Ministro de Justicia asesoró dos tesis que calificaron de “sesgado” el informe de la CVR y “mito” las esterilizaciones forzadas

La presidenta de la República, Dina Boluarte, decidió este miércoles realizar seis cambios en el gabinete que Alberto Otárola lidera desde diciembre del año pasado. Entre las carteras renovadas se incluyó a la de Justicia y Derechos Humanos, donde Daniel Maurate fue reemplazado por Eduardo Arana Ysa.

Según el registro de la Sunedu, Arana es abogado por la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Registra también una maestría en Derecho Constitucional Ciencia Política en la Universidad Nacional Federico Villarreal (UNFV).

Además, fue secretario del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) y jefe del gabinete de asesores de Javier Villa Stein cuando este fue presidente del Poder Judicial entre el 2009 al 2011.

En los últimos años, Arana se desempeñó como asesor en el Congreso de la República. Recientemente trabajó en las comisiones de Justicia y Educación durante las gestiones de la parlamentaria y exfiscal de la Nación, Gladys Echaíz (Renovación Popular).

Sin embargo, entre tanto grado académico y cargos dentro del Estado, hay otro aspecto que resalta en la hoja de vida del ministro Arana: ser catedrático universitario.

La primera tesis fue trabajada por Randy Anthony Candela León en el 2019. A lo largo de las 71 páginas, el autor analizó “las consecuencias de la implementación del Programa Nacional Salud Reproductiva y Planificación Familiar, llevado a cabo entre los años 1996 al 2000, durante el gobierno de Alberto Fujimori”.

En la introducción, Candela se plantea la interrogante si las esterilizaciones “fue una política deliberada del gobierno de Fujimori o fue un programa de salud reproductiva y planificación familiar que tuvo logros y situaciones irregulares”. Es así que usa como una base el libro publicado por la investigadora María Cecilia Villegas sobre el tema cuyo título tiene “La verdad de una mentira” (Planeta, 2021).

Además, cuestiona el trabajo realizado la investigadora Alejandra Ballón Gutiérrez en su artículo “El Caso Peruano de Esterilización Forzada: Notas para una cartografía de la resistencia” publicado en el 2014 por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP).

La hipótesis que Candela trabajó en sus tesis, y que fue avalada por el ministro Arana, es que “el programa de salud reproductiva y planificación familiar implementado por el gobierno de Fujimori durante los años 1996 – 2000, fue una política pública de naturaleza controvertida por el impacto en la sociedad, pero no fue un plan de esterilización forzada contra la población femenina en el Perú”. Y esto lo traslada a las diez conclusiones de su trabajo.

La primera es que “la creencia de que hubo trescientas mil esterilizaciones forzadas durante el Gobierno de Fujimori, configuró un mito político de gran impacto y permanencia”.

Luego, añade que “en realidad no hubo un plan de control de la natalidad a través de esterilizaciones forzadas durante el gobierno de Fujimori, lo que hubo fue un programa de Salud Reproductiva y Planificación Familiar, el cual fue una política pública encaminada a difundir los métodos anticonceptivos incluido el AQV y otros métodos más”.

Después, agrega que “la construcción de un mito político a través de supuestas esterilizaciones forzadas fue creado por sectores de izquierda unidos a la iglesia católica, sectores conservadores que en una amalgama inusual coincidieron en formular la creencia errónea de la existencia de esterilizaciones forzadas en mujeres de origen humilde”.

“El mito político de la esterilización forzada de trescientas mil mujeres fue utilizado posteriormente en campañas electorales sucesivas para desacreditar al fujimorismo”, es otra de las polémicas conclusiones. Adjunta dos recomendaciones, de las cuales una llama poderosamente la atención.

“Si bien los mitos políticos son inevitables es necesario que la población se informe adecuadamente sobre los aspectos técnicos que comprende un tema complejo y que no sustituya la investigación responsable por el slogan político”, escribe Candela.

El jurado estuvo conformado por la abogada María del Pilar Tello, expresidenta del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú; Luz Áurea Saenz Arana, excontralora de la República y exdecana del Colegio de Abogados del Perú; y Gladys Sarmiento Albacetti.

Hace dos semanas se informó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) juzgará al Estado peruano por el caso de Celia Ramos, muerta en 1997 después de haber sido esterilizada forzosamente.

Adicionalmente, el exdictador Alberto Fujimori es procesado por la comisión de delitos contra la vida, el cuerpo y la salud, en la modalidad de lesiones graves y consecuente pérdida de vidas, así como de violación a los derechos humanos, desde el 2018 cuando la Tercera Fiscalía Superior Penal Nacional de Lima ordenó formalizar la acusación en su contra y sus otros exministros de Salud, entre los que se encuentra el actual congresista Alejandro Aguinaga (Fuerza Popular).

Ante este panorama, y con la tesis citada anteriormente, la pregunta cae de madura: ¿Qué piensa el ministro Eduardo Arana sobre las esterilizaciones forzadas?

Por otro lado, la segunda tesis asesorada por el ministro de Justicia, Eduardo Arana, tiene que ver con el informe de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR) que acaba de cumplir 20 años de su presentación durante el gobierno de Alejandro Toledo (2001-2006). En esta ocasión, trabajó al lado de Yef Anderson Lizana Guillen en el 2020.

Lizana también acusó a la CVR que “supuestamente buscó esclarecer los casos de violación de derechos humanos para llevar al país hacia una reconciliación constructiva, mientras por el otro lado únicamente buscó culpabilizar a los miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado como únicos causantes de violación de derechos humanos”.

Por el ello, el autor desliza la hipótesis, con el aval del titular de la cartera de Justicia y Derechos Humanos, que “las conclusiones del informe final de la Comisión de la Verdad, referente al accionar que tuvieron las Fuerzas Armadas contra la agresión terrorista; construyeron el mito por el cual se criminaliza y se condena las acciones de las Fuerzas Armadas ante los tribunales internacionales y en los fueros populares de la población; cuando en la realidad cuyo accionar respondió únicamente al cumplimiento de su deber constitucional y moral defender la patria”.

Así, Lizana llega a diez conclusiones en las que cuestiona las ideas centrales de las 900 páginas del informe final de la CVR.

Además, sostiene que el informe de la CVR “no lleva un registro que califique la causa de los hechos, no distingue entre los subversivos muertos aquellos abatidos durante los combates y en enfrentamientos suscitados (que indudablemente conforman la mayoría), de las victimas probables que fueron causados por daño colateral, omisión fortuita o algún tipo de exceso”.

“La clara actitud sesgada de la Comisión de la Verdad y Reconciliación y su objetivo central de perseguir y sindicar la autoría de la violación de los derechos humanos a las Fuerzas Armadas por ende cargarle el mayor peso de las responsabilidades, no promueve ni viabiliza la Reconciliación Nacional (objetivo de su creación), al contrario, ha generado una fractura social, una polarización de los sectores que apoyan y los sectores que cuestionan el informe”, adjuntó Lizana.

Los jurados encargados de calificar la tesis asesorada por el ministro Arana fueron Carlos Navas Rondón, Alberto Espinoza Castellares y José Vigil Farias.

Hay que mencionar que la semana pasada hubo una actividad por los 20 años del informe final de la CVR el museo Lugar de la Memoria. Entre los ausentes estuvo el premier Alberto Otárola y el exministro de Justicia, Daniel Maurate.

Y, al igual con las esterilizaciones, la pregunta salta a la vista: ¿Qué opinión tiene el ministro Eduardo Arana sobre la CVR?