Ministra de Cultura se pronuncia sobre el caso Paolo Guerrero: “Hay que asumir compromisos que uno toma como profesional”

La noticia sobre la llegada de Paolo Guerrero al equipo de la Universidad César Vallejo ha estado en boca de todos en los últimos días. Sin embargo, lo que comenzó como una celebración se vio empañado por una serie de amenazas dirigidas hacia la madre del futbolista, Doña Peta, lo que llevó al jugador a reconsiderar su participación e incluso a plantearse la posibilidad de no jugar en absoluto.

Ante esta situación, la Ministra de Cultura, Leslie Urteaga, también se pronunció al respecto, destacando la importancia del respeto y el cumplimiento de los compromisos en un estado de derecho. “Ya sea como profesional, como persona natural o jurídica, es fundamental asumir las responsabilidades adquiridas”, afirmó la funcionaria en declaraciones a Exitosa.

Según las declaraciones del propio futbolista, su madre está siendo víctima de extorsión por parte de delincuentes, lo que ha generado un clima de inseguridad que lo ha llevado a considerar a Trujillo como “la peor ciudad del Perú”.

En un enlace en vivo con América Noticias el pasado jueves 15 de febrero, Guerrero detalló la difícil situación que él y su familia están enfrentando desde que se anunció su fichaje por el club trujillano. Ante la ola de delincuencia que azota la ciudad, el jugador decidió permanecer en Brasil y descartó la posibilidad de trasladarse a Trujillo, buscando una solución con el dueño del club, César Acuña.

Para el futbolista, la seguridad tanto de él como de su familia está siendo vulnerada. Reveló que ya han presentado una denuncia ante la Policía Nacional del Perú (PNP) en Lima, ya que los mensajes de extorsión que reciben están dirigidos al celular de su madre, quien actualmente se encuentra en la capital peruana.

Esta situación ha generado incertidumbre en torno al futuro del jugador en la Universidad César Vallejo. A pesar de haber firmado un contrato, las amenazas y el clima de inseguridad género dudas sobre su participación activa en el equipo. La resolución de este conflicto no solo afectará al ámbito deportivo, sino que también plantea interrogantes sobre la seguridad y el respeto al estado de derecho en el país.

La semana pasada, el gobierno de la presidenta Dina Boluarte anunció medidas drásticas en respuesta a la escalada de la delincuencia en Trujillo, capital de La Libertad, y en la provincia de Pataz. La decisión de declarar el estado de emergencia, según las autoridades, fue motivada por una creciente ola delictiva impulsada principalmente por la minería ilegal.

El premier señaló cifras alarmantes: más de 30 mil delitos reportados el año pasado en Trujillo, con 11 mil casos de hurtos y robos en toda la provincia. En lo que va del año 2024, casi se registra una muerte por día, evidenciando un problema de seguridad pública que preocupa a la población. Bandas y organizaciones criminales operan libremente, sembrando el temor en las zonas más densamente pobladas.

La situación en Pataz no es menos preocupante. Sabotajes a torres de alta tensión, atentados con dinamita y un crecimiento descontrolado de la minería ilegal son solo algunas de las manifestaciones de la violencia que aqueja a esta provincia. Se estima que más de 20 bandas organizadas están vinculadas al lucrativo comercio del oro, perpetuando un ciclo de delincuencia que abarca desde extorsiones hasta tráfico de armas y personas.

Ante estas circunstancias, el gobierno ha decidido intervenir, anunciando que el orden interno estará a cargo de la Policía Nacional, con el respaldo de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, las críticas no se hicieron esperar.

Desde la Municipalidad de Trujillo, el regidor expresó su preocupación por la falta de un plan integral para abordar la crisis de seguridad. Lamentó que la declaratoria de emergencia haya sido impulsada desde Lima, sin tener en cuenta la realidad específica de Trujillo y Pataz.

“Se ha hecho una declaratoria de emergencia sin ningún plan”, señaló el regidor, enfatizando la necesidad de descentralizar las decisiones y adaptarlas a las particularidades de cada región. “Nosotros requerimos primero que nos hagan extensivo el plan estratégico que se ha tomado a nivel de Trujillo y Pataz”, agregó.