La Administración del presidente Donald Trump tiene una cruzada contra la diversidad y ha extendido su decisión de poner fin a los programas de fomento de la inclusión en Estados Unidos más allá de sus fronteras, exigiendo a las empresas en otros países que respeten esta política, desatando la indignación de los europeos.
El pasado mes de marzo, el diario francés Les Echos publicó en exclusiva que la embajada de Estados Unidos había enviado una carta a empresas en Francia exigiéndoles que pusieran fin a cualquier programa de igualdad. En ella, el Gobierno de Trump llamaba a aquellas empresas con contratos con el Gobierno a certificar que no tenían en marcha ningún programa de diversidad e inclusión. Hacerlo podía suponer el fin de la relación.
Pero esa carta llegó también a empresas en España, Bélgica, Alemania o Reino Unido. Algunas han optado por ceder las presiones de la Administración estadounidense. Mientras, París, Bruselas, Berlín y Londres tratan de contrarrestar los efectos de las políticas de Trump. También la Comisión Europea, que recordó a través de una portavoz que en Europa existen leyes específicas contra la discriminación.
«Apoyamos a las organizaciones para que fomenten y desarrollen lugares de trabajo más diversos e inclusivos porque creemos que eso atrae talentos, potencia la creatividad y la innovación», aseguró en rueda de prensa el pasado mes de marzo la portavoz de Igualdad, Eva Hrncirova. Sin embargo, Hrncirova no especficó qué planteaba hacer el Ejecutivo comunitario para contrarrestar las políticas de Trump. Una cuestión que preocupa a no pocos gobiernos en la Unión Europea, y fuera de ella.
Bélgica es uno de los países en el punto de mira. Al menos dos empresas, la farmacéutica británica GSK y la consultora estadounidense Accenture, habrían puesto en pausa algunos de sus proyectos, mientras evalúan el impacto de la decisión de Estados Unidos sobre los mismos. El Gobierno belga está al corriente y estudia la manera de proteger a las empresas que operan en su territorio.
«En Europa tenemos una cultura de no discriminación y debemos mantenerla», dijo en respuesta el ministro de Finanzas belga, Jan Jambon, en declaraciones a la televisión RTL. «No es el jefe de Estados Unidos quien debe darnos lecciones». Bélgica, aseguró el titular de Exteriores, Maxime Prévot, «no cederá ni un milímetro».
Fuentes del Ministerio de Exteriores asegurán a EL PERIÓDICO que el Gobierno belga expresó su preocupación a la embajada de EEUU por primera vez el pasado 13 de marzo, mucho antes de que se hiciera público el envío de la carta. «El ministro Prévot y el ministro Rob Beenders [al cargo de Consumo e Igualdad] siguen directamente implicados en este asunto», explican fuentes diplomáticas. Las mismas fuentes aseguran que continúan en contacto con las autoridades estadounidenses para asegurarse de que cualquiera que sea el impacto de estas medidas en el modelo de contratación, esté «dentro de los límites de la legalidad».
GSK y Accenture
Bélgica acoge las tres principales sedes de desarrollo y producción de vacunas de la farmacéutica GSK en su territorio. En total, la empresa emplea a alrededor de 9.000 personas, de las cuales 2.000 son científicos, en sus centros Wavre, Rixensart et Gembloux desde donde se exportan vacunas y medicamentos a 160 países, incluido Estados Unidos.
Fuentes de la empresa en respuesta a las preguntas de EL PERIÓDICO confirman que como empleadores en Estados Unidos y al tener contratos con el Gobierno federal, la empresa está «sujeta a las leyes, reglamentos y requisitos» de los contratos de la administración. GSK está por lo tanto revisando sus políticas para adaptarlas a las exigencias de Trump.
«Cuando nuestros programas de inclusión global operan en Estados Unidos o implican a personas estadounidenses, hemos hecho una pausa para poder revisarlos y asegurarnos de que siguen cumpliendo la normativa», aseguran las mismas fuentes. «Los programas que operan fuera de EEUU y no implican o afectan a personas estadounidenses siguen adelante», añaden. Sin embargo, GSK rehúsa aclarar cuántos programas y en qué medida se ven afectados por esta decisión.
Accenture es otra de las grandes empresas que se ha visto en esta situación. En una nota a enviada los empleados de la consultora a la que ha podido tener acceso EL PERIODICO, la consejera delegada, Julie Sweet, reconocía que la compañía se veía obligada a evaluar algunas de sus políticas para cumplir con las nuevas órdenes ejecutivas de la administración Trump.
En esa nota, Sweet confirmaba que la empresa ponía fin a sus objetivos de representación globales, y sus programas de «desarrollo profesional para personas de grupos demográficos específicos». Además, la consejera delegada anunciaba la suspensión de la empresa en la participación en encuestas externas de evaluación comparativa de la diversidad. «Somos y siempre hemos sido una meritocracia», aseguraba Sweet en la nota.
La consejera defendía en cualquier caso que en Accenture mantendría sus políticas de igualdad salarial, e insistía en que atraer personas «con distintos orígenes, distintas perspectivas y distintas experiencias» ha sido clave en el crecimiento de la empresa. «Estamos y siempre hemos estado comprometidos con un lugar de trabajo inclusivo, basado en el mérito y libre de prejuicios», aseguraba Sweet.
