El chavismo detiene y tortura a menores para cazar a sus padres: «Yo gritaba, pero nunca les lloré»

Pero el verdadero terror llegó después, cuando un hombre joven se le acercó con una pregunta absurda: «¿Tú juegas Free Fire?». Moisés, desconcertado, asintió. Le dijo que estaba en el nivel 70 del popular videojuego de supervivencia. «Bueno, aquí estamos en el nivel 100», le respondió el funcionario. Acto seguido, lo colgaron como a un animal de matadero, suspendido de una estructura metálica en forma de C. Le amarraron un colchón al cuerpo para amortiguar los seis tubazos que le doblaron las costillas. «Que hablara, si no me iban a matar», recuerda Moisés, sentado hoy en su apartamento. «Yo gritaba, pero nunca les lloré. No les tenía miedo. Lo que quería era saber de mi familia».

Moisés no era un disidente. Era un estudiante de instituto que trabajaba en sus tiempos libres en una zapatería para ayudar en su casa. Su único delito, a los ojos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), era ser el hijo mayor de Aliannis Araujo Lozada, una exdirigente comunitaria a la que el Gobierno acusa de planear un atentado con explosivos en Plaza Venezuela, en el corazón de Caracas. Para encontrarla, el Estado venezolano no desplegó una investigación convencional. Secuestró a su familia entera.

La tragedia de la familia Araujo Lozada no es una anomalía en la Venezuela contemporánea. Es la aplicación quirúrgica de una política de Estado que las organizaciones de derechos humanos han bautizado como el ‘Sippenhaft tropical’, tomando prestado el término germánico que describe el castigo colectivo a una familia por los actos de uno de sus miembros. Cuando el aparato de seguridad no logra capturar a su objetivo principal, toma rehenes. Y en la escalada represiva que siguió a las elecciones de julio de 2024, esos rehenes fueron, cada vez con mayor frecuencia, niños y adolescentes.

Las cifras trazan la anatomía de una maquinaria punitiva que perdió cualquier límite moral. La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU documentó que al menos 220 menores, con edades entre los trece y los diecisiete años, fueron detenidos en el contexto postelectoral.

La brutalidad de estos métodos encendió las alarmas internacionales. En marzo, el Alto Comisionado de la ONU, Volker Türk, denunció «la persistencia de torturas y malos tratos» en recintos carcelarios venezolanos. Al día siguiente, Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, calificó a Türk de «enemigo de Venezuela». El exfiscal general Tarek William Saab, por su parte, siempre negó que existan niños presos políticos: son, según él, «adolescentes judicializados con garantías».

Pero la experiencia de Moisés desmiente cualquier noción de garantías procesales. Antes de llegar a El Rodeo I, el adolescente conoció el infierno en la sede del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) en la avenida Urdaneta. Allí, siete funcionarios lo acostaron sobre una colchoneta. Le pusieron cartones en las muñecas y en la nariz para no dejar marcas. Uno se montó sobre sus pies; otro sobre su espalda, inmovilizándole las manos. Un tercero preparó los cables para pasarle corriente. De pronto, uno de ellos detuvo la escena: «Ya va, todavía no le hagan nada, que esto yo lo tengo que grabar». Salió de la habitación, buscó una cámara y volvió. Solo entonces comenzó la tortura eléctrica.

Le pusieron una bolsa de plástico en la cabeza. «Tenía como un gas, porque olía demasiado feo», relata Moisés. Al intentar respirar, el plástico impregnado de insecticida o gas lacrimógeno se le metía en la boca, asfixiándolo hasta el borde del desmayo. Moisés está convencido de que grabaron su agonía para enviársela a su madre y obligarla a entregarse.

Perversión del sistema

Para Miguel Ángel Forero, abogado litigante del Foro Penal, el caso de Moisés ilustra la perversión absoluta del sistema de justicia. «Los procesos no pueden patentar la violación de derechos humanos», advierte Forero. «Yo no puedo permitir que en nombre de lograr determinar una investigación, se detenga a otras personas como una forma de presión».

Esa cacería había comenzado semanas antes. La noche del 4 de agosto de 2025, 38 patrullas y dos tanquetas llenaron los estacionamientos de la Misión Vivienda en Santa Lucía, a las afueras de la capital. Catorce parientes, incluyendo seis menores, fueron arrancados de sus camas.

