Trump estudia sancionar a los funcionarios que apliquen la regulación digital de la UE, según Reuters | elperiodico.com
La administración del presidente Donald Trump está considerando imponer sanciones a los funcionarios de la Unión Europea o de los Estados miembros responsables de aplicar la histórica Ley de Servicios Digitales (DSA), según han explicado dos fuentes familiarizadas con el asunto a Reuters. Las sanciones responderían a las quejas de Estados Unidos de que la pionera normativa censura a los estadounidenses e impone costes a sus empresas tecnológicas.
Tal medida sería una acción sin precedentes que intensificaría la lucha de la administración Trump contra lo que considera un intento de Europa de suprimir las voces conservadoras.
Los altos funcionarios del Departamento de Estado aún no han tomado una decisión definitiva sobre si seguir adelante con las medidas punitivas, que probablemente adoptarían la forma de restricciones de visados, según las fuentes.
No está claro a qué funcionarios de la UE o de los Estados miembros de la UE se dirigiría la medida, pero los funcionarios estadounidenses celebraron reuniones internas sobre el tema la semana pasada, según las fuentes.
Aunque los socios comerciales se quejan con frecuencia de las normas nacionales que consideran injustamente restrictivas, es muy raro que se sancione a funcionarios gubernamentales por este tipo de regulaciones. La relación entre la administración Trump y la UE ya está deteriorada por las amenazas arancelarias y las tensas negociaciones, así como por las críticas de EEUU al trato que reciben las empresas tecnológicas estadounidenses.
Citando un cable interno del Departamento de Estado, Reuters informó este mes que la administración Trump ha dado instrucciones a los diplomáticos estadounidenses en Europa para que lancen una campaña de presión con el fin de generar oposición a la DSA, en un intento por modificarla o derogarla.
La DSA de la UE tiene por objeto hacer que el entorno en línea sea más seguro, en parte obligando a los gigantes tecnológicos a tomar más medidas para combatir los contenidos ilegales, incluidos los discursos de odio y el material de abuso sexual infantil.
Washington ha afirmado que la UE está imponiendo restricciones «indebidas» a la libertad de expresión en su lucha contra el discurso de odio, la desinformación y la información errónea, y que la DSA refuerza aún más estas restricciones.
En la directiva de principios de agosto, el secretario de Estado Marco Rubio ordenó a los diplomáticos estadounidenses que se reunieran periódicamente con los gobiernos de la UE y las autoridades de servicios digitales para transmitir las preocupaciones de Estados Unidos sobre la DSA y los costes financieros para las empresas estadounidenses.
En mayo, Rubio amenazó con prohibir los visados a las personas que «censuran» el discurso de los estadounidenses, incluso en las redes sociales, y sugirió que la política podría dirigirse a los funcionarios extranjeros que regulan las empresas tecnológicas estadounidenses.
Un portavoz del Departamento de Estado no confirmó ni desmintió la información de Reuters sobre posibles medidas punitivas.
«Estamos siguiendo con gran preocupación el aumento de la censura en Europa, pero no tenemos más información que proporcionar en este momento», dijo el portavoz en un correo electrónico.
Un portavoz de la Comisión Europea se negó a comentar sobre la posibilidad de sanciones, pero anteriormente había calificado las acusaciones de censura por parte de Estados Unidos como «completamente infundadas».
«La libertad de expresión es un derecho fundamental en la UE. Es uno de los pilares de la DSA», afirmó el portavoz. «Establece normas para que los intermediarios en línea combatan los contenidos ilegales, al tiempo que protege la libertad de expresión y de información en Internet».
«Censura» a los estadounidenses
La Administración Trump se ha alejado en general de la tradicional promoción de la democracia y los derechos humanos por parte de Estados Unidos, centrándose en cambio en intentar cerrar acuerdos comerciales bilaterales. Sin embargo, ha defendido causas selectivas, en particular las relacionadas con políticos de derecha y lo que considera un silenciamiento de las voces conservadoras en Internet.
Washington impuso sanciones a un juez del Tribunal Supremo brasileño que supervisaba el juicio del aliado de Trump y expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, acusando al juez de autorizar detenciones preventivas arbitrarias y suprimir la libertad de expresión.
Lo más llamativo ha sido la intromisión de la administración en la política interna de los aliados europeos. Los funcionarios de Trump han denunciado lo que consideran una represión de los líderes de derecha, entre otros en Rumanía, Alemania y Francia, y han acusado a las autoridades europeas de censurar opiniones como las críticas a la inmigración.
Altos funcionarios estadounidenses, entre ellos el vicepresidente JD Vance, han arremetido repetidamente contra los funcionarios y las regulaciones europeos, acusándolos de «censurar» a los estadounidenses, una afirmación que la UE rechaza.
En febrero, en una conferencia conocida por mostrar la unidad transatlántica, Vance sorprendió a los líderes europeos al acusarlos de censurar el discurso de grupos como el partido de extrema derecha alemán AfD y de retroceder en materia de democracia.
Los responsables de competencia y tecnología de la UE explicaron a los legisladores estadounidenses en marzo que la nueva normativa tecnológica tiene como objetivo mantener abiertos los mercados digitales y no está dirigida a las empresas estadounidenses.
Las empresas estadounidenses de redes sociales, como Meta Platforms, propietaria de Facebook e Instagram, han afirmado que la DSA supone una censura de sus plataformas.
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En la sección: El Periódico – internacional
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