KEIR STARMER | Human Rights Watch denuncia la creciente represión del Gobierno laborista a las protestas en Reino Unido | elperiodico.com
La aprobación de nuevas leyes para limitar el derecho de protesta en el Reino Unido ha puesto en alerta a las principales organizaciones de defensa de los derechos humanos. La última de ellas ha sido Human Rights Watch (HRW), la cual ha acusado al Gobierno laborista de desobedecer sus obligaciones internacionales en esta materia y de ampliar las “medidas represivas” contra los manifestantes impulsadas por el anterior Gobierno conservador. Unas medidas que deben ser revocadas, según la organización, ante el riesgo de que se socaven las libertades y los derechos democráticos en el país.
En un informe publicado este jueves, HRW critica la tramitación del proyecto de ley de Delincuencia y Policía (Crime and Policing Bill), un texto impulsado por los laboristas que otorga nuevos poderes a las fuerzas de seguridad para prohibir, entre otras cosas, que los manifestantes se cubran el rostro y que se convoquen protestas cerca de lugares de culto, además de facilitar la deportación de personas que se encuentren en una situación migratoria inestable, como los solicitantes de asilo, en caso de que participen en una concentración.
“El Reino Unido está adoptando tácticas de control de las protestas impuestas en países donde las garantías democráticas se están derrumbando”, ha asegurado Lydia Gall, investigadora sénior para Europa y Asia Central de Human Rights Watch. “El Reino Unido debería oponerse a tales medidas, no replicarlas y respaldarlas”, ha añadido la activista, quien ha instado a los miembros del Parlamento a revisar la nueva ley para “eliminar las medidas que restringen aún más el derecho a protestar”.
Leyes polémicas
La organización ha lamentado que el Gobierno laborista apueste por seguir la línea fijada por los conservadores, quienes aprobaron nuevas leyes en 2022 y en 2023 para facilitar la detención de manifestantes bajo criterios ambiguos, así como para realizar arrestos preventivos y para solicitar penas de prisión por participar en concentraciones no violentas, unas acciones que hasta entonces solían castigarse con multas o con servicios comunitarios. El objetivo de estas leyes fue endurecer las penas contra activistas de organizaciones como Just Stop Oil o Extinction Rebellion y poner fin a sus acciones disruptivas, incluidas las marchas lentas y los ataques contra bienes culturales y patrimoniales.
Una de las consecuencias más polémicas de su aprobación fue la condena a entre dos y cinco años de prisión para cinco miembros de Just Stop Oil en julio de 2024 por planificar una protesta a través de una videollamada. La sentencia fue revisada posteriormente por el Tribunal Superior de Justicia (High Court) al considerarla “manifiestamente excesiva”, pero tan sólo se rebajó de cinco a cuatro años de cárcel en uno de los casos. La organización ecologista anunció el fin de sus actividades el pasado marzo tras denunciar las “opresivas leyes antiprotesta” del Reino Unido.
Organización proscrita
Las organizaciones de derechos humanos también han denunciado el uso de las leyes antiterroristas para perseguir a los manifestantes. Un ejemplo es la proscripción el pasado julio del grupo Palestine Action, después de que varios de sus miembros irrumpieran en fábricas de armamento y en bases del ejército para protestar contra la venta de material militar a Israel por parte de empresas británicas, con el apoyo del Gobierno. Los participantes en estas acciones se encuentran en prisión preventiva, algunos de ellos en huelga de hambre desde hace meses, mientras las autoridades han arrestado a cientos de personas por mostrar públicamente su apoyo a la organización desde su proscripción.
El informe de HRW, titulado ‘Silenciar las calles: el derecho a protestar bajo ataque en el Reino Unido’, recuerda que el país está obligado a proteger la libertad de expresión y de reunión según las leyes nacionales e internacionales, incluidos los artículos 10 y 11 del Convenio Europeo de los Derechos Humanos. Entre sus reclamaciones está la abolición de las leyes aprobadas por el anterior Gobierno conservador y el refuerzo de la ley doméstica de Derechos Humanos para evitar nuevas injerencias políticas y para garantizar que las fuerzas del orden cumplen con la legislación internacional.
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En la sección: El Periódico – internacional
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