Aunque es pronto para conocer el impacto de estas políticas, Patrick Charlier, Director de Unia, el centro belga para la igualdad de oportunidades, asegura que la presión ejercida por las autoridades estounidenses sobre las empresas no solo belgas sino también europeas para poner fin a los programas de diversidad es «problemática». En declaraciones a EL PERIODICO, Charlier lamenta la decisión «ya que sabemos que hay desigualdades estructurales en el mercado laboral y que ese tipo de políticas ayudan a reducirlas».
El Director de Unia matiza en cualquier caso que es dificil valorar el impacto por el momento ya que muchas de estas políticas afectan a los procesos de selección de los empleados, o de gestión, «que no se cambian de un día para otro». Unia trabaja con el ministro belga de Igualdad para buscar una salida a la situación.
Charlier reconoce en cualquier caso que «las políticas de igualación, diversidad e inclusión no son jurídicamente vinculantes», sino una cuestión de «buena voluntad» de las empresas. Es decir, mientras no exista una discriminación, estos cambios de postura no son ilegales per se. Ahora bien, poner fin a estas políticas «puede llevar eventualmente a algun tipo de discriminación», advierte el director de Unia.
La carta emitida por la embajada estadounidense hace unas semanas a «una decena de empresas francesas» no sentó nada bien al Gobierno de París. En el escrito, la Administración de Donald Trump instaba «obligatoriamente a todos los proveedores y prestadores de servicios del gobierno estadounidense, independientemente de su nacionalidad o del país en el que operen» a firmar un documento que certifique que no implementan ninguna política de diversidad e inclusión que pueda violar la ley antidiscriminación de Estados Unidos.
Un documento que ha generado una gran indignación en el país, pero también ha abierto un importante debate sobre la «injerencia» de un Estado extranjero en el sector privado. Para el ministro delegado de Comercio Exterior de Francia, Laurent Saint-Martin, «la injerencia estadounidense en las políticas de inclusión de las empresas francesas, como las amenazas de aranceles injustificados, son inaceptables». Una opinión compartida por el presidente de la patronal CPME, Amir Reza-Tofighi, quien denunció para la AFP un «ataque a la soberanía» y llamó a los responsables políticos y económicos a «formar un frente unido».
Poco se sabe de esa carta, ni siquiera se conoce la lista de empresas que la recibieron. «No es una carta con membrete de la embajada, del consulado o de cualquier otra agencia estadounidense», afirma Christopher Mesnooh, abogado comercial estadounidense del bufete Fieldfisher. Sin embargo, varios medios de comunicación del país informaron que la carta fue enviada por Stanislas Parmentier, el director general de los servicios de la embajada de Estados Unidos en París.
Tras la polémica generada, llegó el debate: ¿puede aplicarse el derecho estadounidense en Francia a las empresas que han firmado contratos con Estados Unidos? El ministro de comercio francés lo tiene claro: «No podemos anular la aplicación de nuestras propias leyes», afirmó e insistió en denunciar que esto es «un paso más en la extraterritorialidad estadounidense, pero esta vez en el terreno de los valores«. Acogiéndose al código de trabajo y a las leyes nacionales, el Gobierno francés no ha pasado de pedir explicaciones a la embajada estadounidense.
Ley Rixain
Desde 2021, las empresas francesas deben aplicar la ley Rixain, que es una reforma de su predecesora ley Copé-Zimmermann. Esta normativa busca una mayor igualdad entre mujeres y hombres en las empresas francesas, y en este sentido, su artículo 14, establece una obligación de representación equilibrada en los puestos directivos de las grandes empresas. El objetivo de esta ley es que para 2027, un 30% de órganos de dirección estén ocupados por mujeres, y en 2030, un 40%.
Para el ministro Laurent Saint-Martin, la postura de la Administración Trump es clara: «Pedir a las empresas renunciar a las políticas de inclusión que son, simplemente, un derecho francés y a veces europeo». El Gobierno francés insiste en que, todas las empresas con sede en el país deben cumplir el código de trabajo marcado por ley, donde se destaca la lucha contra la discriminación. La única manera que tendría el Ejecutivo estadounidense de influir a estas empresas sería mediante la amenaza de retirar su apoyo, como es el caso de la compañía de taxis G7, que ofrece servicios a la embajada de Estados Unidos en Francia.
Las empresas alemanas se deben al precepto de fomentar la diversidad y la inclusión en su actividad. En esa dirección van las respuestas del ministerio de Economía y de la Cámara de Comercio y la Industria alemanas (DIHK), a la pregunta de cómo actuar ante las presiones ejercidas desde la administración de Donald Trump para hacer prosperar su cruzada anti-woke.
