El desastre minero en China destapa graves irregularidades y reaviva el miedo a la inseguridad del pasado

El accidente se localizó en un complejo en el condado de Qinyuan de la provincia de Shanxi, en el centro del país, unos 500 kilómetros al suroeste de Pekín. Los hechos tuvieron lugar en la tarde del viernes (hora local), pero la noticia no trascendió a los medios oficiales hasta el día siguiente.

El desastre sigue envuelto en el secretismo que caracteriza al sistema. La causa de la explosión, de hecho, todavía no se ha revelado. La mayoría de las víctimas fallecieron por asfixia, según informaron fuentes sanitarias al medio ‘Caixin’. Los 128 individuos que todavía reciben atención médica, dos de ellos en estado crítico, están siendo tratados por exposición a un gas tóxico, sin que haya trascendido cuál en concreto. Sin embargo, los medios oficiales informaron en un primer momento que los niveles de monóxido de carbono en el interior de la mina «superaban los límites».

Las autoridades, lideradas sobre el terreno por el viceprimer ministro Zhang Guoqing, se han limitado de momento a asegurar que se llevará a cabo «una investigación rigurosa e intransigente» para «castigar con severidad» a los responsables.

Todas las sospechas apuntan a la empresa operadora, Tongzhou Group. Esta no ha emitido comunicado alguno, pero varios de sus ejecutivos permanecen bajo custodia policial desde el fin de semana, de acuerdo a la agencia oficial de noticias Xinhua. Las otras cuatro minas que la firma posee en la provincia han sido obligadas a paralizar sus operaciones.

Mentiras múltiples

Los primeros detalles apuntan a varias vulneraciones graves. En primer lugar, en el momento de la explosión había 243 trabajadores en el interior de la mina, el doble de los operarios registrados. En segundo lugar, los planos proporcionados a los equipos de rescate no coincidían con la distribución real de los túneles, evidencia de que estos habrían sido abiertos de manera ilegal.

«Tras el accidente, la escena era caótica. La empresa no tenía un registro claro de cuántos trabajadores había en ese momento, lo que llevó a que la cifra inicial de víctimas fuera incorrecta», ha apuntado Guo Xiafang, jefe del condado de Qinyuan, para explicar por qué en un primer momento las cifras oficiales hablaban de al menos 90 fallecidos.

Constan, además, problemas previos en la instalación. En 2024, la mina fue incluida en la lista de «graves deficiencias de seguridad» elaborada por la Administración Nacional de Seguridad Minera de China –NMSA, por sus siglas en inglés–. En 2025 recibió dos sanciones administrativas por violaciones de seguridad, según recoge la plataforma empresarial Tianyancha. Las infracciones se debieron a un fallo en el mecanismo de emergencia de un monorraíl y la falta de soporte adecuado en una zona donde el techo presentaba riesgos de derrumbe, ambos incidentes en apariencia sin vinculación con el desastre actual.

La alta siniestralidad del pasado

Lo sucedido ha devuelto la sensación predominante en la década de los 2000, cuando los accidentes mineros eran una constante. 2002 marcó el pico de mortalidad en las minas de carbón con 6.995 fallecidos o, lo que es lo mismo, más de 19 al día. En 2005 el Gobierno llegó a imponer el cierre de 7.000 pozos, casi un tercio de los 24.000 registrados oficialmente entonces.

Esta medida formó parte de una campaña decidida para reducir los riesgos laborales. Los datos históricos de la NMSA indican que las muertes han ido disminuyendo a un ritmo aproximado del 9% anual gracias al cierre de minas obsoletas, el aumento de inspecciones y la automatización de procesos, entre otras exigencias.

En China, no obstante, donde no alcanzan los hechos lo hacen las métricas. En 2022 los muertos se redujeron a 245. A partir de entonces, las autoridades chinas modificaron su política de comunicación de datos y dejaron de publicar la cifra bruta de fallecimientos anuales para emitir en su lugar balances porcentuales de reducción.

Esa misma cautela atañe también a la expresión colectiva en un país donde no existe la libertad de expresión. La catástrofe minera se ha convertido en uno de los temas más comentados y ha generado cientos de miles de publicaciones, aunque la censura gubernamental no ha intervenido de forma generalizada, en apariencia porque el enfado social no está dirigido hacia las autoridades sino hacia la empresa operadora.

«Este tipo de cosas, como los planos falsos, probablemente no ocurra solo en una empresa. El empleo irregular y la extracción ilegal de carbón probablemente tampoco», denunciaba un usuario en Weibo, una de las redes sociales más populares en China. «Realmente ha llegado el momento de ser serios y duros. No solo hay que castigar severamente a las personas responsables de este accidente, sino que se debe hacer una gran limpieza en toda la industria: desmantelar las cadenas de intereses ilegales, eliminar la protección local y volver a establecer una línea roja infranqueable de seguridad».