España en la UE, más allá de turnos | elperiodico.com

El turno de España en el semestre de presidencia rotatoria del Consejo de la UE no puede convertirse en un arma arrojadiza en la que acaba primando más la España de turno que salga de las elecciones del 23 de julio que los intereses generales ante una cuestión de Estado que deberían compartir los dos grandes partidos de gobierno. La política europea de España no es una derivada de la política exterior, sino que forma parte de la política interior desde su ingreso en la Comunidad Económica Europea (hoy Unión Europea) el 1 de enero de 1986.

Desde entonces, España ha desempeñado la presidencia semestral en cuatro ocasiones, dos de ellas en los gobiernos de Felipe González (1989 y 1995); la tercera durante el mandato de José María Aznar (2002) y la última con José Luis Rodríguez Zapatero (2010). Las tres primeras fueron, en líneas generales, positivas para la integración europea y para los gobiernos que las impulsaron; la última, en cambio, se vio afectada por una combinación de factores políticos y, sobre todo, económicos (la gran recesión) que deterioró nuestra influencia en Bruselas y acabó pasando factura a Zapatero en España.

Más allá de las circunstancias de cada momento, España no debe olvidar que nuestro proceso de integración europea es la historia de un éxito. En 1992, con la firma del Tratado de Maastricht, se inició el camino hacia la moneda común y, ese mismo año, en la cumbre de Edimburgo, España se benefició del fondo de cohesión que, junto al resto de los fondos estructurales, generó un enorme caudal de solidaridad. Los fondos europeos representaron el 0,8% del PIB durante los primeros 20 años de integración, es decir, una especie de plan Marshall 2.0 del que no nos beneficiamos en su día.

Es lógico, desde esta perspectiva, que el Gobierno español haya apostado por una ambiciosa agenda, acorde con aquel caudal de solidaridad europeo del que somos deudores, frente al perfil bajo por el que ha optado Suecia en el primer semestre del año. La presidencia española, ‘a priori’, se presentaba como la de la última oportunidad en la actual legislatura europea –la última completa de seis meses antes de las elecciones europeas de junio de 2024–, pero el calendario electoral español ha ensombrecido aquellos buenos propósitos.

Sería aconsejable, en este contexto, que el Gobierno asociara desde el inicio de su presidencia al primer partido de la oposición y, en particular, a su líder, Alberto Núñez Feijóo, para que, con independencia del desenlace electoral del 23J, pudiese garantizarse la continuidad de objetivos. Sería también deseable, en justa correspondencia, que el PP abandonara la línea de confrontación que ha mantenido en Bruselas con el aval de Manfred Weber, el presidente del PPE, que ha abierto una brecha en su grupo hacia posiciones populistas y contemporizadoras con la extrema derecha.

El objetivo de la presidencia española, entre tanto, es avanzar hacia “una Europa fuerte, global, autónoma, verde, digital e innovadora” y se articula en cuatro grandes prioridades: industrializar la UE y asegurar su abastecimiento, acelerar la transición ecológica, impulsar la justicia social y mantener la unidad interna, sobre todo en materia de migración y asilo. El presidente Sánchez, en un gesto simbólico, ha escogido Kiev para inaugurar el semestre. Más allá de simbolismos, es de esperar, como decíamos al inicio, que el turno de España en la UE sea fructífero y que no acabe erosionado por la España de turno.