial de Naciones Unidas”, concluye el experto del Elcano. 

Presión sobre Israel

Aumenta también la presión sobre Israel. Tel Aviv debe enviar en el plazo de un mes un informe con las medidas concretas tomadas para evitar la muerte indiscriminada de civiles en Gaza, la entrada de ayuda humanitaria y el final de las declaraciones que instigan presuntamente al genocidio. Podría no acatar esa orden, aunque el hecho de que hayan enviado a un potente equipo legal para ejercer su defensa en La Haya, incluido su derecho a poner un juez “ad hoc” en el tribunal, hace pensar que responderán a esa petición. 

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El primer ministro del Gobierno israelí, Benjamin Netanyahu, ha subrayado «el compromiso inquebrantable» de Israel con el Derecho internacional. Ha celebrado que no se haya exigido un alto el fuego, pero ha cargado contra la alegación de genocidio que, según él, «no solo es falsa, es escandalosa» y “un vil intento de negar a Israel este derecho fundamental a la autodefensa es una discriminación flagrante contra el Estado judío que ha sido justamente rechazado». No ha dado indicio alguno de detener la ofensiva. “Estamos librando una guerra justa y la continuaremos hasta la victoria total, hasta que ganemos”, ha asegurado. 

El camino legal para Israel tiene un nuevo escollo en los próximos días. El 19 de febrero se celebrará otra vista de otro caso abierto en la Corte Internacional de Justicia para analizar las consecuencias legales de las “políticas y prácticas de Israel en los Territorios Ocupados palestinos, incluido Jerusalén Este”.