Estados Unidos amenaza con nuevas sanciones contra funcionarios brasileños por la situación judicial de Bolsonaro | elperiodico.com
El Gobierno de Estados Unidos lanzó una nueva amenaza de sanciones contra autoridades brasileñas a pocas horas de la reanudación del juicio en contra de Jair Bolsonaro y siete colaboradores de la primera línea por el intento de golpe de Estado del 8 de enero de 2023. Los dardos apuntaron una vez más contra el juez del Tribunal Supremo Federal (STF), Alexandre de Moraes, la verdadera «bestia negra» de la ultraderecha por encabezar las investigaciones que permitieron imputar a los conjurados.
El subsecretario de Diplomacia Pública del Departamento de Estado, Darren Beattie, recordó que el 7 de setiembre se celebra el Día Día de la Independencia de Brasil, pero a los efectos de recordar que de Moraes y otros funcionarios son «personas cuyos abusos de autoridad han minado estas libertades fundamentales», por lo cual, Washington seguirá «tomando las medidas adecuadas».
El mensaje se conoció después de las demostraciones callejeras del bolsonarismo en favor de una amnistía. La ultraderecha y algunos aliados presionan para que Bolsonaro y los otros siete conspiradores sometidos a juicio, entre ellos tres generales del Ejército y un excomandante de la Armada, reciban ese beneficio. Esta semana debería conocerse las condenas a los implicados en el 8E.
Si bien Donald Trump ha expresado en más de una oportunidad su solidaridad con el excapitán del Ejército, de 70 años, y a las puertas de una sanción ejemplar, no han faltado analistas que relacionaron la declaración de Beattie con las posiciones asumidas por Luiz Inacio Lula da Silva en el marco de la cumbre virtual de presidentes de los países del BRICS, el foro que representan el 36% del PIB global y el 45% de su población. Lula dijo frente a sus colegas de China, India, Rusia y otros países que Trump ha aplicado un «chantaje arancelario» contra Brasil al establecer un gravamen del 50% a sus exportaciones. Medidas de esa naturaleza, añadió, «se están normalizando como instrumento para conquistar mercados e interferir en asuntos internos». Según Lula «la imposición de medidas extraterritoriales amenaza nuestras instituciones» y «restringen nuestra libertad para fortalecer el comercio con países amigos». Para el líder del Partido de los Trabajadores «las medidas unilaterales han convertido en letra muerta principios básicos del libre comercio». El mundo asiste «al entierro formal de estos principios». Una nota del Gobierno consigna a su vez que frente a un escenario de «creciente inestabilidad internacional», tanto en el ámbito económico como en el político, «los BRICS han reafirmado su compromiso con la preservación y el fortalecimiento del multilateralismo, así como con la reforma de las instituciones internacionales».
Pero Lula también opinó sobre la decisión de Washington de enviar un poderoso destacamento naval a aguas lindantes con el mar territorial de Venezuela. El presidente de Brasil dijo que ese despliegue militar es «un factor de tensión incompatible con la vocación pacífica de esta región».
Polémica por la bandera norteamericana
Las intervenciones de Trump en la política brasileña no solo son capitalizadas por el Gobierno que levanta la consigna de un «Brasil soberano»: provocan fricciones en el seno de la misma derecha. El pastor evangélico Silas Malafaia, quien pertenece al círculo íntimo de Bolsonaro, dijo haber sentido «indignación» al ver flamear la bandera norteamericana en la manifestación a favor del expresidente. «Mi deseo era pedir que la quitaran. Esa gente no tiene ni idea». La controversia se trasladó con fuerza en las redes sociales.
El ministro de la Casa Civil, Rui Costa, también hizo un señalamiento crítico en relación a las banderas de Estados Unidos que exhibieron los sectores más radicales del bolsonarismo. «Nunca he visto, no conozco en la historia de la humanidad, que en el Día de la Independencia de una nación o de un país, los políticos izaran la bandera de otro país. Y un país que ha adoptado medidas para destruir los empleos, las empresas y la economía de nuestro país», añadió, en alusión a los aranceles que el Gobierno considera en los hechos una sanción política.
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