Corea del Norte incrementa sus ejecuciones tras la pandemia

Esta investigación presenta un análisis comprehensivo de la implantación de la pena capital durante los primeros trece años de Kim Jong-un en el poder, desde diciembre de 2011 hasta diciembre de 2024. De las 144 impuestas en este periodo al menos 136 se acometieron, acabando con la vida de al menos 358 personas –en grupos de hasta 19 individuos, con una media de 2,6–.

65 de estos casos, o un 45% del total, se produjeron en un plazo de apenas un lustro, después de que el régimen sellara su territorio en enero de 2020 tras las detección del coronavirus en la ciudad china de Wuhan.

Este hito invirtió la tendencia, pues Corea del Norte venía reduciendo sus ejecuciones ante el escrutinio internacional, en particular tras la investigación de la ONU sobre las violaciones en materia de derechos humanos.

«Las ejecuciones disminuyeron entre 2015 y 2019 en medio de los debates suscitados tras el informe de la Comisión de Investigación de Naciones Unidas y la posible remisión del Gobierno norcoreano, Kim Jong-un incluido, a la Corte Penal Internacional. Sin embargo, las ejecuciones repuntaron en 2020 tras el cierre de fronteras por la covid-19», destaca el informe de TJWG. «En los cinco años posteriores a ese cierre, las ejecuciones y las condenas a muerte aumentaron un 116,7% y el número de personas afectadas un 247,7%».

La mayoría (72,8%) de dichas ejecuciones se realizaron en público, y casi todas (96,4%) se llevaron a cabo mediante fusilamientos, con ahorcamientos e «impactos con objetos contundentes» como recursos marginales. El documento identifica asimismo 46 emplazamientos para los ajusticiamientos, cinco de ellos situados a menos de 10 kilómetros de distancia de la sede del Partido de los Trabajadores de Corea.

Cultura letal

Entre los datos, destaca el marcado repunte del castigo con la pena máxima para delitos relacionados con el consumo de contenido surcoreano. Por eso, TJWG determina que «el mayor aumento de ejecuciones se dirigió a reprimir el cambio ideológico». «Mientras que las ejecuciones por homicidio doloso y negligente, que eran las más comunes antes del cierre de fronteras, disminuyeron un 44,4%, los delitos capitales relacionados con la cultura surcoreana, incluidos los k-dramas, el cine y el k-pop, así como las prácticas religiosas y supersticiosas, aumentaron un 250% tras el cierre de fronteras».

Todas estas expresiones artísticas, que fascinan al mundo entero, están proscritas en Corea del Norte, que considera su difusión una amenaza para su ideología. En ese sentido, un vídeo viralizado en 2024 mostraba a dos adolescentes condenados públicamente a 12 años de trabajos forzados por compartir series de televisión.

Los hallazgos del informe se basan en los testimonios de 265 desertores norcoreanos, vecinos de 51 ciudades y condados distintos antes de escapar, así como en la colaboración con cinco medios de comunicación que informan sobre el régimen mediante contactos en el interior del país.

«A medida que el régimen persigue una cuarta sucesión hereditaria del poder, existe un alto riesgo de un aumento de las ejecuciones para reforzar el control cultural e ideológico y mantener el dominio político», advierte el documento, en referencia al creciente posicionamiento de la hija adolescente de Kim Jong-un, de nombre Kim Ju-ae, como aparente sucesora.

«El uso generalizado y sistemático de la pena capital arbitraria en Corea del Norte, que parecía haberse reducido en cierta medida tras su identificación como crimen contra la humanidad por la Comisión de Investigación de la ONU en 2014, se ha ampliado nuevamente», denuncia el analista jurídico Ethan Hee-seok Shin.

Ante esta deriva, el colaborador de TJFW, llama a una mayor involucración de la comunidad internacional. «Para disuadir y castigar este crimen contra la humanidad, la comunidad internacional debería considerar la creación de un nuevo mecanismo de rendición de cuentas, una comisión permanente de investigación (COI) o una misión de determinación de los hechos (FFM) que permita exigir responsabilidades conforme al derecho penal internacional, teniendo en cuenta la práctica de los mecanismos de la ONU para Siria, Myanmar, Afganistán, Irán, la RDC y Venezuela».