Fanny Lozada, abuela de Moisés y madre de Aliannis, es una mujer de 63 años que lleva los días de cautiverio grabados en el rostro. En su urbanismo, marcado por el deterioro de un proyecto chavista en el que nunca creyó, habla sin detenerse, como si las palabras le dolieran menos que el silencio.

El Rodeo I es un ecosistema del terror. Moisés fue confinado en el piso cuatro, destinado a los implicados en el caso de su madre. Allí, los presos adultos permanecían completamente desnudos, durmiendo sobre camas de cemento. A él, por ser menor, le permitieron conservar un uniforme azul y un colchón. En el piso uno languidecían los presos políticos; en el dos, los extranjeros, incluyendo españoles, capturados bajo acusaciones de espionaje; en el tres, los reos comunes. Un cubano y un alemán, castigados en el nivel cuatro, le daban ánimos a través de las rejas y le explicaban dónde estaba. Le decían que lo tenían allí solo para coaccionar a sus parientes.

Durante seis meses, Fanny no supo si su hija estaba viva o muerta. Aliannis había sido capturada en el oriente del país y exhibida en la televisión nacional por el ministro del Interior, Diosdado Cabello, como operadora de un complot terrorista. Después de eso, el silencio absoluto. «Pararme en la ventana, mostrarle una sonrisa a las personas y estar destruida por dentro», confiesa.

La desesperación empujó a Fanny a cruzar una línea que pocos se atreven a pisar en un país donde el miedo es la moneda de cambio habitual. A principios de febrero, impulsada por los rumores de una posible ley de amnistía tras la sorprendente captura de Nicolás Maduro un mes antes, se unió a las protestas de familiares de presos políticos. Días después, en la Universidad Central de Venezuela, tomó un micrófono. «O es este o no tengo más oportunidad», pensó antes de subir a la tarima.

El grito desesperado de la abuela

Frente a las cámaras y a una multitud expectante, Fanny desnudó la brutalidad del Estado. Habló de los tubazos a su nieto, de los registros, de la desaparición de su hija. Habló hasta que el cuerpo le falló. Se desplomó en pleno discurso, golpeándose la cabeza contra el suelo. Tuvo que desmayarse frente al mundo para que el engranaje carcelario cediera. Apenas una hora y media después de ser atendida en el Hospital Clínico Universitario, recibió la llamada que había esperado medio año: Aliannis estaba viva, recluida en la cárcel de mujeres.

Después de casi quince días de su encierro en El Rodeo, a Moisés lo bajaron encapuchado. Un funcionario se le acercó, le roció colonia en el cuerpo y le susurró al oído: «Huele a la libertad». A través de la tela oscura que le cubría el rostro, Moisés reconoció los zapatos de su abuela y de su tía. Les leyeron un «testamento»: si hablaban de lo que habían vivido, volverían a ser detenidos y se enfrentarían diez años de cárcel. Los obligaron a grabar un video afirmando que no habían sido maltratados, y los abandonaron en la terminal de autobuses.

Hoy, la prisión de Moisés es invisible, pero igualmente asfixiante. Abandonó los estudios. Rara vez sale de su habitación. No duerme; al cerrar los ojos, el reflejo de la celda lo asalta de nuevo. Sus muñecas perdieron la sensibilidad por la presión de los cartones y las esposas. No puede jugar más de tres partidos de fútbol sin que las costillas se le aprieten, dejándolo sin aire. La visión de un uniforme policial en la calle le provoca ataques de pánico. Su hermano menor, de diez años, se volvió agresivo y llora cada vez que Fanny sale a comprar comida. Son los daños colaterales de un sistema que decidió que la infancia no era un límite, sino una vulnerabilidad explotable.

Carlos Trapani, coordinador general de Cecodap, la principal organización de defensa de la infancia en el país, lo resume con la frialdad que exige el derecho internacional: «El Estado tiene la obligación de prevenir estas situaciones, proteger a las víctimas, investigar los hechos y sancionar a los responsables. La ausencia de estas acciones no solo perpetúa el daño individual, sino que compromete la cohesión social y la confianza en las instituciones». Para Moisés, esa ausencia no es una abstracción jurídica; es el aire que le falta cada vez que intenta correr.