La amnistía que no llega: 485 presos políticos siguen tras las rejas mientras el Gobierno celebra 8.351 liberaciones

Cumplido el primer trimestre del Gobierno de transición que encabeza Delcy Rodríguez, la promesa de reconciliación parece haberse evaporado en el aire denso de la capital. La Ley de Amnistía, vendida al mundo como el gran hito pacificador tras la caída de Nicolás Maduro, terminó estrellándose contra un muro de exclusiones quirúrgicas y un retardo procesal que asfixia. Aunque a último minuto los organizadores decidieron abortar la caminata por seguridad, una pequeña comisión logró abrirse paso hasta la embajada para entregar sus demandas.

El momento elegido no es casual. Coincide con un movimiento de piezas en el tablero de la Casa Blanca. La delegación estadounidense en Caracas estrena jefe: el diplomático John Barrett asume como encargado de negocios en reemplazo de Laura Dogu. Barrett aterriza en un país donde la calle arde, con la tarea de administrar la presión sobre 47.000 millones de dólares descongelados que los venezolanos exigen no entregar a una Administración transitoria que perciben ineficiente. La ironía no escapa a nadie: el nuevo enviado de Washington llega para vigilar una transición democrática, pero termina siendo el blanco de quienes le exigen que use ese dinero para reactivar hospitales y pagar salarios, en lugar de financiar burocracia.

A pie de calle, el ambiente es eléctrico. Las consignas de «elecciones ya» y «calle y lucha» rebotan contra las fachadas de cristal. Eduard Ocariz, defensor de derechos fundamentales y él mismo un ex recluso de conciencia, resume el sentir general con crudeza. Para él, la normativa es un traje a la medida del poder. Asegura que funciona como una puerta giratoria que solo libera a quienes resultan útiles para la narrativa oficial, mientras mantiene a más de seiscientos detenidos y doscientos veinte militares pudriéndose en las celdas.

Drama humano

El drama humano detrás de la guerra de cifras es palpable en cada rostro. Desde los despachos oficiales, Jorge Arreaza, presidente de la comisión parlamentaria encargada de supervisar la ley, sacaba pecho informando que la ejecución suma 8.351 beneficios de libertad plena. Sin embargo, Foro Penal desmiente tajantemente esa narrativa. Sus registros documentan que al menos 485 personas continúan presas por razones políticas. Incluso el cierre del Helicoide, aquel centro de detención cuya clausura se anunció con bombos y platillos, sigue siendo una ficción.

Rosamelia Suárez, tía de un joven recluido en Yare, relata con la voz quebrada cómo su sobrino sigue preso por el capricho de un militar. El muchacho necesita dos intervenciones quirúrgicas urgentes, pero la burocracia penitenciaria hace oídos sordos. Su testimonio es el espejo de cientos de familias que observan impotentes cómo la amnistía se aplica con selectividad perversa. Yamilé Vidal denuncia el caso de su hermano, un exalcalde oficialista condenado a diez años en un proceso plagado de irregularidades. Su historia demuestra que la maquinaria judicial, cuando se pone en marcha, también devora a los suyos.

El estancamiento de las liberaciones, sumado a la asfixia económica, ha creado el caldo de cultivo para una nueva ola de agitación. Carlos Salazar, dirigente de la coalición sindical, fue contundente frente a los micrófonos. Advirtió que el pueblo no tolerará una transición liderada por quienes saquearon las arcas de la nación. Salazar lanzó un órdago directo a Estados Unidos, exigiendo un decreto para la liberación total de los presos, y anticipó que el próximo 30 de abril la movilización hacia Miraflores será masiva.

A más de tres meses del cambio de poder, Venezuela sigue atrapada en un laberinto sin salida visible. La acera se erige como el único tribunal donde los ciudadanos intentan forzar un desenlace que devuelva la normalidad a un país exhausto.