El Gobierno Trump acusa a la Administración Biden de instrumentalizar la ley para procesar a los activistas provida

«Ningún Departamento debería llevar a cabo un enjuiciamiento selectivo basado en creencias. La instrumentalización de la Justicia que se produjo durante la Administración Biden no volverá a repetirse, ya que estamos restaurando la integridad de nuestro sistema judicial», afirma el Gobierno de Estados Unidos en un comunicado, publicado junto a un informe que describe las «medidas correctivas adoptadas» para «enmendar los errores» del Gobierno anterior.

El Ejecutivo actual sostiene que el Departamento de Justicia de Biden colaboró ​​estrechamente con grupos proaborto para rastrear los movimientos de activistas provida, obtener información interna e impulsar acciones legales contra ellos. «Recopilaron pruebas y expedientes que, en última instancia, dieron lugar a órdenes de registro y acusaciones», asegura el texto.

«El Departamento de Justicia de Biden preguntó directamente a los grupos proaborto sobre los viajes y la defensa de los derechos constitucionales de las personas provida (…) Vigilaron a los activistas durante años antes de presentar cargos contra ellos», apunta el documento.

Además, la Administración Trump acusa a la de su predecesor de imponer penas «significativamente más severas» a los acusados ​​provida que a los ​​«proaborto violentos». En este sentido, señalan que el Departamento de Justicia de Biden solicitó una condena promedio de 26,8 meses para los primeros y de 12,3 para los segundos.

En la misma línea, el Gobierno denuncia que los fiscales de la época Biden incurrieron en «conductas y comentarios inapropiados» y «ocultaron deliberadamente pruebas solicitadas por la defensa». «Intentaron excluir a miembros del jurado por motivos religiosos y autorizaron tácticas de arresto agresivas en lugar de permitir que los acusados ​​provida se entregaran voluntariamente», mantienen.

También insisten en que el Departamento de Justicia de la Administración anterior ayudó a un grupo proaborto a obtener financiación y violó los derechos de los estadounidenses mediante la aplicación parcial de la Ley FACE. Inciden en que no aplicaron la norma de igual manera para ambos colectivos: «Brindaron un un amplio apoyo a las clínicas de interrupción voluntaria del embarazo mientras ignoraba y minimizaba el vandalismo y los ataques contra los centros de recursos para embarazadas».

El presidente Trump ha prometido «poner fin al uso del Gobierno federal como arma», de acuerdo con el comunicado, que detalla que el informe se basa en una revisión de las discusiones internas, los expedientes y las decisiones de los fiscales bajo de más de 700.000 registros.