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BRUSELAS, 11 Jun. (EUROPA PRESS) –
Los países de la Unión Europea deberán cumplir, a partir de este viernes 12 de junio, con el Pacto de Migración y Asilo para el que han tenido dos años para adaptarse desde su acuerdo y que arranca lastrado por las dudas respecto al compromiso de las capitales con el cumplimiento de este nuevo marco, que endurece el control de la frontera exterior y ofrece a los gobiernos una ‘solidaridad a la carta’ que les permitirá eludir la acogida de parte de los migrantes reubicados si pagan una compensación por cada traslado rechazado.
La Comisión Europea asume que no todo estará listo para este viernes y sostiene que los Estados miembro «seguirán adaptando y afinando en los próximos meses» el «complejo» bloque de reformas que ya han sido desarrolladas a nivel jurídico y operativo, pero para el que Bruselas sigue ofreciendo acompañamiento a las autoridades nacionales de los expertos y agencias de la Unión.
«Muchos países han hecho muchos progresos y, por ello, hacemos también informes con los que señalar aquello que queda aún por hacer y lo que podemos abordar junto a los Estados miembro», defiende el portavoz comunitario de Interior, Markus Lammert, para evitar señalar con nombre propio a los países más rezagados o aquellos gobiernos, que como el húngaro o el eslovaco, han rechazado directamente asumir el pacto como un compromiso propio.
Para que el Pacto saliera adelante han sido necesarios diez años de negociaciones para salvar las profundas diferencias entre Estados miembro y consensuar un equilibrio entre la «solidaridad» con los países en primera línea, como España e Italia, y la «responsabilidad» que les reclaman a estos otros socios con miedo a los movimientos secundarios, como Alemania.
Finalmente, la solución pasó por crear un mecanismo de «solidaridad flexible» que obligará a los Veintisiete a responder ante un socio desbordado con la llegada de migrantes, bien reubicando en su territorio a parte de las personas llegadas, bien pagando una compensación tasada por cada migrante que rechace hasta un máximo total de 600.000 millones d euros.
El objetivo es trasladar a al menos 30.000 migrantes cada año, pero los países podrán negarse a recibir a parte de los acogidos a cambio de una compensación de 20.000 euros por cada traslado rechazado o de medios o fondos por valor equivalente.
Con todo, dado que apenas quedan seis meses para aplicar el pacto este primer año de implantación, los Veintisiete acordaron –con la abstención de España– revisar a la baja estas cifras para este primer ejercicio, de modo que se establece un cupo de 21.000 reubicaciones o medidas compensatorias de hasta 420.000 millones de euros.
ESPAÑA, CON DERECHO A REUBICACIÓN POR LA PRESIÓN MIGRATORIA
En el marco del nuevo sistema de reubicación, la Comisión Europea situó a España entre los cuatro países del bloque que por estar bajo una mayor presión migratoria pueden apelar este año a la solidaridad de sus socios y activar el mecanismo para que parte de los migrantes llegados irregularmente a su territorio sean reubicados en otros Estados miembro.
En concreto, Bruselas identifica a España e Italia como países bajo una gran presión migratoria por el número «desproporcionado» de llegadas irregulares por las operaciones de búsqueda y rescate en alta mar durante el pasado año. También considera a Grecia y Chipre bajo presión por un «nivel desproporcionado de llegadas» en el mismo periodo.
Esta clasificación no supone la activación automática por parte de los cuatro Estados miembro, sino que les hace «elegibles» para acogerse a la «reserva de solidaridad» prevista en la reforma migratoria y a la que Hungría y Eslovaquia no han presentado el compromiso que les corresponde.
El Gobierno, que se ha distanciado de otros elementos del endurecimiento de la política migratoria europea adoptados recientemente para completar el pacto, como el aval a los centros de deportación en terceros países, defiende que cumplirá con las disposiciones de la reforma de migración y asilo con un «enfoque garantista» y «respetuoso» con los derechos de los migrantes.
ENDURECIMIENTO DE PLAZOS Y CONTROLES
El Pacto también incluye normas más claras sobre qué Estado miembro es responsable de tramitar una solicitud de asilo y establece procesos más rápidos para devolver a los solicitantes al Estado miembro responsable, en aras de la «responsabilidad» que los países más alejados de la primera línea de entrada a la Unión reclaman a aquellos que sí lo son.
Otro de los elementos son las salvaguardas para los colectivos más vulnerables, incluidos menores no acompañados y familias, en los procedimientos acelerados en frontera que incluirán deportaciones rápidas para quienes no reciban el estatus de asilado y procedan de países considerados seguros.
También hubo diferencias con respecto al reglamento para el control previo de entrada con el que identificar más rápidamente a quienes no recibirán protección, para evitar que el permitir ese ‘screening’ dentro del territorio de la UE pudiera dar lugar a discriminación de personas controladas.
Ese control previo a la entrada para las personas que no cumplan las condiciones de entrada incluirá la identificación y recopilación de datos biométricos, así como controles de salud y seguridad, en un proceso que durará máximo siete días. Las autoridades deberán tener en cuenta las necesidades específicas de los menores y cada país contará con un «mecanismo de supervisión independiente» para garantizar el cumplimiento de los Derechos fundamentales.
Se crea también un procedimiento armonizado para toda la UE para otorgar o retirar la protección internacional que sustituirá los marcos nacionales que fragmentan ahora la gestión en la UE y que, en el caso de una primera decisión, deberá resolverse en un máximo de seis meses. Se introducen plazos más cortos para los expedientes que sean manifiestamente inadmisibles.
Además, el marco del reglamento de Eurodac se amplía para incluir en las bases de datos imágenes faciales además del habitual registro de huellas dactilares y que se aplicará incluso a los niños a partir de 6 años; al tiempo que cubrirá tanto a demandantes de asilo como a migrantes irregulares. De este modo, los gobiernos podrán también marcar en el sistema si alguien presenta una amenaza para la seguridad, es considerada violenta o ha tenido acceso a armas ilegales.
CRÍTICAS POR FALTA DE TRANSPARENCIA Y AMENAZA PARA DERECHOS DE MIGRANTES
La profunda reforma de la política de migración y asilo europea ha despertado también las alertas de diversas organizaciones que, como Amnistía Internacional, Médicos Sin Fronteras, Oxfam Intermón y Cáritas, ven en las nuevas reglas una amenaza para los derechos fundamentales de los migrantes y critican la falta de transparencia respecto al modo en que se aplicarán las normas en el plano nacional.
Por su parte, la ONG Save the Children ha indicado que «debe protegerse a los niños y niñas, en vez de ponerlos en riesgo». En línea similar, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) ha avisado de que el pacto «debilita gravemente derechos y garantías consolidados» para los migrantes y refugiados; una preocupación que también dirige hacia otras reformas recientes como la revisión del concepto de tercer país seguro y la aprobación de una lista de países de origen considerados seguros, porque incluye «Estados con graves deficiencias en Derechos Humanos».
Entre ellos, el derecho de asilo, la protección frente a devoluciones, el acceso a defensa jurídica efectiva, el derecho a la información y la atención específica a personas en situación de mayor vulnerabilidad, y la protección al derecho a la salud integral de las personas.
