Estados Unidos despliega ya su músculo militar y financiero para auxiliar a Venezuela

Jarrard aterrizó el jueves desde Puerto Rico a bordo de un MV-22B Osprey. Su misión es supervisar sobre el terreno el apoyo del Departamento de Guerra a una respuesta que formalmente dirige el Departamento de Estado y que se articula con las autoridades venezolanas. En la práctica, su llegada instala en Caracas una estructura de mando para ordenar el traslado de rescatistas, maquinaria, equipos médicos y suministros hacia los lugares más afectados.

El despliegue se hizo visible el jueves en la base aérea de Soto Cano, en Honduras. Integrantes de la Fuerza de Tarea Conjunta Bravo cargaron equipos en helicópteros pesados CH-47 Chinook y aseguraron material en palés para su envío a Venezuela. Estos aparatos pueden transportar personal, carga y material de gran volumen y resultan especialmente útiles donde los derrumbes o los daños en carreteras cortan el acceso por tierra.

La operación combina esos medios con aviones C-17 Globemaster y C-130 Hercules, helicópteros, medios de reconocimiento y dos buques: el anfibio USS Fort Lauderdale y el USS Billings. El objetivo es levantar un puente aéreo y marítimo para mover equipos de búsqueda, personal médico, alimentos, agua, combustible y maquinaria hacia las áreas aisladas. En las primeras horas, la prioridad es localizar supervivientes bajo los escombros, evacuar heridos y restablecer las rutas esenciales de acceso.

El Departamento de Estado ha activado además un equipo de respuesta ante catástrofes, conocido como DART por sus siglas en inglés, junto con dos unidades especializadas en búsqueda y rescate urbano. Están preparadas para intervenir en la fase crítica posterior a un terremoto: inspeccionan estructuras, organizan el salvamento y coordinan la llegada de material de emergencia con autoridades locales y organizaciones internacionales.

La aportación financiera de Washington asciende a 150 millones de dólares (130 millones de euros). De esa suma, 50 millones de dólares (44 millones de euros) se destinarán directamente a socios como el Programa Mundial de Alimentos y la organización International Medical Corps. Otros 100 millones de dólares (88 millones de euros) se canalizarán mediante un fondo humanitario de Naciones Unidas. La ayuda busca sostener los trabajos inmediatos de rescate y las necesidades posteriores de alojamiento, alimentación, salud y recuperación de servicios básicos.

La Casa Blanca ha dado también un paso de gran importancia práctica al flexibilizar temporalmente parte de las restricciones económicas contra Venezuela. La denominada Licencia General 60 autoriza, hasta el 23 de octubre, las transacciones vinculadas a las tareas de socorro que normalmente quedarían limitadas por las sanciones estadounidenses. Su alcance es concreto: permite pagos, transferencias bancarias, contratos de transporte, compras de combustible y operaciones de terceros países necesarias para llevar ayuda, medicamentos y equipos de rescate.

No se trata, sin embargo, de un levantamiento general de sanciones. La autorización no desbloquea activos congelados ni elimina las medidas que siguen vigentes contra el régimen venezolano, sino que abre una excepción para evitar que el entramado financiero y comercial estadounidense retrase la respuesta humanitaria. Así, organizaciones, compañías logísticas y gobiernos que colaboren no quedan expuestos a las restricciones durante la emergencia.

Primera prueba para la relación entre EE.UU y Venezuela

La catástrofe se ha convertido así en la primera gran prueba de la relación que Washington mantiene con el Gobierno interino de Delcy Rodríguez. Donald Trump ordenó a las agencias federales actuar con rapidez y calificó a los venezolanos de «nuevos y grandes amigos» de Estados Unidos. Marco Rubio habló con Rodríguez mientras Caracas solicitaba formalmente el respaldo norteamericano. La cooperación contrasta con episodios anteriores de confrontación y con el rechazo que gobiernos venezolanos mostraron en el pasado a la asistencia procedente de Washington.

La ayuda llega en una situación de extrema gravedad. El último balance oficial eleva a 920 los muertos y a 3.360 los heridos, mientras La Guaira concentra buena parte de la destrucción. Allí se han derrumbado decenas de edificios y los vecinos han buscado supervivientes con sus propias manos ante la escasez inicial de maquinaria pesada. La lista de desaparecidos sigue creciendo y el Servicio Geológico de Estados Unidos ha advertido de la posibilidad de que el número final de víctimas sea mucho más elevado.

Estados Unidos no ha establecido todavía una fecha de salida. Pero la presencia de un general en Caracas, la preparación de aeronaves desde Honduras, el despliegue naval y la excepción a las sanciones indican que Washington contempla una misión que puede superar los primeros días de búsqueda y rescate. Su alcance dependerá de la evolución de la emergencia y de la capacidad de las autoridades venezolanas para canalizar una ayuda que, esta vez, ya ha comenzado a moverse.