Hasta ahora, el brazo del presidente solo ha alcanzado a dos docenas de empresas suministradoras o que prestan servicios a su embajada, según fuentes del DIHK. Todas ellas han recibido una encuesta por escrito en que se les apremia a desvincularse de programas promotores de la diversidad, la equiparación y la inclusión, o DEI, por sus siglas en inglés. El escrito ha sido transferido a las correspondientes centrales alemanas, en el caso de consorcios de amplio espectro, o está siendo analizado por sus directivos. Está claro que la ofensiva irritará aún más a las empresas afectadas, de por sí bajo el impacto de la guerra arancelaria desatada por Trump. Pero se parte de la base de que, a la práctica, sus efectos serán mínimos, considera la DIHK.
«La diversidad y la inclusión son factores esenciales para la industria alemana y para la actividad empresarial», apunta esa organización.
Más complejos son los efectos de la andanada de Trump sobre oenegés con proyectos compartidos con USAID, en proceso de desmantelamiento por orden de la Casa Blanca. El diario económico ‘Handelsblatt’ informaba estos días de que la llegada de cartas en que se les conmina a no trabajar en proyectos relacionados con «actividades terroristas, ideología de género y discriminación positiva», tres conceptos que aparentemente son equiparables en la esfera de pensamiento del presidente estadounidense. Las oeneges medioambientalistas deben comprometerse, por su parte, a no perseguir objetivos climáticos.
Negativa de McDonald’s
No han trascendido reacciones de pánico entre las organizaciones, si es que las ha habido. A la cruzada de Trump se ha respondido hasta hasta mostrando sangre fría. Ni siquiera McDonald’s parece querer darse por enterada de las nuevas normas contra la inclusión de su país de origen. En Alemania trabajan en la quintaesencia del fast food estadounidense «65.000 empleados de 165 países», según fuentes de la oficina de prensa de la filial germana a la televisión pública bávara BR24. «Nuestro compromiso con la inclusión es inalterable», aseguran.
¿Qué ocurre a la inversa, con las empresas alemanas con filial en Estados Unidos? Ahí no se percibe resistencia alguna contra los designios de de Trump. Deutsche Telekom, la compañía de telefonía alemana, mantiene su compromiso con la diversidad, pero su filial T-Mobile US ha suprimido ese apartado de su programa, por imperativo de la nueva Administración estadounidense.
En el Reino Unido no ha habido por ahora cambios sustanciales en las políticas de inclusión de las empresas, aunque algunas entidades y organismos sí han mostrado su intención de hacerlo. Un ejemplo es la decisión de la Autoridad de Regulación Prudencial (PRA) y la Autoridad de la Conducta Financiera (FCA), dos organismos reguladores del Banco de Inglaterra y de la City, de no imponer nuevas exigencias a bancos, compañías de seguros y otras empresas financieras en materia de diversidad. Sus máximos responsables han justificado la decisión asegurando que las compañías quieren evitar duplicidades y reducir los costes regulatorios.
El gigante farmacéutico GSK, una de las empresas cotizadas en el FTSE 100 –el principal índice bursátil de Londres– anunció a finales de febrero la paralización de sus programas de diversidad e igualdad. Los portavoces de la compañía argumentan que Estados Unidos es su principal mercado y que deben obedecer las órdenes ejecutivas de Donald Trump, a pesar de que se trata de una empresa británica. Entre las iniciativas afectadas está la suspensión de un programa de movilidad social que ayuda a los estudiantes con pocos recursos a incorporarse al mercado laboral.
A pesar de los casos puntuales, no existe por ahora una gran preocupación ante los posibles retrocesos. Según una encuesta publicada por el Institute of Directors (IoD) –una organización que representa a altos directivos en el Reino Unido–, tan sólo un 11% de los líderes empresariales prevé que sus organizaciones den un paso atrás en las políticas de diversidad, frente a un 71% que señala que no habrá modificaciones.
Mantenimiento de objetivos
Algunas grandes compañías ya han anunciado que no paralizarán sus iniciativas DEI. Una de ellas es la cadena de supermercados Co-op, que emplea a cerca de 60.000 personas en el Reino Unido. La presidenta del grupo, Shirine Khoury-Haq, aseguró a mediados de febrero que dejar de lado estas políticas «aumenta la desigualdad, debilita la confianza y amenaza con echar por tierra décadas de progreso«. Otras grandes compañías, como la farmacéutica AstraZeneca o la empresa de servicios Deloitte –cuya rama en EEUU sí ha sucumbido a las exigencias de Trump– también han anunciado que mantendrán sus objetivos en esta materia.
La Employment Lawyers Association (ELA), la principal asociación de abogados laboralistas del Reino Unido, ha alertado de que las empresas británicas que suspendan sus políticas de diversidad e inclusión tendrán un mayor riesgo de enfrentarse a acciones legales, ya que la legislación en el Reino Unido protege a los trabajadores ante posibles casos de discriminación. «Si una empresa da marcha atrás en las iniciativas DEI en el Reino Unido, en respuesta a la paralización de tales prácticas en los EEUU, será jurídicamente incoherente y aumentará el riesgo de conclusiones de discriminación en su contra», ha señalado el director de la organización, Caspar Glyn.
Suscríbete para seguir leyendo
Fuente de TenemosNoticias.com: www.elperiodico.com
Publicado el: 2025-04-19 12:00:00
En la sección: El Periódico – internacional